Impulsan una ley de crédito público
En un intento para bajar las altas tasas de interés con las que se licitan los títulos públicos, el Gobierno buscará garantizar mejores precios en el próximo megacanje de la deuda. Por Gabriel Marrapodi
El Gobierno está en procura de conseguir la aprobación de una ley de crédito público, con el claro objetivo de bajar las tasas de interés a las que suscribió en las últimas licitaciones de títulos públicos.
El próximo canje de títulos de la deuda pública tiene para el Gobierno una importancia mayor: se busca alivianar la situación financiera de la Argentina ante sus compromisos internacionales, además del intento para que los inversores externos dejen de pensar en una posible cesación de pagos.
En concreto, el proyecto que impulsa el Ejecutivo coloca en primer lugar entre los acreedores del Estado a quienes hayan comprado los nuevos títulos públicos y, según señalaron varias fuentes, los lineamientos generales de la ley ya habrían sido consensuados con al menos 13 gobernadores.
Asimismo, se buscará demostrar a los inversores que el total de la recaudación tributaria podrá ser usada como garantía de los títulos de la deuda que se compren en el próximo canje, y para ello el Gobierno abriría una cuenta especial en el Banco Nación a los fines de depositar allí primero el efectivo necesario para cancelar obligaciones.
En forma implícita, esto significa que se dará prioridad a quienes inviertan en la deuda pública argentina, por sobre el pago de salarios y jubilaciones, lo que podría crear una disputa encarnada en el seno del Congreso entre los legisladores oficiales y sus pares del PJ, los disidentes de la Alianza y los partidos provinciales.
Por ello es que el Gobierno converso el proyecto con las provincias antes de darlo a conocer; y lo hizo en busca de que los mandatarios provinciales convenzan a sus legisladores de la necesidad y la urgencia que supone este proyecto con miras al próximo canje de títulos públicos.
Según algunos cálculos que el Ejecutivo dio a conocer ayer (jueves 10), de concretarse rápidamente la aprobación de la ley, el riesgo país caería rápidamente por debajo de los 750 puntos básicos y ello permitiría un mejor desarrollo (traducido en tasa de interés más bajas) del megacanje de la deuda.
Una fuente del ministerio de Economía reveló ayer al diario La Nación que los bonos que formarían parte del canje suponen un monto de alrededor de US$ 60.000 millones, 60% de los cuales está en el mercado local y el resto entre los capitales extranjeros; y, teniendo en cuenta que para el Gobierno el objetivo del canje significa despreocuparse del pago de intereses de la deuda durante tres años, a esta cifra logró llegar Economía luego de incluir a las Letras del Tesoro (Letes) entre los títulos canjeables.
El Gobierno está en procura de conseguir la aprobación de una ley de crédito público, con el claro objetivo de bajar las tasas de interés a las que suscribió en las últimas licitaciones de títulos públicos.
El próximo canje de títulos de la deuda pública tiene para el Gobierno una importancia mayor: se busca alivianar la situación financiera de la Argentina ante sus compromisos internacionales, además del intento para que los inversores externos dejen de pensar en una posible cesación de pagos.
En concreto, el proyecto que impulsa el Ejecutivo coloca en primer lugar entre los acreedores del Estado a quienes hayan comprado los nuevos títulos públicos y, según señalaron varias fuentes, los lineamientos generales de la ley ya habrían sido consensuados con al menos 13 gobernadores.
Asimismo, se buscará demostrar a los inversores que el total de la recaudación tributaria podrá ser usada como garantía de los títulos de la deuda que se compren en el próximo canje, y para ello el Gobierno abriría una cuenta especial en el Banco Nación a los fines de depositar allí primero el efectivo necesario para cancelar obligaciones.
En forma implícita, esto significa que se dará prioridad a quienes inviertan en la deuda pública argentina, por sobre el pago de salarios y jubilaciones, lo que podría crear una disputa encarnada en el seno del Congreso entre los legisladores oficiales y sus pares del PJ, los disidentes de la Alianza y los partidos provinciales.
Por ello es que el Gobierno converso el proyecto con las provincias antes de darlo a conocer; y lo hizo en busca de que los mandatarios provinciales convenzan a sus legisladores de la necesidad y la urgencia que supone este proyecto con miras al próximo canje de títulos públicos.
Según algunos cálculos que el Ejecutivo dio a conocer ayer (jueves 10), de concretarse rápidamente la aprobación de la ley, el riesgo país caería rápidamente por debajo de los 750 puntos básicos y ello permitiría un mejor desarrollo (traducido en tasa de interés más bajas) del megacanje de la deuda.
Una fuente del ministerio de Economía reveló ayer al diario La Nación que los bonos que formarían parte del canje suponen un monto de alrededor de US$ 60.000 millones, 60% de los cuales está en el mercado local y el resto entre los capitales extranjeros; y, teniendo en cuenta que para el Gobierno el objetivo del canje significa despreocuparse del pago de intereses de la deuda durante tres años, a esta cifra logró llegar Economía luego de incluir a las Letras del Tesoro (Letes) entre los títulos canjeables.
