Este no es, necesariamente, el Día D para la Argentina. A nadie le conviene que un país entre en default por las repercusiones internacionales que tendría en países con situaciones similares. Por lo tanto, se trata de un capítulo más en el juego de dilaciones posibles dentro de las normas internacionales vigentes.
El grupo de tenedores de bonos que no aceptaron la oferta de reestructuración de deuda, encabezado por Paul Singer de Elliott Management, quiere que se le pague la totalidad de lo adeudado. Nuestro gobierno los llama “buitres” y, a lo largo de los diez años que ya lleva este pleito, ha jurado que jamás les pagará lo que piden porque así violaría su negociación con quienes aceptaron la quita.
Argentina recurrió a la Corte Suprema de Estados Unidos con este argumento: ceder ante los holdouts es traicionar a todos los demás bonistas. Pero el contrato original de la reestructuración de la deuda tiene una cláusula que dice que a partir de enero de 2015, vencerá la cláusula que dice que no puede negociar con estos tenedores de bonos de manera diferente a como negoció con todos los acreedores que aceptaron la quita.
Aquí está la urgencia y aquí está la clave de las dilaciones. Argentina no paga. O sea, no puede pagar sin traicionar el contrato con quienes aceptaron los términos. Esta intransigencia tuvo sus consecuencias. Durante largos años los mercados internacionales estuvieron cerrados para Argentina.
Otra de las consecuencias tuvo visos espectaculares. Los “holdouts” montaron un espectáculo de proporciones. Mientras la Fragata Libertad estaba anclada en un puerto de Ghana, los acreedores consiguieron que una corte del país la secuestrara como garantía de pago. Una comedia de corte netamente pirata. Durante meses el barco y su tripulación estuvieron inmovilizados mientras la Corte Marítima Internacional deliberaba sobre el caso hasta que finalmente liberó la fragata.
A partir de ese episodio la presidenta viajó en aviones comerciales para evitar episodios similares.
Hacia el final del camino, nuevamente Argentina apeló a la Corte Suprema de Estados Unidos con un ataque a dos puntas: uno argumenta que los holdouts deben dejar de acosar activos argentinos en el mundo; el otro pidiendo a la corte que se ocupe del caso. Ambos deben decidirse antes de fin de junio. Si la Corte Suprema decide escuchar el caso, Argentina habrá logrado “comprar tiempo” hasta 2015, cuando el documento original de la deuda la libera para negociar otra solución con los holdouts.
Pero lo más probable es que la Corte Suprema pida la opinión del Procurador General, quien ya en el pasado se inclinó por Argentina. Esa, también, es una maniobra para dilatar las cosas.
Son varios los cursos de acción posible. Si la Corte Suprema de EE.UU rechaza la apelación argentina, se puede solicitar que la decisión sea “reconsiderada”. Esta dilación alejaría por el momento el riesgo del default.
En cambio, si acepta la apelación argentina, la decisión se tomaría recién en junio de 2015. Por último, la decisión podría postergarse porque se pide la opinión del gobierno de Obama, con lo cual no habría decisión hasta finales de 2015. Es la alternativa que más le gusta al gobierno argentino.
