En el avance hacia un nuevo acuerdo con el FMI, otra vez se opta por una estrategia gradualista que supone que el déficit fiscal se reducirá porque la recaudación aumentará más que los gastos gracias al crecimiento de la economía. Se repite la misma inconsistencia que llevó al fracaso del acuerdo anterior.
El gobierno argentino no llegó todavía a un acuerdo con el FMI. Lo que logró –que no es poco– es un entendimiento sobre cuál será la senda de disminución del déficit fiscal primario y de la emisión monetaria. Mientras que el gobierno proponía reducir gradualmente el déficit para llegar al equilibrio fiscal en el 2027, la postura del FMI era llegar antes a esa meta.
El entendimiento concluyó en que la Argentina se compromete a alcanzar el equilibrio fiscal en el 2025 y dejar de emitir para cubrir el déficit en el 2024.
El paso siguiente es que el gobierno argentino presente el plan para cumplir con esta senda de reducción del déficit. En este sentido, son muy sugerentes las declaraciones del Ministro de Economía enfatizando que no se contemplan reformas estructurales.
Esto implica que se repetirá la estrategia gradualista que adoptó el gobierno anterior. Se parte del supuesto de que la economía crecerá y, con ello, los ingresos públicos. Manteniendo el nivel real de gasto público por debajo de los ingresos, el déficit fiscal se reducirá gradualmente.
En este marco cabe plantearse la pregunta de en cuánto debe crecer la economía para cumplir con la senda de reducción del déficit fiscal acordada. Con datos del Ministerio de Economía se pueden hacer las siguientes estimaciones:
- En el año 2022 el crecimiento del PBI debería ser del orden del 2,5%.
- En el 2023 debería ser del 3% del PBI.
- En el 2024 el incremento del PBI debería ser del 5,5% del PBI.
Estos datos muestran que la senda de reducción del déficit fiscal requiere aumentos crecientes del PBI. La razón es que el único factor de reducción del déficit es el aumento de los ingresos públicos por crecimiento económico. Al principio, como se postula que la reducción del déficit sea baja, el crecimiento requerido también es bajo; pero a medida que se compromete mayor reducción de déficit para acercarse al equilibrio, las tasas de crecimiento requeridas son más altas. Esta es la esencia de la estrategia gradualista.
El gradualismo es inconsistente porque no es posible crecer con un sector público tan desorganizado. La muy alta inflación que se deriva de los excesos de emisión para financiar el déficit fiscal complica la producción. Además, la alta inflación lleva a que gran parte de los ahorros se fuguen y los pocos que quedan son absorbidos por el Estado para ayudar a cubrir el desequilibrio fiscal.
A esto se suman muchos impuestos que hacen inviables los proyectos de inversión. El desorden estatal lleva a que la infraestructura y los servicios públicos sean de muy baja calidad como lo demuestran los altos costos de transporte y los cortes de energía.
Lo mismo sucede con las regulaciones que promueven los monopolios y las conductas rentísticas en lugar de la innovación y la competencia. Sin modificar esta realidad, la economía no puede crecer, por lo tanto, las metas no se van a cumplir. El incumplimiento no es por falta de voluntad, sino por error de diseño.
La meta de que el gasto público no crezca por encima de los ingresos tampoco es fácil del lograr sin un ordenamiento del Estado. Por ejemplo, la movilidad previsional se hace por incrementos de salarios (que, en general, están atados a la inflación) e ingresos públicos (que en la lógica del gradualismo son los que tienen que subir por encima del gasto). Esto implica que habrá que revisar a la baja otros gastos, como los subsidios a la energía. En este sentido, el gobierno eludió hablar sobre el tema subsidios a la energía, pero el FMI en su comunicado de prensa fue muy explícito señalando que “… se acordó que una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva será fundamental para mejorar la composición del gasto público”.
Lo que el gobierno nacional presenta como una fortaleza del acuerdo es su principal debilidad: no abordar el ordenamiento integral del Estado. Sin ordenamiento no habrá crecimiento, además de que la inflación seguirá muy alta. Bajo estas condiciones es previsible que los compromisos con el FMI se incumplan y, lo más importante, que la Argentina siga en su largo ciclo de decadencia económica y social.
