Entel se resiste a morir
A más de 10 años de su privatización, la antigua empresa estatal de telecomunicaciones no ha sido disuelta, aunque falta poco para que ello suceda. Ahora cambió su conducción.
Diez años y medio después de haber sido privatizada, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) aún no ha sido liquidada y el gobierno acaba de disponer el que acaso sea su último cambio de autoridades.
Mediante una resolución publicada el miércoles 17 en el Boletín Oficial, el ministro de Economía dispuso el cese de Juan Manuel Collazo y Eduardo Marquardt, respectivamente titular y subtitular de la Unidad de Cierre de la Entel en liquidación, y designó al frente de ella a Enrique Ipiña.
Collazo y Marquardt (este último es recordado por su actuación como juez durante el último gobierno militar) ocupaban esos cargos desde agosto de 1999, cuando fueron designados por la administración Menem.
En febrero, el gobierno anunció su propósito de concluir antes del 30 de junio el trámite de liquidación de los 23 entes residuales de empresas privatizadas.
En el caso de Entel, una resolución del ministro de Economía fijó ese término en 90 días corridos a partir del 24 de marzo.
A mediados de febrero, el diario La Nación publicó, y no fue desmentido, que esos 23 entes empleaban a 1.753 personas, que su funcionamiento entre esa fecha y fines de junio costaría US$ 8,53 millones y que en conjunto deben US$ 900 millones, a los que deberían agregarse US$ 200 millones por juicios pendientes.
A mediados de 1999, Entel tenía 65 empleados. Actualmente quedan 38 y la empresa debe US$ 80 millones.
Diez años y medio después de haber sido privatizada, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) aún no ha sido liquidada y el gobierno acaba de disponer el que acaso sea su último cambio de autoridades.
Mediante una resolución publicada el miércoles 17 en el Boletín Oficial, el ministro de Economía dispuso el cese de Juan Manuel Collazo y Eduardo Marquardt, respectivamente titular y subtitular de la Unidad de Cierre de la Entel en liquidación, y designó al frente de ella a Enrique Ipiña.
Collazo y Marquardt (este último es recordado por su actuación como juez durante el último gobierno militar) ocupaban esos cargos desde agosto de 1999, cuando fueron designados por la administración Menem.
En febrero, el gobierno anunció su propósito de concluir antes del 30 de junio el trámite de liquidación de los 23 entes residuales de empresas privatizadas.
En el caso de Entel, una resolución del ministro de Economía fijó ese término en 90 días corridos a partir del 24 de marzo.
A mediados de febrero, el diario La Nación publicó, y no fue desmentido, que esos 23 entes empleaban a 1.753 personas, que su funcionamiento entre esa fecha y fines de junio costaría US$ 8,53 millones y que en conjunto deben US$ 900 millones, a los que deberían agregarse US$ 200 millones por juicios pendientes.
A mediados de 1999, Entel tenía 65 empleados. Actualmente quedan 38 y la empresa debe US$ 80 millones.
