El acuerdo stand by firmado con el FMI postula que este año el sector público nacional deberá llegar al equilibrio primario, anulando el déficit de 2,7% del PBI registrando en 2018. Dado que este objetivo es central para acceder a los desembolsos, el esfuerzo fiscal será muy significativo. Para cumplir con la ambiciosa meta, el Ministerio de Hacienda presentó en el Presupuesto 2019 (oficializado en septiembre pasado) una estimación de sus recursos y, en base a eso, calculó cuánto debería recortar el gasto primario, según recuerda la consultora Ecolatina.
Con los datos de 2018 cerrados, se observa que las proyecciones oficiales no se cumplieron. Una vez más, las estimaciones del Sector Público “pecaron” de optimistas: mientras que según el informe del Poder Ejecutivo los ingresos del Sector Público Nacional no Financiero alcanzarían 19% del PBI en el acumulado anual, terminaron en 18% del PBI. En consecuencia, mostró una baja de casi 1 p.p. frente a 2017, en lugar del alza proyectada por el Poder Ejecutivo.
El panorama no cambia para 2019: conforme a estas estimaciones, los ingresos del Palacio de Hacienda estipulados en el Presupuesto están sobreestimados. Suponiendo que no se incorporan nuevos impuestos, este año los recursos del Sector Público Nacional oscilarían en 18,5% del PBI, lejos del 20% del PBI proyectado por el Poder Ejecutivo. En consecuencia, el recorte necesario del gasto primario real deberá ser mayor al postulado. Veamos entonces qué partidas podrían sufrir nuevos recortes, y si es factible alcanzar el equilibrio primario.
Mucho ajuste automático por inflación pasada
El gasto primario pasó de 24% del PBI en 2016 a 20,5% del PBI en 2018 y para este año se estipuló que alcance 20% del PBI. Si la performance de los ingresos será peor a la prevista, ¿dónde se hará el recorte adicional necesario para alcanzar el equilibrio primario?
En primer lugar, vale remarcar que seis de cada diez pesos que salen del Estado Nacional se ajustan de manera automática por la inflación pasada: la Ley de Movilidad fijó la actualización de las jubilaciones y pensiones a la suba de precios y salarios registrados dos trimestres atrás. Con una lenta desaceleración de la inflación, el peso de las erogaciones de seguridad social en el PBI será mayor o igual al de 2018. Por ende, el recorte adicional caerá sobre el 40% restante.
Analizando las demás partidas, poco menos del 15% del gasto primario responde a salarios de trabajadores públicos. Resultado de paritarias que cerraron muy por debajo de la inflación y un plan reducido de contrataciones –donde no se reemplazan las bajas- esta línea del gasto primario se contrajo 10% en términos reales durante 2018. Dado el esfuerzo ya realizado y el hecho de que este es un año electoral, no estimamos un recorte adicional significativo sobre esta partida.
Por su parte, los subsidios económicos representan algo menos del 10% del gasto primario. Esta partida atravesó dos momentos opuestos en 2018: mientras que en el primer semestre, con un dólar mayormente calmo, retrocedió 15% i.a. en términos reales, en la segunda mitad redujo su caída a un tercio producto de la escalada de la divisa. Como resultado, esta partida acumuló una contracción de 9% i.a. en términos reales el año pasado, quedando lejos del objetivo inicial y obligando a ajustar en otras líneas.
En 2019, el escenario será intermedio entre ambos extremos. Durante la primera mitad, las tarifas sufrirían ciertos ajustes para ayudar a la meta fiscal. Sin embargo, a medida se aproximen las elecciones, las mismas se atrasarían en la búsqueda por afectar el humor social lo menos posible (y las chances de reelección del oficialismo). Por último, vale recordar el traspaso de los subsidios al transporte a la Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma, que también permitirán relajar este gasto. Como resultado, los subsidios económicos pasarían de representar 2% del PBI en 2018 a 1,5% este año.
Por último, resta analizar el curso que seguirán los gastos de capital; casualmente, la partida sobre la que pesa el mayor margen de maniobra. En este sentido, la inversión en obra pública persiste en rojo desde 2015 y en 2019 acentuaría su baja. Por caso, pasó de $ 208.000 millones en 2017 a $ 210.000 millones el año pasado, registrando una mínima suba nominal en un contexto de elevada inflación. Esta línea del gasto sería la que realizará el mayor ajuste, no solo por la discrecionalidad de sus erogaciones, sino también por la velocidad con que pueden recortarse.
Teniendo en cuenta los esfuerzos necesarios, proyectamos que este año los gastos de capital retrocederían nominalmente 12% i.a. y casi 40% i.a. en términos reales. De este modo, implicarían poco más de 1% del PBI, marcando una baja de 0,6 p.p. frente a 2018.
En base a este análisis, proyectamos que el gasto primario rondaría 19% del PBI este año, marcando un retroceso de 1,5 p.p. frente a 2018 y marcando un mínimo desde la incorporación de la Asignación Universal por Hijo hace ya diez años. Sin embargo, no bastaría para alcanzar el equilibrio primario: el rojo antes del pago de intereses rondaría 0,5% del PBI. No obstante, dado que este resultado estará contemplado dentro de los ajustadores pautados con el FMI (por un máximo de $ 71.600 millones) permitirá destrabar los desembolsos.
