No había alegría, mucho menos euforia, como en ceremonias recientes, cuando se anunciaron las medidas de recorte del gasto público. La tensión de los rostros era el detalle predominante. El gesto no cambió ni siquiera cuando el primer mandatario, quien abrió el acto, prometiera que el ajuste salarial sería transitorio.
Los anuncios, a cargo del ministro Machinea, mostraron que el corte fue profundo:
1. Alrededor de 144.000 empleados estatales, que cobran salarios mayores a $ 1000 mensuales, resignarán entre el 12% y el 15% de sus ingresos. Lo que equivale a entre dos y dos y medio sueldos por año que se restarán a todos los escalafones de la administración, desde el Presidente de la Nación , y los empleados del Congreso, del Poder Judicial – salvo jueces y fiscales -, de las Fuerzas Armadas y de seguridad y la Policía Federal, incluyendo a personal activo y en retiro.
2. Se verán afectados los salarios del personal del Banco de la Nación, del Banco Central y del Banco de Inversión y Comercio Exterior, así como de empresas o entes que dependan del Estado.
3. Se reducen 50% las jubilaciones de privilegio de las cajas nacionales y de las provinciales transferidas a la Nación de los menores de 50 años y 33% la de los que tienen entre 50 y 60 años. La medida alcanza a 58.000 personas.
4. Se reafirma la incompatibilidad de los funcionarios de cobrar de manera simultánea un sueldo y una jubilación.
5. La Prestación Básica Universal (PBU) – oscila entre $ 200 y $ 230 – será reducida a $150 para los varones y a $ 125 para las mujeres que se jubilen a los 60 años.
6. A partir del 1º de enero próximo las empresas de medicina prepaga podrán captar afiliados de obras sociales.
7. Las universidades sufrirán una poda en su presupuesto de $ 20 millones que se elevará a $ 40 millones en 2001.
8. Será prohibido el pago en efectivo de operaciones superiores a $ 10.000 y se ajustarán los controles sobre los subsidios que recibe el consumo de combustibles en la Patagonia.
La mayoría de las medidas dispuestas serán aprobadas mediante decretos de necesidad y urgencia, para evitar demoras en su trámite legislativo ya que se estima que algunos legisladores oficialistas se opondrían a apoyarlas.
No había alegría, mucho menos euforia, como en ceremonias recientes, cuando se anunciaron las medidas de recorte del gasto público. La tensión de los rostros era el detalle predominante. El gesto no cambió ni siquiera cuando el primer mandatario, quien abrió el acto, prometiera que el ajuste salarial sería transitorio.
Los anuncios, a cargo del ministro Machinea, mostraron que el corte fue profundo:
1. Alrededor de 144.000 empleados estatales, que cobran salarios mayores a $ 1000 mensuales, resignarán entre el 12% y el 15% de sus ingresos. Lo que equivale a entre dos y dos y medio sueldos por año que se restarán a todos los escalafones de la administración, desde el Presidente de la Nación , y los empleados del Congreso, del Poder Judicial – salvo jueces y fiscales -, de las Fuerzas Armadas y de seguridad y la Policía Federal, incluyendo a personal activo y en retiro.
2. Se verán afectados los salarios del personal del Banco de la Nación, del Banco Central y del Banco de Inversión y Comercio Exterior, así como de empresas o entes que dependan del Estado.
3. Se reducen 50% las jubilaciones de privilegio de las cajas nacionales y de las provinciales transferidas a la Nación de los menores de 50 años y 33% la de los que tienen entre 50 y 60 años. La medida alcanza a 58.000 personas.
4. Se reafirma la incompatibilidad de los funcionarios de cobrar de manera simultánea un sueldo y una jubilación.
5. La Prestación Básica Universal (PBU) – oscila entre $ 200 y $ 230 – será reducida a $150 para los varones y a $ 125 para las mujeres que se jubilen a los 60 años.
6. A partir del 1º de enero próximo las empresas de medicina prepaga podrán captar afiliados de obras sociales.
7. Las universidades sufrirán una poda en su presupuesto de $ 20 millones que se elevará a $ 40 millones en 2001.
8. Será prohibido el pago en efectivo de operaciones superiores a $ 10.000 y se ajustarán los controles sobre los subsidios que recibe el consumo de combustibles en la Patagonia.
La mayoría de las medidas dispuestas serán aprobadas mediante decretos de necesidad y urgencia, para evitar demoras en su trámite legislativo ya que se estima que algunos legisladores oficialistas se opondrían a apoyarlas.
