Al no mejorar las condiciones, se extendieron por 8 meses los beneficios impositivos provistos por la Ley de Emergencia Agropecuaria N° 26.509.
De acuerdo con el último Censo Nacional Agropecuario (2021), en Argentina el 85% del territorio es destinado al uso agropecuario y forestal. Esto pone a los agronegocios en el primer lugar como principal motor económico y productivo del país.
La sequía severa que se sostuvo desde noviembre 2022 y comenzó a disminuir a partir de marzo de 2023 afectó duramente al sector agroganadero. Se retrasaron las siembras, aparecieron plagas que afectaron las producciones y pasturas y hubo una merma en el forraje que, sumados a los problemas para el abastecimiento de bebida animal produjo, no solo la pérdida de ganado, sino también una disminución de los índices de preñez, pérdida de estado corporal y baja de rendimiento.
En enero, se emitieron los primeros Boletines Oficiales que declaraban en estado de emergencia y/o desastre agropecuario a 13 provincias. A su vez, 4 provincias tomaron medidas locales para mitigar la crisis hasta que fueran homologadas por el Gobierno Nacional. Febrero fue el mes más afectado por la sequía y se vieron comprometidas 173.626.316 hectáreas de siembra y 24.333.868 cabezas de ganado bovino.
Por ello, el Gobierno Nacional publicó un nuevo Decreto en el que se declara el estado de emergencia y/o desastre hasta el 31 de diciembre 2023. Según esta legislación, los contribuyentes cuya actividad principal sea la agricultura o la ganadería y el inmueble en el que desarrolle la actividad principal se encuentre ubicado en una zona de emergencia y/o desastre agropecuario por sequía declarada, homologada y vigente, obtendrán automáticamente los beneficios dispuestos por la Ley N°26.509 y sus modificatorias.
Con anterioridad a esta flexibilización del procedimiento de adhesión a los beneficios de la Ley mencionada, los productores afectados por la emergencia debían realizar la solicitud con clave fiscal en la Web de la AFIP. “En esa instancia, además de manifestar la condición de beneficiario de la medida y que la explotación afectada constituye su actividad principal, debían adjuntar el certificado de emergencia extendido por la autoridad competente de la provincia respectiva y la documentación que acreditara la calidad de titular o, en su caso, de locatario o arrendatario del inmueble afectado”, explica Julia Adano, socia de impuestos y referente de agronegocios en Grant Thornton Argentina.
“A partir de las disposiciones emanadas del decreto 193/23 y de la Resolución General (AFIP) 5.350 los contribuyentes deberán únicamente tramitar el certificado de emergencia agropecuaria ante la autoridad provincial competente y será ésta la encargada de informar a la AFIP para que asigne las caracterizaciones correspondientes, las cuales podrán ser luego consultadas”, aclara Adano.
Lo que se viene
Según los modelos dinámicos y estadísticos del Servicio Meteorológico Nacional, en promedio, en el trimestre junio-julio-agosto 2023 (JJA), hay un 92% de probabilidad de desarrollo de una fase climática “El Niño”, caracterizada por precipitaciones superiores a las normales y se prevé que dure todo el invierno.
Lejos de ser un completo alivio para gran parte del país, las lluvias luego de largos períodos de sequía pueden perjudicar fuertemente al sector ganadero y provocar la pérdida de ganado por intoxicación con nitratos.
En estos casos, es importante la planificación, tanto agronómica como financiera, ya que en muchas ocasiones la prevención implicaría la compra de forraje o el uso de cereales destinados a otro fin.
En este sentido, Julia Adano comenta que la Resolución General 5.350 también contempla un plan de facilidades de pago por deudas derivadas de obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social vencidas al 31 de marzo de 2023, incluidos sus intereses y multas, cargos suplementarios por tributos a la importación o exportación y liquidaciones de estos y sus intereses. “Teniendo en cuenta la situación particular de cada contribuyente, la actividad que desarrolla y el contexto, puede ser conveniente considerar la utilización del plan que, si bien no implica la reducción de intereses ni la liberación de sanciones, permite la financiación de las deudas en cuotas y puede proporcionar un alivio”, concluye.
Argentina en el panorama internacional
Luego de los récords de exportación en el volumen acumulado anual en los puertos de Quequén y Bahía Blanca en 2022, con 7.553.681 y 31.409.347 toneladas de granos movilizadas respectivamente, la Secretaría de Agricultura de la Nación calcula que el saldo nacional exportable de granos y subproductos se reducirá en un 42,8% con relación al 2022 y se proyectan 1.285 barcos cargueros menos ingresando a los diferentes puertos de Argentina para transportar exportaciones.
“Esta baja de exportaciones afecta en un monto significativo los ingresos de divisas. Esto significa menos reservas para el Banco Central y también una menor recaudación fiscal impactando de manera negativa en nuestra macroeconomía”, comenta Arnaldo Hasenclever, director del International Business Center de Grant Thornton Argentina.
Durante marzo 2023, la exportación de cereales se redujo en un 56% en comparación al mismo mes del año anterior. Esto se debe a que la falta de humedad superficial condicionó el avance de la siembra de la campaña 2022/2023, viéndose comprometida principalmente la siembra de soja de segunda y maíz temprano. “La soja también se vio afectada por la baja de los precios internacionales. Hubo buenas cosechas en Estados Unidos y en Brasil, que tuvo una cosecha récord. Sin embargo, este año la tonelada no supera los USD$600, por lo que el efecto es doble: sequía y baja en el precio”, explica Hasenclever.
“La industria del transporte también se ve afectada, pues el traslado de los cereales hacia los puertos ha disminuido. De hecho, también se ven menos camiones cerealeros en la ruta. De igual manera, se ven perjudicadas las economías regionales afectando a los pueblos del interior. Por más que se haya puesto un dólar soja o un valor diferencial para otros cereales y conceptos, estos no compensan las pérdidas que produjo la crisis por la sequía”, concluye el ejecutivo.
