Fayt: “la Corte Suprema tiene la obligación de cogobernar”
El presidente del alto tribunal aseguró la Corte es "un poder del Estado que tiene la obligación de cogobernar", y sostuvo que sus integrantes buscarán cumplir con sus funciones "para el bien del país".
“Se están haciendo cosas importantes porque la Corte no
solamente es un Tribunal excepcional, es un poder del Estado que
tiene la obligación de cogobernar”, afirmó Fayt, en declaraciones
formuladas a los periodistas que lo aguardaban en la puerta de su
domicilio.
Fayt prevé mantener una reunión con los presidentes
de Cámara, según confirmó el propio magistrado, en tanto que dará
a conocer al mediodía “un pequeño plan de gestión”.
La Corte aclaró en la víspera que se tomará todo el tiempo que
“considere necesario” para resolver sobre la constitucionalidad o
no de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, un tema
espinoso del que dependen las extradiciones de ex represores
acusados de violaciones a los derechos humanos durante la última
dictadura.
Mediante un comunicado, el máximo Tribunal de Justicia confirmó
que discutió -durante un acuerdo de cinco horas llevado a cabo en
la víspera- la validez de las denominadas leyes del perdón, pero
aclaró que “continuará trabajando” en el asunto “en los tiempos
que considere necesarios” y “sin ningún tipo de presión” por parte
del Gobierno.
El máximo Tribunal salió así al cruce de declaraciones de
funcionarios del Gobierno y legisladores que reclamaron un rápido
tratamiento del tema.
“Se están haciendo cosas importantes porque la Corte no
solamente es un Tribunal excepcional, es un poder del Estado que
tiene la obligación de cogobernar”, afirmó Fayt, en declaraciones
formuladas a los periodistas que lo aguardaban en la puerta de su
domicilio.
Fayt prevé mantener una reunión con los presidentes
de Cámara, según confirmó el propio magistrado, en tanto que dará
a conocer al mediodía “un pequeño plan de gestión”.
La Corte aclaró en la víspera que se tomará todo el tiempo que
“considere necesario” para resolver sobre la constitucionalidad o
no de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, un tema
espinoso del que dependen las extradiciones de ex represores
acusados de violaciones a los derechos humanos durante la última
dictadura.
Mediante un comunicado, el máximo Tribunal de Justicia confirmó
que discutió -durante un acuerdo de cinco horas llevado a cabo en
la víspera- la validez de las denominadas leyes del perdón, pero
aclaró que “continuará trabajando” en el asunto “en los tiempos
que considere necesarios” y “sin ningún tipo de presión” por parte
del Gobierno.
El máximo Tribunal salió así al cruce de declaraciones de
funcionarios del Gobierno y legisladores que reclamaron un rápido
tratamiento del tema.
