Falú urgió a la Corte a que trate las leyes de perdón
Al mismo tiempo, el diputado justicialista estimó que el análisis podría dilatarse más allá del 12 de agosto próximo, fecha que había sido fijada para el estudio del tema en la Cámara baja.
Ricardo Falú reclamó una “rápida respuesta por parte de la Corte”
Suprema y desestimó que se requiera la presencia de “nueve
miembros” en el Tribunal para tratar el tema, como lo señaló esta
mañana su presidente, el juez Carlos Fayt.
“Ese es un argumento que podría habérselo entendido como válido
si no urgían los tiempos, pero ahora los tiempos urgen”, enfatizó
Falú, quien recordó que “hay un plazo que ya está corriendo y ya
hay extradiciones que está pidiendo el juez (Baltasar) Garzón”,
desde España.
Para el diputado tucumano, presidente de la Comisión de Juicio
Político de la Cámara baja, “la discusión está abierta en el seno
de la sociedad y la Corte debe llevar calma a través de la
Justicia”.
Falú consideró, en declaraciones radiales formuladas esta
mañana, que la presencia del noveno miembro de la Corte -hasta
ahora hay un cargo vacante en el máximo Tribunal, por la renuncia
de Julio Nazareno- “no es imprescindible”, ya que, en todo caso,
pueden designarse “conjueces”.
Además, el presidente de la Comisión de Juicio Político
consideró que “como regla, es el Poder Judicial” el que debe
determinar si es válida o no la aplicación de las leyes de Punto
Final y Obediencia Debida, aunque consideró que en este caso, el
Congreso también puede “expedirse políticamente”.
Con respecto al proyecto de anulación de las normas que se
prevé tratar en Diputados para el 12 de agosto próximo, Falú no
descartó que la discusión en el recinto pueda dilatarse más allá
de ese día.
“Debemos dar la discusión, deberíamos estar presentes allí.
Pero si no logramos la solución más perfecta posible deberíamos
ensayar un cuarto intermedio y seguir discutiendo una o dos
semanas después”, estimó Falú, al adelantar la estrategia
planteada por un sector del bloque justicialista.
La bancada que encabeza el bonaerense José María Díaz Bancalari
terminará de definir este miércoles su postura frente al proyecto
presentado por la diputada Patricia Walsh, de Izquierda Unida,
para anular las dos normas.
Varios integrantes del bloque oficialista vienen advirtiendo
sobre la posibilidad de que si se anulan las leyes, sean los
militares de menor rango los que sean llevados ante los jueces por
violaciones a los derechos humanos, mientras podrían quedar en
libertad quienes tuvieron mayores responsabilidades.
Por eso, desde el oficialismo se reclama un fallo urgente de la
Corte, para dar por cerrada la discusión y, si las noramas son
declaradas inconstitucionales, se pueda juzgar a ex represores en
el país.
En principio, Falú afirmó que “como regla, es el Poder
Judicial” el que debe definir el tema, pero advirtió que como
“excepción”, el Congreso también puede expresar su “voluntad
política” sobre las leyes.
Ricardo Falú reclamó una “rápida respuesta por parte de la Corte”
Suprema y desestimó que se requiera la presencia de “nueve
miembros” en el Tribunal para tratar el tema, como lo señaló esta
mañana su presidente, el juez Carlos Fayt.
“Ese es un argumento que podría habérselo entendido como válido
si no urgían los tiempos, pero ahora los tiempos urgen”, enfatizó
Falú, quien recordó que “hay un plazo que ya está corriendo y ya
hay extradiciones que está pidiendo el juez (Baltasar) Garzón”,
desde España.
Para el diputado tucumano, presidente de la Comisión de Juicio
Político de la Cámara baja, “la discusión está abierta en el seno
de la sociedad y la Corte debe llevar calma a través de la
Justicia”.
Falú consideró, en declaraciones radiales formuladas esta
mañana, que la presencia del noveno miembro de la Corte -hasta
ahora hay un cargo vacante en el máximo Tribunal, por la renuncia
de Julio Nazareno- “no es imprescindible”, ya que, en todo caso,
pueden designarse “conjueces”.
Además, el presidente de la Comisión de Juicio Político
consideró que “como regla, es el Poder Judicial” el que debe
determinar si es válida o no la aplicación de las leyes de Punto
Final y Obediencia Debida, aunque consideró que en este caso, el
Congreso también puede “expedirse políticamente”.
Con respecto al proyecto de anulación de las normas que se
prevé tratar en Diputados para el 12 de agosto próximo, Falú no
descartó que la discusión en el recinto pueda dilatarse más allá
de ese día.
“Debemos dar la discusión, deberíamos estar presentes allí.
Pero si no logramos la solución más perfecta posible deberíamos
ensayar un cuarto intermedio y seguir discutiendo una o dos
semanas después”, estimó Falú, al adelantar la estrategia
planteada por un sector del bloque justicialista.
La bancada que encabeza el bonaerense José María Díaz Bancalari
terminará de definir este miércoles su postura frente al proyecto
presentado por la diputada Patricia Walsh, de Izquierda Unida,
para anular las dos normas.
Varios integrantes del bloque oficialista vienen advirtiendo
sobre la posibilidad de que si se anulan las leyes, sean los
militares de menor rango los que sean llevados ante los jueces por
violaciones a los derechos humanos, mientras podrían quedar en
libertad quienes tuvieron mayores responsabilidades.
Por eso, desde el oficialismo se reclama un fallo urgente de la
Corte, para dar por cerrada la discusión y, si las noramas son
declaradas inconstitucionales, se pueda juzgar a ex represores en
el país.
En principio, Falú afirmó que “como regla, es el Poder
Judicial” el que debe definir el tema, pero advirtió que como
“excepción”, el Congreso también puede expresar su “voluntad
política” sobre las leyes.
