Fallo judicial permite que Municipalidad de Córdoba pague deuda con bonos nacionales
La Justicia Federal ordenó a la Nación que aplique los mecanismos necesarios para que la Municipalidad de Córdoba pueda acceder al régimen de conversión de deuda pública que permite, entre otras cosas, pagar sus obligaciones financieras con títulos públicos, bonos, letras del Tesoro o préstamos.
La resolución del juez Alejandro Sánchez Freytes es una buena noticia no sólo para la administración de Germán Kammerath, sino también para el resto de los municipios del país que reclamaron por ingresar su endeudamiento a este esquema que beneficiaba inicialmente a la Nación, las provincias y al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Después de la pesificación a 1,40 pesos de la deuda que sostenía en dólares, la Municipalidad de Córdoba pasó a deber 108 millones de pesos, de los cuales 50 millones corresponden a la emisión de bonos que realizó la Provincia a nombre de la comuna capitalina.
“Es un alivio porque la emergencia para suspender el pago de la deuda termina a fin de año. Ahora tenemos un horizonte mucho más amplio para negociar con los bancos”, indicó Laura Rodríguez Machado, secretaria de Economía y Finanzas de la Municipalidad.
El magistrado, consideró que el decreto 1.579/02 que dispone el régimen, no argumentó razones valederas como para dejar fuera del sistema a los municipios. “La exclusión debería disponerse en función del análisis concreto de la deuda, de su origen, contenido y alcances, de tal manera que su elegibilidad responda a pautas objetivas y no a una total discrecionalidad que permita manejos políticos”, subrayó el juez.
Por esto, ordenó a la Provincia que ponga a disposición del Ministerio de Economía de la Nación los documentos tendientes a que la Municipalidad de Córdoba tenga el mismo tratamiento que las jurisdicciones beneficiadas por el decreto.
La acción declarativa de certeza de Sánchez Freytes también fue valorada por Eduardo Acastello, titular de la Federación Argentina de Municipios (FAM) e intendente de Villa María.
“En conjunto los municipios deben 900 millones de dólares y quedaron injustamente afuera de este proceso de refinanciación, con el agravante de que no pueden emitir moneda”, indicó.
La Justicia Federal ordenó a la Nación que aplique los mecanismos necesarios para que la Municipalidad de Córdoba pueda acceder al régimen de conversión de deuda pública que permite, entre otras cosas, pagar sus obligaciones financieras con títulos públicos, bonos, letras del Tesoro o préstamos.
La resolución del juez Alejandro Sánchez Freytes es una buena noticia no sólo para la administración de Germán Kammerath, sino también para el resto de los municipios del país que reclamaron por ingresar su endeudamiento a este esquema que beneficiaba inicialmente a la Nación, las provincias y al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Después de la pesificación a 1,40 pesos de la deuda que sostenía en dólares, la Municipalidad de Córdoba pasó a deber 108 millones de pesos, de los cuales 50 millones corresponden a la emisión de bonos que realizó la Provincia a nombre de la comuna capitalina.
“Es un alivio porque la emergencia para suspender el pago de la deuda termina a fin de año. Ahora tenemos un horizonte mucho más amplio para negociar con los bancos”, indicó Laura Rodríguez Machado, secretaria de Economía y Finanzas de la Municipalidad.
El magistrado, consideró que el decreto 1.579/02 que dispone el régimen, no argumentó razones valederas como para dejar fuera del sistema a los municipios. “La exclusión debería disponerse en función del análisis concreto de la deuda, de su origen, contenido y alcances, de tal manera que su elegibilidad responda a pautas objetivas y no a una total discrecionalidad que permita manejos políticos”, subrayó el juez.
Por esto, ordenó a la Provincia que ponga a disposición del Ministerio de Economía de la Nación los documentos tendientes a que la Municipalidad de Córdoba tenga el mismo tratamiento que las jurisdicciones beneficiadas por el decreto.
La acción declarativa de certeza de Sánchez Freytes también fue valorada por Eduardo Acastello, titular de la Federación Argentina de Municipios (FAM) e intendente de Villa María.
“En conjunto los municipios deben 900 millones de dólares y quedaron injustamente afuera de este proceso de refinanciación, con el agravante de que no pueden emitir moneda”, indicó.
