En tanto, trascendió que la misión del FMI que se encuentra en
Buenos Aires cuestionó el hecho de que el Banco Provincia de
Buenos Aires no haya convocado aún a una licitación para contratar
a una consultora con vistas a evaluar la posibilidad de abrir
el 10 por ciento de su capital a socios privados.
El Fondo sigue insistiendo, además, en pedir un veto de la ley
que prorrogó la suspensión de ejecuciones hipotecarias.
Ante esta insistencia, el Gobierno estudia sacar una resolución
a través del Banco Central por la cual los bancos deberán elaborar
un listado completo de morosos.
El objetivo es demostrarle a la misión del FMI que los
beneficiados por la prórroga de ejecuciones representan apenas el
1 por ciento el total de tomadores del créditos del sistema
financiero.
Este porcentaje es considerado muy bajo por el equipo
económico, que pretende argumentar ante los técnicos que no es
significativa la prórroga.
En tanto, el número dos del Tesoro afirmó ante analistas de
Wall Street que el acuerdo actual de Argentina con el FMI fue
pensado como transitorio, con la idea de que un programa más
amplio se realizaría luego.
“Debemos alentar un tipo de programa sustancial que haga
diferencias para Argentina”, expresó el funcionario.
Argentina tiene actualmente un acuerdo hasta agosto con el FMI
para refinanciar una deuda de 6.700 millones de dólares, por lo
que la responsabilidad de alcanzar rápidamente un nuevo acuerdo
recae sobre el nuevo presidente Kirchner.
En tanto, trascendió que la misión del FMI que se encuentra en
Buenos Aires cuestionó el hecho de que el Banco Provincia de
Buenos Aires no haya convocado aún a una licitación para contratar
a una consultora con vistas a evaluar la posibilidad de abrir
el 10 por ciento de su capital a socios privados.
El Fondo sigue insistiendo, además, en pedir un veto de la ley
que prorrogó la suspensión de ejecuciones hipotecarias.
Ante esta insistencia, el Gobierno estudia sacar una resolución
a través del Banco Central por la cual los bancos deberán elaborar
un listado completo de morosos.
El objetivo es demostrarle a la misión del FMI que los
beneficiados por la prórroga de ejecuciones representan apenas el
1 por ciento el total de tomadores del créditos del sistema
financiero.
Este porcentaje es considerado muy bajo por el equipo
económico, que pretende argumentar ante los técnicos que no es
significativa la prórroga.
En tanto, el número dos del Tesoro afirmó ante analistas de
Wall Street que el acuerdo actual de Argentina con el FMI fue
pensado como transitorio, con la idea de que un programa más
amplio se realizaría luego.
“Debemos alentar un tipo de programa sustancial que haga
diferencias para Argentina”, expresó el funcionario.
Argentina tiene actualmente un acuerdo hasta agosto con el FMI
para refinanciar una deuda de 6.700 millones de dólares, por lo
que la responsabilidad de alcanzar rápidamente un nuevo acuerdo
recae sobre el nuevo presidente Kirchner.
