El PJ recurriría a la Justicia por dos decretos
Los diputados peronistas analizan alternativas contra las normas oficiales que renegocian las concesiones de la autopista Buenos Aires-La Plata y de la empresa TBA.
El bloque de diputados del justicialismo analiza llevar ante la Justicia los decretos que establecen la modificación contractual de la concesionaria de la autopista Buenos Aires-La Plata y la aprobación del acuerdo suscripto con la empresa TBA para diseñar un nuevo plan de inversiones para las líneas ferroviarias Sarmiento y Mitre.
“Sospechamos que algunos de estos decretos pueden encubrir hechos de corrupción” enfatizó el diputado Carlos Soria.
El legislador precisó que, en un primer análisis de esos decretos, se infiere que el Estado no recibe ninguna ventaja y que las empresas no cumplen con lo establecido en los respectivos contratos.
También arremetió contra la intención del Gobierno de conformar un multimedios del Estado, a partir de la disolución y liquidación de ATC y Télam; sostiene que esta iniciativa tiene como propósito “crear una agencia de campaña” para el Gobierno con miras a las próximas elecciones.
Por otra parte, la conducción del bloque de diputados del radicalismo anticipó ayer su intención de ratificar mediante una ley del Congreso el decreto de reforma previsional que dictó el Gobierno el último día de 2000.
El oficialismo necesita respaldar al decreto con una mayor seguridad jurídica, a raíz del fallo de la Justicia que ordenó suspender la aplicación de la norma la semana última; dicha resolución se aplicó a raíz de un recurso de amparo presentado por los diputados Elisa Carrió (UCR) y los socialistas Alfredo Bravo, Jorge Rivas y Héctor Polino.
El bloque de diputados del justicialismo analiza llevar ante la Justicia los decretos que establecen la modificación contractual de la concesionaria de la autopista Buenos Aires-La Plata y la aprobación del acuerdo suscripto con la empresa TBA para diseñar un nuevo plan de inversiones para las líneas ferroviarias Sarmiento y Mitre.
“Sospechamos que algunos de estos decretos pueden encubrir hechos de corrupción” enfatizó el diputado Carlos Soria.
El legislador precisó que, en un primer análisis de esos decretos, se infiere que el Estado no recibe ninguna ventaja y que las empresas no cumplen con lo establecido en los respectivos contratos.
También arremetió contra la intención del Gobierno de conformar un multimedios del Estado, a partir de la disolución y liquidación de ATC y Télam; sostiene que esta iniciativa tiene como propósito “crear una agencia de campaña” para el Gobierno con miras a las próximas elecciones.
Por otra parte, la conducción del bloque de diputados del radicalismo anticipó ayer su intención de ratificar mediante una ley del Congreso el decreto de reforma previsional que dictó el Gobierno el último día de 2000.
El oficialismo necesita respaldar al decreto con una mayor seguridad jurídica, a raíz del fallo de la Justicia que ordenó suspender la aplicación de la norma la semana última; dicha resolución se aplicó a raíz de un recurso de amparo presentado por los diputados Elisa Carrió (UCR) y los socialistas Alfredo Bravo, Jorge Rivas y Héctor Polino.
