Felisa Miceli lanzó una aguda crítica al sector rural
La ministra de economía ofreció una serie de datos que restan asidero al paro y lo exhiben como el de mayor magnitud en veinte años, pero de contenido fuertemente político. Así lo indica el apoyo de analistas conservadores.
Tras calificar al sector de egoísta -algo que Roberto Lavagna también pensaba cuando era ministro, pero no ahora-, la funcionaria sostuvo que “prioriza sus intereses por sobre los del conjunto”. Esta actitud llega a las tradicionales conductas tributarias del sector.
En un discurso de cuarenta minutos, Miceli resaltó la debilidad de los reclamos que llevaron a la protesta, apelando a cifras, estadísticas e impresiones obtenidas en recientes reuniones con sus voceros. En lo que hace específicamente a rentabilidad, la ministra reveló que, durante los últimos tres años, superó la media anual de 1993-2001 en $ 33.000 millones. Por supuesto, en la década anterior el campos no les protestaba a Domigno F.Cavallo ni sus sucesores.
Respecto del alza de precios internacionales y la revalorización de las tierras productivas, citó el caso de una zona maicera. Ahí, la hectárea costaba en los años 90 unos US$ 3.000 y hoy llega a 10.000. Miceli comparó ese auge con el ingreso medio de jubilados, pensionados y trabajadores rurales. Contra el promedio de $ 585 en jubilaciones, las explotaciones agrícolas pueden alcanzar un rédito mensual de $ 6.350 hasta cien hectáreas.
Miceli subraya que el campo “objeta la intervención estatal cuando le fija precios máximos a rubros de la canasta familiar. Pero no dice nada sobre el subsidio al gasoil, que implica transferir $13.000.000 al sector, ni sobre la política de dólar alto. Tampoco menciona la rebaja del IVA a fertilizantes ni de los derechos a la importación de fosforados”.
“Quienes participan en este paro tampoco reconocen las posilibidades de refinanciar deudas ni las bonificaciones a líneas de crédito por $ 650 millones”. Después, se puso especialmente dura, sosteniendo que “la incidencia de retenciones a exportaciones agrícolas representa apenas 4,3% de la recaudación total. No obstante, pretenden interlocutores que acepten sus pliegos de condiciones”. Poco antes, otro funcionario censuraba a ganaderos, consignatarios, frigoríficos y minoristas: “quieren llevar la carne a precios internacionales, estimulados por la demanda turística, pero no aceptarían pagar salarios compatibles”.
Tras calificar al sector de egoísta -algo que Roberto Lavagna también pensaba cuando era ministro, pero no ahora-, la funcionaria sostuvo que “prioriza sus intereses por sobre los del conjunto”. Esta actitud llega a las tradicionales conductas tributarias del sector.
En un discurso de cuarenta minutos, Miceli resaltó la debilidad de los reclamos que llevaron a la protesta, apelando a cifras, estadísticas e impresiones obtenidas en recientes reuniones con sus voceros. En lo que hace específicamente a rentabilidad, la ministra reveló que, durante los últimos tres años, superó la media anual de 1993-2001 en $ 33.000 millones. Por supuesto, en la década anterior el campos no les protestaba a Domigno F.Cavallo ni sus sucesores.
Respecto del alza de precios internacionales y la revalorización de las tierras productivas, citó el caso de una zona maicera. Ahí, la hectárea costaba en los años 90 unos US$ 3.000 y hoy llega a 10.000. Miceli comparó ese auge con el ingreso medio de jubilados, pensionados y trabajadores rurales. Contra el promedio de $ 585 en jubilaciones, las explotaciones agrícolas pueden alcanzar un rédito mensual de $ 6.350 hasta cien hectáreas.
Miceli subraya que el campo “objeta la intervención estatal cuando le fija precios máximos a rubros de la canasta familiar. Pero no dice nada sobre el subsidio al gasoil, que implica transferir $13.000.000 al sector, ni sobre la política de dólar alto. Tampoco menciona la rebaja del IVA a fertilizantes ni de los derechos a la importación de fosforados”.
“Quienes participan en este paro tampoco reconocen las posilibidades de refinanciar deudas ni las bonificaciones a líneas de crédito por $ 650 millones”. Después, se puso especialmente dura, sosteniendo que “la incidencia de retenciones a exportaciones agrícolas representa apenas 4,3% de la recaudación total. No obstante, pretenden interlocutores que acepten sus pliegos de condiciones”. Poco antes, otro funcionario censuraba a ganaderos, consignatarios, frigoríficos y minoristas: “quieren llevar la carne a precios internacionales, estimulados por la demanda turística, pero no aceptarían pagar salarios compatibles”.
