La crisis energética actual se origina a partir de 2003, cuando las tendencias se revierten y la potencia instalada crece en menos de la mitad que el PBI. Un año antes, con la actividad económica en retroceso, la capacidad de generación seguía en alza.
Hasta 1998, la capacidad de generación eléctrica había aumentado a un ritmo superior al de la economía y con la caída en la producción, cuyo pico se da en el 2002, se profundizó la holgura en materia de disponibilidad de energía, ya que mientras la actividad económica disminuyó, explica el Instituto de Desarrollo Económico y Social (Idesa) en su informe número 527.
Según información oficial publicada por CAMMESA (Compañías Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.) sobre potencia efectiva instalada y el Ministerio de Economía sobre el PBI para los últimos 20 años se observa que:
- Entre 1993 y 1998, el PBI creció a una tasa del 4,7% promedio anual y la potencia instalada de energía al 6,1% promedio anual.
- Entre 1998 y 2003, el PBI cayó a una tasa del -2,3% promedio anual pero la potencia instalada de energía siguió creciendo al 4,0% promedio anual.
- Entre 2003 y 2013, el PBI creció a una tasa del 6,5% promedio anual y la potencia instalada creció apenas al 3,2% por año.
El insuficiente crecimiento de la capacidad de generación se explica por la deficiente política de regulación eléctrica.
Una arista central es la fijación de tarifas artificialmente bajas compensadas con subsidios. Entre 2003 y 2012, el costo de generar electricidad se multiplicó aproximadamente por 9, pero los precios que pagan los usuarios por 3.
Para paliar semejante inconsistencia, CAMMESA recibe fondos del Tesoro nacional. Administrados de manera poco transparente se estima que este año se asignaron a esta finalidad $40 mil millones, o sea, la mitad del déficit fiscal. Estos subsidios benefician fundamentalmente a las familias que viven en la región metropolitana.
Por eso, en la Ciudad de Buenos Aires, es decir donde vive la población de más altos ingresos del país, se paga por la electricidad menos de la mitad que, por ejemplo, en Santa Fe o en Córdoba.
Políticas populistas
El colapso del sistema eléctrico nacional testimonia las consecuencias de haber perseverado en políticas populistas. Tarifas fijadas en valores artificialmente bajos exacerban el consumo y desalientan la inversión.
Las inconsistencias se disimularon durante mucho tiempo gracias a la expansión de la capacidad de generación de electricidad en años anteriores.
Pero consumidas las inversiones acumuladas en la década de los ´90 llegaron los cortes. Esto provoca enormes daños en la calidad de vida de las familias y en la productividad de las empresas.
Los sistemáticos y prolongados cortes en el suministro de electricidad en la Ciudad y el Gran Buenos Aires y en muchas ciudades del interior del país generan malestar en la población y perjudican la producción.
En el diagnóstico oficial se enfatiza las condiciones climáticas adversas que exacerban el consumo. Sin embargo, las características que están mostrando los cortes sugieren un problema más estructural similar al que en otras épocas sufrió la Argentina.
Para dilucidar esta importante cuestión resulta pertinente analizar la evolución de la potencia efectiva instalada. Es decir, la capacidad que tienen las centrales eléctricas de entregar energía de manera continua a las distribuidoras de electricidad.
Obviamente que para evitar cortes es necesario que dicha capacidad evolucione de manera consistente con la demanda de electricidad. Planteado de manera aproximada, el ritmo de crecimiento de la oferta energética debería ser similar al crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI).
Idesa atribuye los cortes de luz a las consecuencias del populismo. “Con irresponsabilidad y demagogia se usaron inversiones hechas en el pasado para sostener tarifas que no compensan los costos de producción. Esto fatalmente terminó en la escasez que son los cortes de luz”, sentencia.
El beneficio de las tarifas bajas queda eclipsado por los enormes daños que generan los cortes. Familias y empresas ahora están pagando las consecuencias de esta política con descomposición de alimentos, pérdidas de horas de trabajo y gastos adicionales para proveerse individualmente de electricidad con grupos electrógenos.
Propone como solución estructural fijar las tarifas acorde a los costos de producción, acompañadas por una tarifa social para los hogares de más bajos recursos. Esto va a alentar las inversiones que permitirán evitar los cortes y mitigar las muchas oportunidades de corrupción que generan los subsidios.
Tan importante como volver a contar con un sistema eléctrico confiable es que se eliminará la injusticia de que la gente del interior pague impuestos para que las familias de Buenos Aires disfruten de tarifas artificialmente bajas.
Capacidad de generación de electricidad y crecimiento económico
1993 – 2013
