El Gobierno quiere reactivar con obra pública
Se licitarán mensualmente obras por $ 200 millones. Las primeras 15 se licitarán a fines del mes próximo. Economía busca duplicar la inversión; el Senado aprobaría hoy el plan de infraestructura. Aspiran a crear 400.000 puestos de trabajo directos.
Inmediatamente después del blindaje, el Gobierno parece apostar a la reactivación, y lo hace por medio de la obra pública.
Quiere sacar a licitación a fines del mes próximo las primeras 15 obras del centenar que fueron seleccionadas para ejecutar durante la primera etapa del plan Federal de Infraestructura.
Por medio de esta iniciativa, postergada durante meses en el Congreso, se procurará duplicar en 2001, la inversión en obra pública y llegar a los $ 1.500 millones.
A pesar de los condicionamientos impuestos por el PJ, en el Palacio de Hacienda dan por descontado que los legisladores aprobarán la iniciativa que puso en marcha el ex ministro de Infraestructura Nicolás Gallo, y que comprende la ejecución de 2.800 obras por $ 20.500 millones en un plazo de cinco años.
Según dijeron ayer a La Nación el secretario de Programación Económica y el subsecretario de Financiamiento, Miguel Bein y Julio Dreizzen, respectivamente, a partir de enero se licitarán obras por $ 200 millones mensuales.
En tanto, el titular de la Cámara Argentina de la Construcción y vicepresidente del grupo Techint, Eduardo Baglietto, tuvo pronósticos más auspiciosos y dijo que en enero podrían licitarse proyectos por un monto cercano a los $ 500 millones.
Es por ello que Baglietto se reunió ayer (martes 19) con senadores justicialistas para explicarles la importancia de que la ley sea sancionada antes de fines de año.
En el deprimido sector de la construcción, los ejecutivos tienen centradas sus esperanzas en el plan federal para reavivar la actividad de sus empresas.
La ejecución de las obras estará financiada por el sector privado y el repago de las obras está avalado mediante un fondo fiduciario que el Gobierno formará con activos públicos, los $ 600 millones anuales que por el impuesto a los combustibles quedan en el Tesoro y por reservas de liquidez de distintos organismos estatales.
De todos modos, el repago de las obras comenzaría a partir del 2003, ya que la ley establece que el sector privado comenzará a percibir un canon por lo invertido tan solo después del segundo año de terminada la obra.
Inmediatamente después del blindaje, el Gobierno parece apostar a la reactivación, y lo hace por medio de la obra pública.
Quiere sacar a licitación a fines del mes próximo las primeras 15 obras del centenar que fueron seleccionadas para ejecutar durante la primera etapa del plan Federal de Infraestructura.
Por medio de esta iniciativa, postergada durante meses en el Congreso, se procurará duplicar en 2001, la inversión en obra pública y llegar a los $ 1.500 millones.
A pesar de los condicionamientos impuestos por el PJ, en el Palacio de Hacienda dan por descontado que los legisladores aprobarán la iniciativa que puso en marcha el ex ministro de Infraestructura Nicolás Gallo, y que comprende la ejecución de 2.800 obras por $ 20.500 millones en un plazo de cinco años.
Según dijeron ayer a La Nación el secretario de Programación Económica y el subsecretario de Financiamiento, Miguel Bein y Julio Dreizzen, respectivamente, a partir de enero se licitarán obras por $ 200 millones mensuales.
En tanto, el titular de la Cámara Argentina de la Construcción y vicepresidente del grupo Techint, Eduardo Baglietto, tuvo pronósticos más auspiciosos y dijo que en enero podrían licitarse proyectos por un monto cercano a los $ 500 millones.
Es por ello que Baglietto se reunió ayer (martes 19) con senadores justicialistas para explicarles la importancia de que la ley sea sancionada antes de fines de año.
En el deprimido sector de la construcción, los ejecutivos tienen centradas sus esperanzas en el plan federal para reavivar la actividad de sus empresas.
La ejecución de las obras estará financiada por el sector privado y el repago de las obras está avalado mediante un fondo fiduciario que el Gobierno formará con activos públicos, los $ 600 millones anuales que por el impuesto a los combustibles quedan en el Tesoro y por reservas de liquidez de distintos organismos estatales.
De todos modos, el repago de las obras comenzaría a partir del 2003, ya que la ley establece que el sector privado comenzará a percibir un canon por lo invertido tan solo después del segundo año de terminada la obra.
