Fracasó la sesión especial que iba a tratar el juicio político a la Corte

El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, la levantó por falta de quórum. Es la segunda sesión especial que fracasa debido a que la UCR no accedió a bajar al recinto para tratar el polémico asunto.

18 septiembre, 2002

Con 102 diputados en el recinto -en su mayoría peronistas- sobre los 129 que exige el quórum, no se alcanzó el número de legisladores requeridos para habilitar la sesión especial solicitada por el oficicalismo.

Sin embargo, el justicialismo apeló a los discursos en minoría
para reclamar a la oposición que preste el quórum necesario para
dar el debate sobre el cuestionamiento a los nueve miembros de la
Corte Suprema.

El menemista pampeano Manuel Baladrón cerró la lista de
oradores apelando a “la responsabilidad de los otros bloques para
que nos acompañen en otra sesión” y enfatizó que el oficialismo
seguirá insistiendo con la convocatoria a sesiones especiales
hasta conseguir el quórum de 129 representantes.

Como complemento de esa estrategia, el PJ insiste con incluir
la acusación contra la Corte Suprema en el temario de las sesiones
ordinarias pese a que el desacuerdo con la oposición motivó la
semana pasada el fracaso de la reunión en la cual se debía debatir
la renegociación de las tarifas de servicios públicos.

El radicalismo se mantuvo hoy en su posición de no contribuir a
la formación del quórum ya que eso implicaría en forma casi
automática el rechazo a las acusaciones contra la Corte porque no
podrían imponer los dos tercios de los votos.

En esta dinámica de puja entre los dos bloques mayoritarios, la
UCR denunció hoy que se registra una “cadena de presión, chantaje
y extorsión” sobre legisladores y gobernadores del partido para
que se trate el juicio político a la Corte Suprema.

Así lo aseguró el diputado radical Hernán Damiani, quien
difundió que “no se están mandando los recursos que se le adeudan
a las provincias, con tal de que el dictamen se archive”.

No obstante la posición “inflexible” de los radicales, un grupo
minoritario del bloque plantea que debe darse el debate sin
importar el resultado de la acusación.

Los diputados UCR que se pronunicaron en favor de bajar al
recinto, según fuentes calificadas del bloque, no superan por
ahora los siete miembros, aún cuando en la conducción del bloque
se teme que este número se amplie de acuerdo corran los día y se
intensifique la presión del justicialismo.

El presidente del bloque radical, Horacio Pernasetti, propuso a
las autoridades del PJ devolver los dictámenes acusatorios a la
Comisión de Juicio Político para que allí se agreguen 120
denuncias nuevas y se “congele” el proceso hasta tanto asuma el
nuevo Gobierno.

Pero el justicialismo, con su insistencia de hoy, parece haber
rechazado la propuesta.

Con 102 diputados en el recinto -en su mayoría peronistas- sobre los 129 que exige el quórum, no se alcanzó el número de legisladores requeridos para habilitar la sesión especial solicitada por el oficicalismo.

Sin embargo, el justicialismo apeló a los discursos en minoría
para reclamar a la oposición que preste el quórum necesario para
dar el debate sobre el cuestionamiento a los nueve miembros de la
Corte Suprema.

El menemista pampeano Manuel Baladrón cerró la lista de
oradores apelando a “la responsabilidad de los otros bloques para
que nos acompañen en otra sesión” y enfatizó que el oficialismo
seguirá insistiendo con la convocatoria a sesiones especiales
hasta conseguir el quórum de 129 representantes.

Como complemento de esa estrategia, el PJ insiste con incluir
la acusación contra la Corte Suprema en el temario de las sesiones
ordinarias pese a que el desacuerdo con la oposición motivó la
semana pasada el fracaso de la reunión en la cual se debía debatir
la renegociación de las tarifas de servicios públicos.

El radicalismo se mantuvo hoy en su posición de no contribuir a
la formación del quórum ya que eso implicaría en forma casi
automática el rechazo a las acusaciones contra la Corte porque no
podrían imponer los dos tercios de los votos.

En esta dinámica de puja entre los dos bloques mayoritarios, la
UCR denunció hoy que se registra una “cadena de presión, chantaje
y extorsión” sobre legisladores y gobernadores del partido para
que se trate el juicio político a la Corte Suprema.

Así lo aseguró el diputado radical Hernán Damiani, quien
difundió que “no se están mandando los recursos que se le adeudan
a las provincias, con tal de que el dictamen se archive”.

No obstante la posición “inflexible” de los radicales, un grupo
minoritario del bloque plantea que debe darse el debate sin
importar el resultado de la acusación.

Los diputados UCR que se pronunicaron en favor de bajar al
recinto, según fuentes calificadas del bloque, no superan por
ahora los siete miembros, aún cuando en la conducción del bloque
se teme que este número se amplie de acuerdo corran los día y se
intensifique la presión del justicialismo.

El presidente del bloque radical, Horacio Pernasetti, propuso a
las autoridades del PJ devolver los dictámenes acusatorios a la
Comisión de Juicio Político para que allí se agreguen 120
denuncias nuevas y se “congele” el proceso hasta tanto asuma el
nuevo Gobierno.

Pero el justicialismo, con su insistencia de hoy, parece haber
rechazado la propuesta.

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