En el informe número 515 del Instituto de Desarrollo Económico y Social se pone de relieve una evidencia bastante contundente de que, más allá de los discursos, el temido “ajuste” no es una opción de política, sino un camino inevitable originado en decisiones equivocadas y el despilfarro cometidos en la última década.
Mientras que en las sociedades que progresan el presupuesto público es una institución de trascendental importancia para movilizar análisis técnico y diálogo político, en la Argentina es un instrumento degradado cuya trascendencia apenas alcanza para generar algunos previsibles y conocidos cuestionamientos.
La consecuencia es que se pierde la oportunidad de discutir con transparencia y espíritu democrático la programación de las actividades del Estado. Constituye un testimonio más del severo proceso de deterioro institucional.
Sin minimizar la gravedad de esta condenable práctica, se puede recuperar información valiosa del proyecto de Presupuesto 2014.
Desde el punto de vista de avizorar el futuro próximo es muy interesante observar que el Poder Ejecutivo propone realizar una fuerte reducción del déficit fiscal.
Mientras que se estima terminar el año 2013 en la Administración Pública Nacional con un déficit del orden de los $45 mil millones, para el año 2014 se proyecta un superávit fiscal de $870 millones.
Aunque es obvia la necesidad de recomponer el estado de las finanzas públicas, resulta llamativo que el oficialismo la reconozca. Más interesante aún es la forma en que las autoridades piensan que se podría revertir el desequilibrio fiscal.
En este sentido, el proyecto enviado al Congreso Nacional propone para el año 2014 que:
- Las jubilaciones crezcan un 22%.
- Los salarios públicos aumenten un 17%.
- Los subsidios económicos a empresas públicas y privadas deficitarias se incrementen sólo en un 3%.
Estos datos del Presupuesto 2014 explicitan la magnitud del “ajuste” fiscal que se necesita, según la visión oficial, para recomponer y dar viabilidad a las finanzas públicas.
Mientras que el crecimiento de los precios, según las mediciones privadas de inflación que publica el Congreso Nacional, ronda el 25% anual, el presupuesto propone aumentos para jubilaciones y salarios públicos significativamente más bajos y prácticamente congelar a valores nominales los subsidios económicos.
Para detener el crecimiento nominal de los subsidios se necesita un cambio brusco de política respecto a las empresas estatizadas y privadas deficitarias.
Según información publicada por la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), en base a datos oficiales, los subsidios económicos hasta julio del 2013 vienen creciendo a una tasa del 46% anual.
Con esta dinámica, la única manera de concretar en la realidad el cambio que se propone en el Presupuesto 2014 es con un “tarifazo” de magnitudes importantes.
De otra forma, es impensable que se pueda seguir brindando los servicios actualmente subsidiados, con un recorte tan abrupto de la asistencia del Estado nacional.
Aunque los cambios subyacentes en el Presupuesto 2014 son muy profundos y políticamente muy difíciles de instrumentar, resultan modestos frente a la magnitud de los desequilibrios acumulados.
Prueba de ello es que se está proyectando la necesidad de transferir en el año 2014 al Tesoro nacional $57 mil millones desde el Banco Central y $28 mil millones desde la ANSES.
En otras palabras, si se quisiera dejar de financiar al Tesoro nacional con emisión monetaria y fondos de los jubilados, se necesitaría una “ajuste” adicional del orden de los $85 mil millones.
El crecimiento desaforado de los subsidios, el otorgamiento indiscriminado de jubilaciones con las moratorias y el masivo nombramiento de empleados públicos ha llevado a una situación en la que el “ajuste” es inevitable. Si se opta por profundizar el vaciamiento de la ANSES y acelerar la emisión monetaria será la inflación la que forzará el “ajuste” a través de la reducción en términos reales de salarios, jubilaciones y subsidios.
Una alternativa menos costosa, aunque más compleja, es la que insinúa el gobierno en el Presupuesto 2014, pero para llevarla a la práctica se necesita valentía, convicción política y profesionalismo; atributos que ni en el oficialismo ni en gran parte de la oposición abundan.
