Se estima que, la inflación acumulada entre marzo y septiembre llegaría a 10%, por lo que habrá una mejora real de los haberes que ajustan por movilidad.
Más aún, la suba acumulada a lo largo del año (en marzo trepó 12,96%) alcanza el 28%, superando en 5 puntos a la inflación esperada por el mercado (+22% anual), según se desprende del último informe presentado por la consultora Ecolatina.
Casi la mitad del gasto primario ajusta por Ley de Movilidad Jubilatoria. En contextos de marcada desaceleración de la inflación, el mecanismo de indexación tiende a elevar los gastos ajustados por dicha ley, dificultando la reducción del déficit fiscal.
A modo de ejercicio de equilibrio parcial, puede verse que una dinámica en que los gastos previsionales se mueven de acuerdo a la inflación pasada, mientras que el resto de las erogaciones y los recursos lo hacen de acuerdo a la nominalidad vigente, se deriva que por cada punto de desaceleración de la tasa anual de inflación se genera un aumento del déficit primario de 0,1 puntos porcentuales del PBI (producto del desfasaje de la Ley de Movilidad Jubilatoria).
El efecto que contrarresta parcialmente este fenómeno es el crecimiento de los ingresos del sector público que genera la mejora de los ingresos reales de los sectores beneficiados por la Ley de Movilidad Jubilatoria. A esto se suma los beneficios económicos del descenso de la inflación. Estos argumentos han sido mencionados por el oficialismo a la hora de transmitir optimismo sobre la situación fiscal, pero es muy complejo cuantificar su impacto.
En un contexto como el de este año donde se espera una baja de alrededor 15 puntos de la inflación, ello generaría un cargo adicional de 1,5% del PBI para las cuentas fiscales.
En síntesis, la reducción del déficit fiscal prevista en el mediano plazo por el gobierno exige un esfuerzo mayor en un contexto de desinflación: lograr que los gastos primarios crezcan en línea con la inflación cuando 45% del mismo lo hace por encima (por el rezago de la Ley de Movilidad Jubilatoria en un contexto de desaceleración del alza de precios), exige una reducción sostenida del 55% de las erogaciones primarias restantes.
