El gobierno negó el ofrecimiento de $1.000 millones extra al FMI
El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, descartó que se destine una cifra adicional a la prevista (3% del superávit fiscal) para el pago de la deuda externa.
“Es absolutamente falso. El gobierno no ha comprometido ningún
pago adicional al FMI”, dijo el funcionario al salir al cruce de
las informaciones que indicaban que el Poder Ejecutivo destinaría hasta $1000 millones adicionales al superávit de 3% para abonar la deuda.
Anteriormente, trascendió que a través de ese pago el Gobierno intentaría reestablecer las negociaciones con el Fondo onetario Internacional, que había reclamado el increento de la pauta que la Argentina destinaría al pago de compromisos externos.
Según se supo, la oferta oficial esaría en manos de directivos del Fondo Monetario, que podrían reunirse el lunes próximo para tratar el “caso argentino”.
Argentina se comprometió a pagar este año $12.480 millones pertenecientes a vencimientos de deuda. Pero, según entiende el organismo de crédito, ese monto no concuerda con el destacado crecimiento que experimenta la economía argentina.
Al trasladar ese cuestinamiento a las autoridades locales la respuesta del gobierno argentino fue terminante: “se debe respetar lo pactado y no pedir más esfuerzos que conspiren contra la reactivación nacional”.
Sin embargo, ahora, la administración de Néstor Kirchner, en un intento por aquietar las aguas, le habría ofrecido al organismo destinar un monto extra para el pago de compromisos externos; siempre y cuando no se aumente el porcentaje del superávit fiscal destinado a este fin.
De esta manera, la intención de la administración local sería reconocer la mayor capacidad de pago que tiene en este momento, pero efectivizarla a través de un pago especial que no requiera la modificación del contrato inicial.
En cambio, la del organismo era, hasta la semana pasada, aumentar el porcentaje del superávit fiscal destinado al pago de deuda, lo que ataría al país a destinar una porción mayor de dinero en el futuro, sin que importe cuál sea la evolución de su economía.
Dura posición de los acreedores
Bonistas argentinos, norteamericanos y europeos
expresaron su rechazo a inscribirse como acreedores en el registro
que, para ese fin, habilitará el gobierno a partir del lunes que
viene.
En ese sentido, los bonistas creen que esa propuesta sólo sirve
para “demorar” más la renegociación de la deuda en default, porque
entienden que el Ministerio de Economía cuenta con información
suficiente acerca de los tenedores de títulos públicos.
“Si el gobierno tiene intención de hacer una propuesta seria,
no corresponde ningún registro de acreedores, porque eso sólo
dilata el proceso”, indicó Angélica Bergonzi, de la Asociación de
Danmificados por la Pesificación y el Default.
En tanto, el italiano Mauro Sandri, del Comitato Creditori
Argentina, señaló que “si el gobierno busca a los verdaderos
representantes de los acreedores no está mal, pero a nadie le
interesa el registro y no nos vamos a anotar”.
Por su parte, el alemán Stefan Engelsberger, de la Comunidad de Intereses Argentinos, consideró que el gobierno “debe
desarrollar una discusión justa con los grupos consultivos y
realizar una oferta, nada más. El resto forma parte de una
estrategia para demorar la negociación”.
Con este marco, los principales grupos de acreedores privados
de la Argentina se reunirán el martes en Roma para definir una
estrategia conjunta de negociación.
La reunión fue convocada por el Argentine Bondholders Committe,
creado en diciembre del año pasado en Nueva York y en el cual
participan asociaciones de bonistas de diversos países.
“Es absolutamente falso. El gobierno no ha comprometido ningún
pago adicional al FMI”, dijo el funcionario al salir al cruce de
las informaciones que indicaban que el Poder Ejecutivo destinaría hasta $1000 millones adicionales al superávit de 3% para abonar la deuda.
Anteriormente, trascendió que a través de ese pago el Gobierno intentaría reestablecer las negociaciones con el Fondo onetario Internacional, que había reclamado el increento de la pauta que la Argentina destinaría al pago de compromisos externos.
Según se supo, la oferta oficial esaría en manos de directivos del Fondo Monetario, que podrían reunirse el lunes próximo para tratar el “caso argentino”.
Argentina se comprometió a pagar este año $12.480 millones pertenecientes a vencimientos de deuda. Pero, según entiende el organismo de crédito, ese monto no concuerda con el destacado crecimiento que experimenta la economía argentina.
Al trasladar ese cuestinamiento a las autoridades locales la respuesta del gobierno argentino fue terminante: “se debe respetar lo pactado y no pedir más esfuerzos que conspiren contra la reactivación nacional”.
Sin embargo, ahora, la administración de Néstor Kirchner, en un intento por aquietar las aguas, le habría ofrecido al organismo destinar un monto extra para el pago de compromisos externos; siempre y cuando no se aumente el porcentaje del superávit fiscal destinado a este fin.
De esta manera, la intención de la administración local sería reconocer la mayor capacidad de pago que tiene en este momento, pero efectivizarla a través de un pago especial que no requiera la modificación del contrato inicial.
En cambio, la del organismo era, hasta la semana pasada, aumentar el porcentaje del superávit fiscal destinado al pago de deuda, lo que ataría al país a destinar una porción mayor de dinero en el futuro, sin que importe cuál sea la evolución de su economía.
Dura posición de los acreedores
Bonistas argentinos, norteamericanos y europeos
expresaron su rechazo a inscribirse como acreedores en el registro
que, para ese fin, habilitará el gobierno a partir del lunes que
viene.
En ese sentido, los bonistas creen que esa propuesta sólo sirve
para “demorar” más la renegociación de la deuda en default, porque
entienden que el Ministerio de Economía cuenta con información
suficiente acerca de los tenedores de títulos públicos.
“Si el gobierno tiene intención de hacer una propuesta seria,
no corresponde ningún registro de acreedores, porque eso sólo
dilata el proceso”, indicó Angélica Bergonzi, de la Asociación de
Danmificados por la Pesificación y el Default.
En tanto, el italiano Mauro Sandri, del Comitato Creditori
Argentina, señaló que “si el gobierno busca a los verdaderos
representantes de los acreedores no está mal, pero a nadie le
interesa el registro y no nos vamos a anotar”.
Por su parte, el alemán Stefan Engelsberger, de la Comunidad de Intereses Argentinos, consideró que el gobierno “debe
desarrollar una discusión justa con los grupos consultivos y
realizar una oferta, nada más. El resto forma parte de una
estrategia para demorar la negociación”.
Con este marco, los principales grupos de acreedores privados
de la Argentina se reunirán el martes en Roma para definir una
estrategia conjunta de negociación.
La reunión fue convocada por el Argentine Bondholders Committe,
creado en diciembre del año pasado en Nueva York y en el cual
participan asociaciones de bonistas de diversos países.
