Final de 2016: ¿habrá una recuperación del consumo?

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Con la intención de corregir el atraso de precios relativos (tarifas y tipo de cambio), el gobierno tomó una serie de medidas que aceleraron la inflación durante la primera parte del año. Más allá de la necesidad de resolver las distorsiones económicas heredadas, este tipo de procesos aumenta las presiones en el frente social.

Como es habitual en los períodos de fuerte subas de los precios, los ingresos nominales de las familias ajustan a un menor ritmo, explica el último informe de Ecolatina.

De acuerdo a los datos publicados recientemente por el INDEC, al segundo trimestre del año los ingresos de las familias crecieron en promedio 39,3 % i.a., contra un incremento de los precios en el período de 41,3% conforme al IPC Ecolatina, lo que implicó una leve pérdida en su capacidad de compra. Pero esta caída fue más pronunciada en los sectores de menores recursos, ya que lograron subas más acotadas en sus ingresos (+34% i.a. en el caso del 40% de los hogares de menores recursos), y por lo tanto, la contracción del poder de compra fue de 5% i.a. en el segundo trimestre del año según nuestras estimaciones.

A la caída de los ingresos reales de los hogares se sumó la incertidumbre laboral (destrucción de puestos de empleo formal en el sector privado, reducción de horas extras, suspensiones, etc.), que terminaron por minar la confianza de los consumidores: conforme al relevamiento de la Universidad Di Tella, el Ãndice de Confianza de los Consumidores (ICC) cayó 20% a lo largo del primer semestre de 2016, profundizando la contracción del consumo.

Frente a este contexto, desde mediados de año el gobierno llevó adelante un set de medidas para revertir el deterioro que sufrió el poder adquisitivo de las familias: amplió la cantidad de beneficiarios de las Asignaciones Familiares, llevó al Congreso la Ley de devolución parcial del IVA a los sectores más vulnerables, implementó el programa de reparación histórica para los jubilados, estableció una tarifa social y fijó topes a los aumentos de las mismas, etc.

No obstante, la mayor parte de estas medidas demoraron en aplicarse y, en muchos casos, tuvieron un impacto acotado: los primeros indicadores de consumo correspondientes al tercer trimestre dan cuenta de ello.

 

Nuevas medidas para apuntalar el consumo

 

Tras la fuerte caída de la actividad en la primera parte del año, sólo puede afirmarse que la economía tocó piso o dejó de caer en el tercer trimestre (respecto del período abril-junio de 2016). A la espera de la ansiada recuperación, la presencia o no de brotes verdes sigue despertando discusiones entre los especialistas y, la situación del consumo interno no es ajena a este debate: al igual que en otros sectores de la economía, el gasto de las familias registró mejoras acotadas en la comparación inter-trimestral, pero estuvo lejos de recuperar el terreno cedido en la primera parte del año.

Por caso, los datos de consumo masivo relevados por Kantar Worldpanel muestran que la caída en el volumen se recortó a la mitad en el tercer trimestre (-3% i.a., vs. -6% i.a. en el segundo trimestre), sin dejar de mencionar que detrás de este resultado hubo un cambio en el comportamiento de los consumidores (aumentaron las compras bajo promociones, así como la compra de marcas de menor valor, y envases/formatos más económicos).

Una dinámica similar se desprende de las cifras de CAME: el volumen de venta en los comercios tradicionales retrocedió 7,7% i.a. en el período julio-septiembre, lo que indica una mínima moderación en la caída respecto de la merma de 8,5% i.a. del segundo trimestre del año, pero destaca la desaceleración relativamente generalizada en los diferentes rubros.

La reducción en el ritmo de la caída que muestran estos indicadores toma mayor importancia si además se tiene en cuenta que la base de comparación del tercer trimestre es más elevada que la del segundo, en tanto coincide con la aceleración del consumo previo a los comicios presidenciales de 2015. De hecho, si tomamos las series trimestral destacionalizada se observa una mínima recuperación: las ventas que releva Kantar Worldpanel crecieron 0,7% respecto al segundo trimestre, mientras que el volumen informado por CAME se mantuvo prácticamente estable (+0,2% en la variación trimestral).

Pese a que la mayoría de los indicadores de consumo muestra un claro retroceso, el patentamiento de autos 0 km creció a lo largo del año (+9,5% i.a.) y, en particular, en el último trimestre (+13,5% i.a.). Ello obedece a la reducción del impuesto para los vehículos de “lujo”, a los planes de financiamiento/promociones que surgieron para fomentar las ventas internas, y a la mejora del poder adquisitivo de las clases más altas (el 20% de los hogares de mayores ingresos exhibieron una suba de 3% i.a. en sus ingresos reales).

Pese a las mejoras del consumo respecto del segundo trimestre, no debe dejar de mencionarse que el comportamiento de los indicadores mencionados fue muy irregular en el transcurso de los últimos meses, volatilidad que se sostuvo durante octubre: mientras que el Ãndice de Confianza de los Consumidores (ICC) aumentó 1,5% en el último mes en la medición desestacionalizada, las ventas minoristas de CAME volvieron a mostrar una baja de 1,3% respecto de septiembre.

Frente a este panorama ambiguo, el gobierno extremó una vez más las medidas para recomponer los ingresos de las familias de cara a fin de año, apuntando tanto a los sectores más vulnerables (suma fija a jubilados que cobran la mínima y perceptores de la AUH), los trabajadores formales (bono adicional), así como de aquellos de mayores ingresos (reducción del pago de ganancias para el medio aguinaldo). Todo ello tendrá sin duda un impacto significativo sobre el consumo en el último mes del año. Veamos.

Por un lado se acordó en la mesa de diálogo tripartito un bono de $ 2.000 para fin de año a los trabajadores privados registrados, lo cual implicaría una suma total de $ 12.850 millones que se volcarían a la economía, el equivalente a aproximadamente 0,15% del PBI anual. Si a ello se le suman todos los empleados del sector público (los estatales nacionales recibirían alrededor de $ 3.000, y algunas provincias habrían acordado un bono en torno a $ 2.000 para sus empleados), dicho monto ascendería a $ 20.500 millones. A esto podría incorporarse el beneficio por la exención de ganancias sobre el medio aguinaldo (cuyo costo está estimado en $ 3.000 millones), lo que en total representaría 0,25% del PBI.

Más aún, si a esto se agrega la suma fija que el gobierno les dará a los jubilados que cobran el haber mínimo ($ 1.000 por titular) y los beneficios que recibirán aquellos que perciben la AUH ($ 1.000 para cada hogar, a lo que se podrían sumar $ 200 por cada hijo de acuerdo a lo declarado por fuentes oficiales), el potencial impacto de la medida alcanzaría incluso los $ 27.000 millones, equivalente a casi 0,35% del PBI anual.

Sin embargo, cabe destacar que éste sería el escenario de máxima. Considerando las dificultades económicas, es posible que no todas provincias (algunos gobernadores ya declararon que no se van a adherir a la medida del gobierno nacional) ni todas las empresas (especialmente las PyMEs y las firmas que operan en el sector Comercio y Construcción) estén en condiciones de afrontar el gasto extra que el bono de fin de año implica. Así, teniendo en cuenta que parte de los trabajadores privados y públicos quedan excluidos del beneficio (aproximadamente un tercio), el efecto total se reduciría al 0,25% del PBI.

De cualquier manera, incluso si se deja de lado este efecto, los montos volcados a la economía lucen elevados, sobre todo si se considera que estarán concentrados en tan sólo un mes que además, dada la época del año en que serán inyectados, suele destinarse mayormente al consumo. Por este motivo, probablemente haya un repunte del consumo en el último mes del año, tal que permita mejorar el alicaído humor social tras un año complejo. De cualquier manera, queda claro que ello será insuficiente para recomponer el fuerte deterioro que exhibió el gasto de las familias durante el resto del año.

 

 

 

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