El Poder Ejecutivo anunció el envío de un proyecto de ley para extender la moratoria previsional. Este mecanismo, que se comenzó a aplicar en 2005, permitía “comprar” aportes que debieron haber sido hechos en el período previo a 1993 en condiciones ventajosas para acceder a una jubilación. Con el proyecto, se propone extender este plazo permitiendo “comprar” aportes que debieron haber sido realizados hasta 2003.
Si bien el objetivo declarado en las moratorias pasadas fue paliar situaciones de vulnerabilidad social entre los adultos mayores, en la práctica, el acceso a los beneficios fue indiscriminado. Cualquier persona, independientemente de su nivel socioeconómico, consiguió una jubilación, señala el informe número 551 del Instituto de Desarrollo Económico y Social Argentino (Idesa).
Así, se distribuyeron 2,6 millones de jubilaciones sin aportes incluso entre personas que ya tenían cobertura. Se estima que más de 1 millón de personas ya tenían cobertura previsional, es decir, sumaron una nueva jubilación a una pensión.
Las moratorias suponen que todo adulto mayor que no cobre jubilación enfrenta una situación de vulnerabilidad social. Sin embargo, las encuestas de hogares del INDEC muestran un panorama diferente.
Según esta fuente oficial se observa que:
- En 2004, había aproximadamente 1,8 millones de personas en edad de jubilarse sin cobertura previsional de las cuales el 20% formaban parte de los hogares que se ubicaban en el primer quintil de la distribución del ingreso.
- En 2010, luego de las primeras moratorias, había 740 mil personas en edad de jubilarse sin cobertura de las cuales el 20% integraban los hogares más pobres.
- En 2013, se estiman en 1 millón las personas en edad de jubilarse sin cobertura de las cuales el 23% forman parte de las familias de más bajos ingresos.
Estos datos muestran que gracias a las moratorias disminuyó la cantidad de adultos mayores sin cobertura previsional, aunque el proceso comenzó a revertirse en la presente década.
También muestran que la proporción de adultos mayores en situación de vulnerabilidad social prácticamente no se modificó.
Tanto antes como después de las moratorias aproximadamente 1 de cada 4 adultos mayores sin jubilación forman parte de los hogares más pobres. Esto confirma –como era previsible dado el rudimentario diseño de las moratorias– que sólo una parte minoritaria de las jubilaciones distribuidas favorecieron la inclusión social. La mayoría fue en beneficio de adultos mayores que ocupan los segmentos medios y altos en la distribución del ingreso.
Las moratorias constituyen un irracional derroche de recursos públicos. Generan jugosos honorarios a intermediarios y una enorme hipoteca al sistema previsional. Tan paradójico como injusto resulta que ANSES regale indiscriminadamente jubilaciones mientras no cumple con los jubilados que hicieron aportes, acumulando miles de juicios.
Según el Presupuesto Nacional, el gasto de las moratorias equivale a 2,5% del PBI ó la mitad del gasto que generan las jubilaciones de las personas que hicieron aportes.
En la experiencia internacional, se encuentran estrategias mucho más inteligentes.
En algunos casos, como Uruguay, vienen poniendo énfasis en reducir la informalidad, perfeccionar el sistema previsional mixto, que combina reparto con capitalización, y para los adultos mayores en situación de vulnerabilidad establecen prestaciones no contributivas focalizadas.
Otros países contemplan prestaciones no contributivas universales y en paralelo ofrecen alternativas para aumentar el haber a través de ahorros previsionales voluntarios.
El anuncio de que la extensión de las moratorias viene con la intención de focalizar en gente de bajos recursos es positivo, pero no resuelve su inconsistencia central. En lugar de seguir improvisando es fundamental reformar el sistema previsional.
Las moratorias promueven la informalidad laboral ya que llevan a aplicar impuestos al salario muy altos que no son compensados con prestaciones proporcionales al esfuerzo contributivo.
Con un sistema previsional mejor organizado es factible reducir la informalidad y darle viabilidad a un sistema de prestaciones no contributivas, financiado con rentas generales, que garantice que ningún adulto mayor sea condenado a situación de pobreza.
