Hillary: el congreso debe revocar la autorización para ocupar Irak
Junto con el constitucionalista Robert Byrd, la senadora y precandidata presidencial presentó una ley. Su objeto es dejar sin efecto la autorización (2002) a George W.Bush para invadir Irak. En su momento, Hillary Rodham Clinton votó a favor.
Esta iniciativa abre otro frente de batalla entre los poderes legislativo (controlado por los demócratas) y ejecutivo, en manos de republicanos ultraconservadores. La decisión de la senadora responde al inesperado respaldo de diez precandidatos oficialistas a Bush y su dureza “patriótica”.
Mientras la Casa Blanca insiste en que nadie puede derogar esa autorización, Byrd señala: “Sin precandidatos republicanos moderados, las cosas se ponen feas. Rodham Clinton y yo inclusive llegaremos a la Corte suprema para zanjar un inminente pleito constitucional”. A su vez, la senadors recuerda que “el estado de Vermont ya ha iniciado actuaciones para entablar juicio político a Bush y Richard Cheney”.
La precandidata señala que su iniciativa no interfiere con las negociaciones en curso sobre el veto a la ley que dispone iniciar la evacuación en marzo, a cambio de fondos adicionales por US$124.000 millones para Irak y Afganistán. “Tampoco –estima- afecta el diálogo multilateral en torno de la guerra civil iraquí”. No obstante, tras conversar con el canciller sirio y negarse hacerlo con el iraní en Egipto, Condoleezza Rice descartó toda posibilidad de evacuación temprana.
En caso de revocarse la autorización de 2002, aun obteniendo ese dinero Bush no podría continuar con la guerra; salvo a riesgo de desobedecer al congreso y exponerse a juicio político. Los fines de Rodham Clinton y Byrd no son tan improbables como parecen: los demócratas tienen buen margen en diputados (aunque escaso en el senado) y la propuesta cuenta con respaldo de Barack Obama –máximo rival de su colega senadora- y otros precandidatos presidenciales opositores.
Pero hay otro detalle sugestivo. John Warner, senador republicano, analiza substituir la autorización de 2002 por una nueva. Su texto limitaría el plazo de la presencia militar en Irak, sin poner en peligro el plan de normalización, el diálogo multilateral ni los fondos adicionales.
Esta iniciativa abre otro frente de batalla entre los poderes legislativo (controlado por los demócratas) y ejecutivo, en manos de republicanos ultraconservadores. La decisión de la senadora responde al inesperado respaldo de diez precandidatos oficialistas a Bush y su dureza “patriótica”.
Mientras la Casa Blanca insiste en que nadie puede derogar esa autorización, Byrd señala: “Sin precandidatos republicanos moderados, las cosas se ponen feas. Rodham Clinton y yo inclusive llegaremos a la Corte suprema para zanjar un inminente pleito constitucional”. A su vez, la senadors recuerda que “el estado de Vermont ya ha iniciado actuaciones para entablar juicio político a Bush y Richard Cheney”.
La precandidata señala que su iniciativa no interfiere con las negociaciones en curso sobre el veto a la ley que dispone iniciar la evacuación en marzo, a cambio de fondos adicionales por US$124.000 millones para Irak y Afganistán. “Tampoco –estima- afecta el diálogo multilateral en torno de la guerra civil iraquí”. No obstante, tras conversar con el canciller sirio y negarse hacerlo con el iraní en Egipto, Condoleezza Rice descartó toda posibilidad de evacuación temprana.
En caso de revocarse la autorización de 2002, aun obteniendo ese dinero Bush no podría continuar con la guerra; salvo a riesgo de desobedecer al congreso y exponerse a juicio político. Los fines de Rodham Clinton y Byrd no son tan improbables como parecen: los demócratas tienen buen margen en diputados (aunque escaso en el senado) y la propuesta cuenta con respaldo de Barack Obama –máximo rival de su colega senadora- y otros precandidatos presidenciales opositores.
Pero hay otro detalle sugestivo. John Warner, senador republicano, analiza substituir la autorización de 2002 por una nueva. Su texto limitaría el plazo de la presencia militar en Irak, sin poner en peligro el plan de normalización, el diálogo multilateral ni los fondos adicionales.
