El Senado dio media sanción al Pacto Fiscal
El Senado dio media sanción al Pacto Fiscal firmado entre la Nación y las provincias, acuerdo cuya ratificación parlamentaria es reclamada por el Poder Ejecutivo y el Fondo Monetario.
La iniciativa fue aprobada por amplia mayoría debido a que sus
disposiciones también favorecen a las provincias, como la
coparticipación de una porción del Impuesto al Cheque y el
compromiso de la Nación de hacerse cargo de las deudas
provinciales si cumplen con su parte del pacto.
Al defender el proyecto, el jefe del bloque de senadores
peronistas, José Luis Gioja, aseguró que la ratificación del
acuerdo “es de primerísima necesidad”, y rechazó las versiones que
señalan a las provincias como responsables del estancamiento de
las negociaciones con el FMI.
“No comparto para nada algunos comentarios que le echan la
culpa de las dificultades financieras a las provincias. Las
provincias han cumplido sus metas, han recibido muchos servicios
por parte de la Nación sin recibir las partidas correspondientes”,
afirmó.
También en favor del acuerdo se manifestó el formoseño Miguel
Angel Mayans (PJ), quien destacó la importancia que para las
administraciones provinciales tiene la cláusula que promueve la
renegociación de las deudas que tienen los distritos.
Por su parte, Jorge Busti (Entre Ríos-PJ) también resaltó el
esfuerzo que hacen los distritos, al señalar que “la salud y la
educación públicas están en manos de las provincias argentinas”.
En ese sentido, Busti dijo que votaría positivamente el pacto
proque lo habían firmado los gobernadores, aunque trazó algunas
objeciones al proyecto.
Por ejemplo, consideró que la libre disponibilidad de los
fondos específicos (artículo 2) “puede terminar con la obra
pública, que es una fuente de generación de trabajo en las
provincias”.
La única voz que se alzó en contra del acuerdo fiscal fue la de
la senadora Vilma Ibarra (Frepaso), quien aseguró que el texto
sometido a tratamiento “no hará otra cosa que traer más penurias y
ajustes”.
El Pacto Fiscal es reclamado por las provincias, ya que
contiene una serie de beneficios que le permitirá acceder a fondos
frescos para aliviar la difícil situación económica y financiera
que atraviesan los distritos.
Así, establece la coparticipación entre la Nación y las
provincias del 30 por ciento del producido por el impuesto a las
transferencias financieras.
Esto implica que las provincias recibirán aproximadamente un
14,6 por ciento de la recaudación de la alícuota, una de las
principales fuentes de recaudación tributaria que tiene el
Estado.
Además, se deja sin efecto la asignación de 2.154 Millones de
pesos anuales al sistema integrado de jubilaciones y pensiones,
que ahora estarán a disponibilidad de las administraciones
provinciales.
Es más, por el artículo segundo del pacto, las provincias
tendrán libre disponibilidad sobre los fondos que reciban, es
decir que ya no estarán obligados a cumplir con el destino
específico que tienen algunos impuestos, como es el caso del
FONAVI.
Por el contrario, con la aprobación del acuerdo las provincias
resignaron su pretensión de tener garantizado un piso de fondos a
ser repartidos entre las provincias (el anteúltimo acuerdo había
establecido una reducción del 13 por ciento a los 1.364 Millones
de pesos ya que se repartirá de acuerdo a los que se recaude).
La segunda parte del acuerdo es decididamente programática, ya
que establece una serie de compromisos a cumplir en el futuro,
tanto por la Nación como por los estados provinciales.
Así, se deja constancia de la intención de aprobar, antes del
31 de diciembre próximo, una nueva ley que contemple un régimen
integral de coparticipación federal de impuestos.
Tal vez el punto más importante para el Poder Ejecutivo es que
se deja establecido que la Nación se hará cargo de la
refinanciación de las deudas provinciales y los administraciones
reducen en un 60 por ciento sus déficits presupuestarios.
Esta condición figura en el artículo octavo del pacto y está
supeditado no sólo a la ratificación parlamentaria del Congreso
Nacional, sino también a la aprobación de las respectivas
legislaturas provinciales.
Además, se establece la pesificación de las deudas provinciales
a una relación de cambio de un dólar a 1,40 peso más la aplicación
de una tasa de 4 por ciento anual y el ajuste mensual por el
coeficiente de estabilización de referencia (CER) creado por el
decreto 214.
Fuente: Noticias Argentinas
La iniciativa fue aprobada por amplia mayoría debido a que sus
disposiciones también favorecen a las provincias, como la
coparticipación de una porción del Impuesto al Cheque y el
compromiso de la Nación de hacerse cargo de las deudas
provinciales si cumplen con su parte del pacto.
Al defender el proyecto, el jefe del bloque de senadores
peronistas, José Luis Gioja, aseguró que la ratificación del
acuerdo “es de primerísima necesidad”, y rechazó las versiones que
señalan a las provincias como responsables del estancamiento de
las negociaciones con el FMI.
“No comparto para nada algunos comentarios que le echan la
culpa de las dificultades financieras a las provincias. Las
provincias han cumplido sus metas, han recibido muchos servicios
por parte de la Nación sin recibir las partidas correspondientes”,
afirmó.
También en favor del acuerdo se manifestó el formoseño Miguel
Angel Mayans (PJ), quien destacó la importancia que para las
administraciones provinciales tiene la cláusula que promueve la
renegociación de las deudas que tienen los distritos.
Por su parte, Jorge Busti (Entre Ríos-PJ) también resaltó el
esfuerzo que hacen los distritos, al señalar que “la salud y la
educación públicas están en manos de las provincias argentinas”.
En ese sentido, Busti dijo que votaría positivamente el pacto
proque lo habían firmado los gobernadores, aunque trazó algunas
objeciones al proyecto.
Por ejemplo, consideró que la libre disponibilidad de los
fondos específicos (artículo 2) “puede terminar con la obra
pública, que es una fuente de generación de trabajo en las
provincias”.
La única voz que se alzó en contra del acuerdo fiscal fue la de
la senadora Vilma Ibarra (Frepaso), quien aseguró que el texto
sometido a tratamiento “no hará otra cosa que traer más penurias y
ajustes”.
El Pacto Fiscal es reclamado por las provincias, ya que
contiene una serie de beneficios que le permitirá acceder a fondos
frescos para aliviar la difícil situación económica y financiera
que atraviesan los distritos.
Así, establece la coparticipación entre la Nación y las
provincias del 30 por ciento del producido por el impuesto a las
transferencias financieras.
Esto implica que las provincias recibirán aproximadamente un
14,6 por ciento de la recaudación de la alícuota, una de las
principales fuentes de recaudación tributaria que tiene el
Estado.
Además, se deja sin efecto la asignación de 2.154 Millones de
pesos anuales al sistema integrado de jubilaciones y pensiones,
que ahora estarán a disponibilidad de las administraciones
provinciales.
Es más, por el artículo segundo del pacto, las provincias
tendrán libre disponibilidad sobre los fondos que reciban, es
decir que ya no estarán obligados a cumplir con el destino
específico que tienen algunos impuestos, como es el caso del
FONAVI.
Por el contrario, con la aprobación del acuerdo las provincias
resignaron su pretensión de tener garantizado un piso de fondos a
ser repartidos entre las provincias (el anteúltimo acuerdo había
establecido una reducción del 13 por ciento a los 1.364 Millones
de pesos ya que se repartirá de acuerdo a los que se recaude).
La segunda parte del acuerdo es decididamente programática, ya
que establece una serie de compromisos a cumplir en el futuro,
tanto por la Nación como por los estados provinciales.
Así, se deja constancia de la intención de aprobar, antes del
31 de diciembre próximo, una nueva ley que contemple un régimen
integral de coparticipación federal de impuestos.
Tal vez el punto más importante para el Poder Ejecutivo es que
se deja establecido que la Nación se hará cargo de la
refinanciación de las deudas provinciales y los administraciones
reducen en un 60 por ciento sus déficits presupuestarios.
Esta condición figura en el artículo octavo del pacto y está
supeditado no sólo a la ratificación parlamentaria del Congreso
Nacional, sino también a la aprobación de las respectivas
legislaturas provinciales.
Además, se establece la pesificación de las deudas provinciales
a una relación de cambio de un dólar a 1,40 peso más la aplicación
de una tasa de 4 por ciento anual y el ajuste mensual por el
coeficiente de estabilización de referencia (CER) creado por el
decreto 214.
Fuente: Noticias Argentinas
