Gil Lavedra cuestionó la reforma laboral por “límites constitucionales” y pidió sostener la negociación colectiva

El debate por la “Ley de Modernización Laboral” sumó una definición institucional del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal. Su presidente, Ricardo Gil Lavedra, sostuvo que la actualización normativa debe mantener un anclaje estricto en el “bloque de constitucionalidad federal” —Constitución y tratados con jerarquía constitucional— y en los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de derechos laborales. La intervención se conoció el 23 de diciembre de 2025, en un documento titulado “Respetar la Constitución”, difundido por la entidad porteña. Allí se reconoce que el mundo del trabajo enfrenta cambios tecnológicos y organizacionales que exigen nuevas reglas, pero se marca un límite: la modernización no puede equivaler a un retroceso de garantías. El pronunciamiento se produjo pocos días después de que el presidente Javier Milei firmara el proyecto y anunciara su envío al Congreso, con el objetivo oficial de “modernizar” el régimen y reforzar la seguridad jurídica.

Un punto de partida: modernización, pero con tutela

En su planteo, Gil Lavedra toma como punto de partida la premisa del Ejecutivo: reglas que aporten “certidumbre y previsibilidad” en un mercado laboral atravesado por tecnología y cambios de organización productiva. Sin embargo, advierte que esa agenda debe reconocer la asimetría estructural propia de la relación laboral. En esa línea, sostiene que “resulta inconstitucional equiparar la capacidad de negociación de trabajadores y empleadores”, al desconocer la función protectoria del Derecho del Trabajo. El texto también alerta sobre un desplazamiento del centro de gravedad de la negociación: “la sustitución de la negociación colectiva por acuerdos de voluntad individual” implicaría, según el documento, un desconocimiento de la protección constitucional vigente.

Judicialización, independencia judicial y honorarios

El Colegio plantea que una reforma “regresiva” podría producir un efecto no buscado por sus impulsores: aumento de litigiosidad y, con ello, mayor incertidumbre. En el documento se sostiene que, si se debilitan principios laborales y se prescinde del diálogo social tripartito, se incrementa el riesgo de judicialización y de inseguridad jurídica. En ese marco, Gil Lavedra también puso el foco en la independencia judicial. Señaló que, si bien los tribunales inferiores deben considerar lo resuelto por la Corte Suprema, esa pauta no puede imponerse “por vía legal” en materia laboral. El punto dialoga con un artículo del proyecto que dispone que los jueces laborales “deberán, de forma obligatoria” adecuar sus decisiones a precedentes de la Corte Suprema y que el apartamiento “infundado” podría constituir mal desempeño. La entidad también incluyó una defensa de la tarea profesional. En el texto se afirma que “no puede menoscabarse” el trabajo de los abogados mediante la imposición de riesgos por su actuación o la reducción injustificada de honorarios.

Qué dice el proyecto enviado al Congreso

El proyecto difundido por el Poder Ejecutivo propone, entre otros puntos, un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) destinado a cubrir obligaciones asociadas a la extinción del vínculo laboral. La iniciativa crea estos fondos y fija una contribución mensual obligatoria del 3% de las remuneraciones consideradas para contribuciones patronales, canalizada a través de ARCA. En materia de jornada, el texto habilita mecanismos como “banco de horas” y métodos de cálculo por promedio, con descansos mínimos definidos, con posibilidad de pactarse por contrato o acuerdos colectivos. El pronunciamiento del Colegio se inscribe en un debate legislativo que el Gobierno busca acelerar en sesiones extraordinarias, mientras distintos actores sindicales y políticos anticipan objeciones y pedidos de cambios.

El mensaje al Congreso

En su cierre, el Colegio reconoce un “reclamo ciudadano” por remover trabas al desarrollo productivo y actualizar una legislación “pretérita”. Pero pide que los legisladores actúen con “apego estricto” a los principios constitucionales, como condición de sostenibilidad normativa. En esa síntesis, Gil Lavedra deja una frase que resume el criterio del organismo: “Solo el respeto a la dignidad del trabajo humano permitirá construir una reforma moderna y sostenible”.