El funcionario sostuvo que la Corte “tiene la obligación de
velar por los intereses del país”, por lo cual consideró que un
fallo que declare la inconstitucionalidad de la pesificación “no
sería positivo”.
“Nos preocupa que se abandone la responsabilidad de la vida
republicana, ya que la Corte tiene que velar por los intereses de
la sociedad. Pero ahora estamos preocupados porque se podrían
tomar decisiones más desde el punto de vista de lo emocional”, se
quejó Fernández en declaraciones a radio 10 formuladas esta
mañana.
El máximo Tribunal de Justicia se reunirá el lunes próximo para
discutir –a partir del caso puntual de una ahorrista de la ciudad
de Bahía Blanca– una eventual redolarización de los depósitos que
aún permanecen en el “corralón”, una medida que ha puesto en
alerta al Gobierno.
Fernández aseguró que el Gobierno “no puede ni debe” presionar
a la Corte para evitar que se dicte un fallo que redolarice los
ahorros pesificados.
Pero expresó que desde el Poder Ejecutivo “tratamos de llamar
por todos los medios a la reflexión, porque entendemos que éste no
sería el mejor momento (para redolarizar) ya que empezamos a ver
atisbos de reaccción en la producción”.
Según el ministro, la Corte “tiene dos importantísimas
responsabilidades: una es ser tribunal de última instancia y otra
es ser uno de los Poderes de la república. Esas dos
responsabilidades no pueden separarse”.
En este marco, trascendió que al mismo tiempo que dispondría la
redolarización de los depósitos, el alto Tribunal otorgaría a los
jueces de primera instancia la decisión final sobre el tiempo y la
forma de ejecutar la devolución de los ahorros.
Antes de la reunión del lunes que viene, los ministros de la
Corte estarían evaluando si corresponde a los jueces la decisión
de obligar a pagar los depósitos en moneda original, o si bien es
el Ministerio de Economía quien debe disponer los plazos y el modo
de la devolución.
Si sucede esto último, el Poder Ejecutivo recurriría a un bono
compulsivo, que se entregaría a los casi 400 mil ahorristas que
aún permanecen “atrapados” en el “corralón” financiero, que ya
lleva poco más de un año de vigencia.
Ese título público sería similar a los que ya se otorgaron a
través de las operaciones de canje de depósitos, con vencimiento
en 2012.
El funcionario sostuvo que la Corte “tiene la obligación de
velar por los intereses del país”, por lo cual consideró que un
fallo que declare la inconstitucionalidad de la pesificación “no
sería positivo”.
“Nos preocupa que se abandone la responsabilidad de la vida
republicana, ya que la Corte tiene que velar por los intereses de
la sociedad. Pero ahora estamos preocupados porque se podrían
tomar decisiones más desde el punto de vista de lo emocional”, se
quejó Fernández en declaraciones a radio 10 formuladas esta
mañana.
El máximo Tribunal de Justicia se reunirá el lunes próximo para
discutir –a partir del caso puntual de una ahorrista de la ciudad
de Bahía Blanca– una eventual redolarización de los depósitos que
aún permanecen en el “corralón”, una medida que ha puesto en
alerta al Gobierno.
Fernández aseguró que el Gobierno “no puede ni debe” presionar
a la Corte para evitar que se dicte un fallo que redolarice los
ahorros pesificados.
Pero expresó que desde el Poder Ejecutivo “tratamos de llamar
por todos los medios a la reflexión, porque entendemos que éste no
sería el mejor momento (para redolarizar) ya que empezamos a ver
atisbos de reaccción en la producción”.
Según el ministro, la Corte “tiene dos importantísimas
responsabilidades: una es ser tribunal de última instancia y otra
es ser uno de los Poderes de la república. Esas dos
responsabilidades no pueden separarse”.
En este marco, trascendió que al mismo tiempo que dispondría la
redolarización de los depósitos, el alto Tribunal otorgaría a los
jueces de primera instancia la decisión final sobre el tiempo y la
forma de ejecutar la devolución de los ahorros.
Antes de la reunión del lunes que viene, los ministros de la
Corte estarían evaluando si corresponde a los jueces la decisión
de obligar a pagar los depósitos en moneda original, o si bien es
el Ministerio de Economía quien debe disponer los plazos y el modo
de la devolución.
Si sucede esto último, el Poder Ejecutivo recurriría a un bono
compulsivo, que se entregaría a los casi 400 mil ahorristas que
aún permanecen “atrapados” en el “corralón” financiero, que ya
lleva poco más de un año de vigencia.
Ese título público sería similar a los que ya se otorgaron a
través de las operaciones de canje de depósitos, con vencimiento
en 2012.
