Muchas mujeres adultas y jóvenes, que podrían trabajar, no lo hacen por la falta de oportunidades y aletargadas por la proliferación del asistencialismo. Para revertir el fenómeno se requiere capacidad de diálogo, audacia política y profesionalismo, analiza el Instituto de Desarrollo Económico y Social Argentino (Idesa), en su informe número 630.
Una señal auspiciosa es la decisión de normalizar el INDEC. El problema arrancó cuando en 2007 el gobierno apeló a manipular la medición de la inflación con la confesa intención de pagar menos intereses de deuda pública. Como era previsible, la burda acción demolió el crédito público y degradó el sistema de estadísticas oficiales.
Las maniobras de este tipo se multiplicaron y cayó en picada la credibilidad.
En este marco, los últimos datos de desempleo difundidos por el gobierno, antes de dejar el poder, señalan que la tasa de desempleo habría caído a menos del 6% de la población activa en el 3° trimestre del 2015, el nivel más bajo desde la década del ’80.
La sospecha es que se trata de otro acto de propaganda oficial más que de un indicador fiel.
Reconstruir el sistema estadístico oficial y arreglar las consecuencias de haber querido cambiar la realidad con la manipulación demandará tiempo e inteligencia. Entretanto, habrá que extremar los recaudos para diagnosticar correctamente en base a la limitada y poco confiable información disponible.
En relación al mercado de trabajo, además del desempleo, es muy importante observar la tasa de participación laboral. Según los datos del INDEC, entre el 2° trimestre de 2004 y el mismo período de 2015, se observa que:
- En la población con entre 20 años y la edad de jubilarse la proporción que trabaja o busca trabajo pasó de 78% a 75%.
- Entre las mujeres entre 30 y 59 años, la participación laboral pasó de 67% a 66%.
- Para los jóvenes de entre 20 y 30 años, la participación laboral pasó de 73% a 65%.
Estos datos señalan que el grueso de los problemas laborales no está constituido por el desempleo (es decir, personas que buscan trabajo y no lo encuentran) sino en la alta y creciente inactividad laboral (es decir, personas en edad de trabajar que no lo hacen ni manifiestan intenciones de hacerlo).
Actualmente, 1 de cada 4 personas de entre 20 años y la edad jubilatoria no participa del mercado laboral. El fenómeno se agrava entre las mujeres y los jóvenes donde 1 de cada 3 personas elige la inactividad laboral.
Que la inactividad laboral sea tan alta entre las mujeres adultas y los jóvenes refleja comportamientos propios de sociedades más atrasadas y conservadoras con fuerte preeminencia masculina.
El núcleo central del mercado de trabajo son los varones entre 30 y 64 años de edad con tasas de actividad del 93%, mientras una gran cantidad de mujeres adultas quedan relegadas a las actividades domésticas y los jóvenes sólo a estudiar, ayudar en el hogar o no hacer nada.
Muchos factores explican este fenómeno, pero uno de particular importancia es la forma en que se instrumentó la política asistencial de la última década. Defectos en el diseño y la administración de las pensiones no contributivas, la Asignación Universal por Hijo y el PROGRESAR, entre las intervenciones más relevantes, inducen a la inactividad laboral entre las mujeres y jóvenes en edad de trabajar.
La inactividad laboral cercena oportunidades de progreso. Lo hace en el plano individual, familiar y colectivo. En los hogares donde, además del varón jefe de hogar, también trabajan la pareja y los jóvenes en edad de hacerlo, el ingreso per cápita es más alto.
Más importante aún es que cuando las mujeres participan del mercado laboral la maternidad tiende a postergarse, la tasa de fecundidad a reducirse y, con ello, se abren nuevos horizontes de oportunidades laborales y profesionales para ellas. En el mediano plazo esto se traduce en mejor educación de los hijos.
Por eso, en materia social, el principal desafío es alentar entre las mujeres adultas y los jóvenes la cultura del trabajo.
Activar laboral y productivamente a estas personas requiere un entramado muy bien coordinado de políticas públicas.
Incluye replantear la política económica (para generar crecimiento de la producción), la política laboral (procurando instituciones laborales que estimulen la generación de empleos de calidad y no discriminen a los jóvenes y las mujeres), la política educativa (promoviendo la educación para el trabajo) y la política asistencial (cambiando la cultura de la dádiva por la de la acción para el progreso personal). Para ello se requiere diálogo, audacia política y profesionalidad.
