El Senado marcó el ritmo

Los sucesos en la Cámara alta marcaron, casi exclusivamente, el ritmo en la política nacional de esta semana. Una nota publicada en el diario La Nación, firmada por Joaquín Morales Solá parecía confirmar lo que había denunciado, algún tiempo atrás, el líder sindical Hugo Moyano. Luego se sumaron algunos senadores del PJ , Cafiero y Villaverde, quienes presentaron una cuestión de privilegio para que se tratara el tema en el recinto.

Cuando fue interrogado por sus pares del Senado, Cafiero reveló que tiene “la certeza de que hubo sobornos” en la aprobación de la ley laboral, aunque aclaró que no tiene pruebas.

El vicepresidente de la Nación, Carlos Alvarez, también se puso al frente de las investigaciones; el viernes por la mañana, declaró a los periodistas cuando ingresaba a los tribunales, su intención de renunciar a la presidencia del Senado, si no se esclarecen los hechos que afectan la honorabilidad del cuerpo. Algunos especialistas en Derecho Constitucional, coincidieron en que una decisión de ese tipo implicaría ,de hecho, la renuncia a la vicepresidencia de la Nación.

Alvarez había llamado al juez Carlos Liporaci para ponerse a su disposición y ratificar la denuncia que había presentado el martes en el juzgado del juez Jorge Urso. La lista de personas llamadas a declarar por Liporaci incluiría a veinte senadores, los ministros Alberto Flamarique y Rodolfo Terragno, el titular de la SIDE, Fernando de Santibañes y los sindicalistas Hugo Moyano, Saúl Ubaldini y Juan Manuel Palacios.

Pero el episodio tal vez más espectacular y menos esperado de la semana política fue la presencia espontánea del ministro de Trabajo–Alberto Flamarique– en el Senado y exigir precisiones sobre las versiones que lo involucran en actos de corrupción.

A las tres de la madrugada del jueves, el ministro de Trabajo y el vicepresidente Alvarez mantuvieron una conversación en la cual, según trascendió hubo coincidencias en que la situación era insoportable y requería ser enfrentada sin vacilaciones para sostener en alto la bandera de la transparencia del Frepaso y, por ende, de la Alianza.

Ese mismo día el director de la Oficina Anticorrupción-–José Massoni– recibió del titular de la SIDE–Fernando de Santibañes– un informe sobre los gastos del organismo correspondientes a los últimos cinco períodos. De acuerdo a versiones fidedignas, en el documento se detalla con prolijidad los gastos reservados correspondientes al ejercicio de su cargo y se mostraría que entre enero y junio – lapso de tratamiento de la ley de reforma laboral – no hubo variación en el promedio mensual de erogaciones que pudiera explicar el uso de una suma importante de dinero.

Todas las cabezas políticas del Frepaso, con excepción del socialista Alfredo Bravo – había votado contra la sanción de la cuestionada ley – expresaron en conferencia de prensa el apoyo al ministro de Trabajo. Se hallaban presentes Carlos Alvarez, Graciela Fernández Meijide, Aníbal Ibarra y diversos políticos del Socialismo Popular, la Democracia Cristiana y el Partido Intransigente.

Dentro del marco de la oleada informativa vinculada con el tema de la corrupción, el jueves se destacó el procesamiento por enriquecimiento ilícito y el embargo de bienes por tres millones de pesos dispuestos por el juez federal Juan José Galeano contra María Julia Alsogaray. El magistrado dispuso ,a la vez, que mientras dure el proceso no podrá ejercer cargos públicos y denunció que la ingeniera Alsogaray, junto con su padre, es responsable de maniobras tendientes a entorpecer la investigación.

A la procesada le queda abierto el camino de la apelación ante la cámara Federal. Si ésta confirma el fallo, se hará efectivo el embargo.

Los sucesos en la Cámara alta marcaron, casi exclusivamente, el ritmo en la política nacional de esta semana. Una nota publicada en el diario La Nación, firmada por Joaquín Morales Solá parecía confirmar lo que había denunciado, algún tiempo atrás, el líder sindical Hugo Moyano. Luego se sumaron algunos senadores del PJ , Cafiero y Villaverde, quienes presentaron una cuestión de privilegio para que se tratara el tema en el recinto.

Cuando fue interrogado por sus pares del Senado, Cafiero reveló que tiene “la certeza de que hubo sobornos” en la aprobación de la ley laboral, aunque aclaró que no tiene pruebas.

El vicepresidente de la Nación, Carlos Alvarez, también se puso al frente de las investigaciones; el viernes por la mañana, declaró a los periodistas cuando ingresaba a los tribunales, su intención de renunciar a la presidencia del Senado, si no se esclarecen los hechos que afectan la honorabilidad del cuerpo. Algunos especialistas en Derecho Constitucional, coincidieron en que una decisión de ese tipo implicaría ,de hecho, la renuncia a la vicepresidencia de la Nación.

Alvarez había llamado al juez Carlos Liporaci para ponerse a su disposición y ratificar la denuncia que había presentado el martes en el juzgado del juez Jorge Urso. La lista de personas llamadas a declarar por Liporaci incluiría a veinte senadores, los ministros Alberto Flamarique y Rodolfo Terragno, el titular de la SIDE, Fernando de Santibañes y los sindicalistas Hugo Moyano, Saúl Ubaldini y Juan Manuel Palacios.

Pero el episodio tal vez más espectacular y menos esperado de la semana política fue la presencia espontánea del ministro de Trabajo–Alberto Flamarique– en el Senado y exigir precisiones sobre las versiones que lo involucran en actos de corrupción.

A las tres de la madrugada del jueves, el ministro de Trabajo y el vicepresidente Alvarez mantuvieron una conversación en la cual, según trascendió hubo coincidencias en que la situación era insoportable y requería ser enfrentada sin vacilaciones para sostener en alto la bandera de la transparencia del Frepaso y, por ende, de la Alianza.

Ese mismo día el director de la Oficina Anticorrupción-–José Massoni– recibió del titular de la SIDE–Fernando de Santibañes– un informe sobre los gastos del organismo correspondientes a los últimos cinco períodos. De acuerdo a versiones fidedignas, en el documento se detalla con prolijidad los gastos reservados correspondientes al ejercicio de su cargo y se mostraría que entre enero y junio – lapso de tratamiento de la ley de reforma laboral – no hubo variación en el promedio mensual de erogaciones que pudiera explicar el uso de una suma importante de dinero.

Todas las cabezas políticas del Frepaso, con excepción del socialista Alfredo Bravo – había votado contra la sanción de la cuestionada ley – expresaron en conferencia de prensa el apoyo al ministro de Trabajo. Se hallaban presentes Carlos Alvarez, Graciela Fernández Meijide, Aníbal Ibarra y diversos políticos del Socialismo Popular, la Democracia Cristiana y el Partido Intransigente.

Dentro del marco de la oleada informativa vinculada con el tema de la corrupción, el jueves se destacó el procesamiento por enriquecimiento ilícito y el embargo de bienes por tres millones de pesos dispuestos por el juez federal Juan José Galeano contra María Julia Alsogaray. El magistrado dispuso ,a la vez, que mientras dure el proceso no podrá ejercer cargos públicos y denunció que la ingeniera Alsogaray, junto con su padre, es responsable de maniobras tendientes a entorpecer la investigación.

A la procesada le queda abierto el camino de la apelación ante la cámara Federal. Si ésta confirma el fallo, se hará efectivo el embargo.