El gobierno le bajó el perfil a la mediación

No obstante, en el Gobierno se confía en que los bancos
aceptarán el procedimiento porque “no pretenden convertirse en
inmobiliarias y quedarse con las propiedades”, opinó un vocero.

La Jefatura de Gabinete había impulsado la mediación
obligatoria, pero el ministro de Economía, Roberto Lavagna, aclaró
que sólo podía aceptar el mecanismo si era voluntario entre las
partes.

Este resultó finalmente el concepto que predominó y con el cual
se confeccionó el decreto de necesidad y urgencia que debe ser
publicado en el Boletín Oficial para que entre en vigencia.

Lavagna aclaró
que “no habrá ninguna medida de carácter forzado, porque la
emergencia económica ya terminó y ese tipo de decisiones
también”.

“Ahora hay que ir a un sistema normal como existe en cualquier
país del mundo, donde las relaciones entre el acreedor y el deudor
son privadas y hay que respetarlas”, añadió.

Y aseguró también que los posibles remates de viviendas o
empresas por deudas “tiene un impacto social pero no tan grande
como algunos dicen”.

El titular de Hacienda aclaró también que “hay que distinguir a
la gente que no puede pagar, y otros que tienen cinco años de
deudores.

“El problema existe pero no en la magnitud que quieren hacer
creer. Porque algunos vivos encuentran la manera de no pagar”,
agregó.

Por la mañana, el presidente Eduardo Duhalde había afirmado que
se encontraba “listo” el decreto que dispondrá ese mecanismo de
mediación voluntaria, aunque luego se aclaró que el texto recibió
modificaciones de último momento.

Duhalde realizó declaraciones en la localidad bonaerense de
Punta Alta poco antes de emprender su retorno a esta Capital.

Luego, en la Casa de Gobierno, un vocero gubernamental explicó
que a las entidades financieras “les resulta una carga y debido a
la actual coyuntura económica, prefieren el dinero aunque no
puedan cobrarle a todos los morosos”.

Y señaló que “la actitud de dureza que muestran los bancos es
porque hay una franja de morosos que han guardado el dinero en el
colchón y no pagan aprovechándose de las sucesivas postergaciones
para evitar las ejecuciones”.

Con el sistema de mediación, se busca frenar más de 25.000
Ejecuciones de hipotecas de deudores morosos con el sistema
financiero e impedir que los bancos rematen las propiedades.

El decreto pondrá en funcionamiento dos “unidades de
emergencia” para las mediaciones entre los acreedores y los
deudores, pymes y personas físicas.

La aplicación, no obstante, no suspenderá los plazos judiciales
que permiten la ejecución.

No obstante, en el Congreso algunos legisladores buscan una
medida más firme que impida las ejecuciones.

En la Carta Intención que el Gobierno firmó con el FMI, se
comprometió a no impedir las ejecuciones bancarias.

Las unidades para mediar por la deuda de las pymes funcionará
en la órbita del Ministerio de la Producción, mientras que la
destinada a las personas lo hará en la cartera de Trabajo.
Sin embargo, Lavagna dijo que si nadie acepta la intervención
del Estado sería “fantástico”.

No obstante, en el Gobierno se confía en que los bancos
aceptarán el procedimiento porque “no pretenden convertirse en
inmobiliarias y quedarse con las propiedades”, opinó un vocero.

La Jefatura de Gabinete había impulsado la mediación
obligatoria, pero el ministro de Economía, Roberto Lavagna, aclaró
que sólo podía aceptar el mecanismo si era voluntario entre las
partes.

Este resultó finalmente el concepto que predominó y con el cual
se confeccionó el decreto de necesidad y urgencia que debe ser
publicado en el Boletín Oficial para que entre en vigencia.

Lavagna aclaró
que “no habrá ninguna medida de carácter forzado, porque la
emergencia económica ya terminó y ese tipo de decisiones
también”.

“Ahora hay que ir a un sistema normal como existe en cualquier
país del mundo, donde las relaciones entre el acreedor y el deudor
son privadas y hay que respetarlas”, añadió.

Y aseguró también que los posibles remates de viviendas o
empresas por deudas “tiene un impacto social pero no tan grande
como algunos dicen”.

El titular de Hacienda aclaró también que “hay que distinguir a
la gente que no puede pagar, y otros que tienen cinco años de
deudores.

“El problema existe pero no en la magnitud que quieren hacer
creer. Porque algunos vivos encuentran la manera de no pagar”,
agregó.

Por la mañana, el presidente Eduardo Duhalde había afirmado que
se encontraba “listo” el decreto que dispondrá ese mecanismo de
mediación voluntaria, aunque luego se aclaró que el texto recibió
modificaciones de último momento.

Duhalde realizó declaraciones en la localidad bonaerense de
Punta Alta poco antes de emprender su retorno a esta Capital.

Luego, en la Casa de Gobierno, un vocero gubernamental explicó
que a las entidades financieras “les resulta una carga y debido a
la actual coyuntura económica, prefieren el dinero aunque no
puedan cobrarle a todos los morosos”.

Y señaló que “la actitud de dureza que muestran los bancos es
porque hay una franja de morosos que han guardado el dinero en el
colchón y no pagan aprovechándose de las sucesivas postergaciones
para evitar las ejecuciones”.

Con el sistema de mediación, se busca frenar más de 25.000
Ejecuciones de hipotecas de deudores morosos con el sistema
financiero e impedir que los bancos rematen las propiedades.

El decreto pondrá en funcionamiento dos “unidades de
emergencia” para las mediaciones entre los acreedores y los
deudores, pymes y personas físicas.

La aplicación, no obstante, no suspenderá los plazos judiciales
que permiten la ejecución.

No obstante, en el Congreso algunos legisladores buscan una
medida más firme que impida las ejecuciones.

En la Carta Intención que el Gobierno firmó con el FMI, se
comprometió a no impedir las ejecuciones bancarias.

Las unidades para mediar por la deuda de las pymes funcionará
en la órbita del Ministerio de la Producción, mientras que la
destinada a las personas lo hará en la cartera de Trabajo.
Sin embargo, Lavagna dijo que si nadie acepta la intervención
del Estado sería “fantástico”.