Este proceso de corrección de distorsiones incluyó la unificación cambiaria, la reapertura del financiamiento externo, el incremento en las tarifas de servicios públicos y la federalización de los subsidios.
Estas medidas impactaron negativamente sobre la actividad y los precios deteriorando el frente social. La fuerte aceleración de la inflación (la suba de precios en el AMBA acumula 22,8% en los primeros cinco meses del año) provocó una caída en los ingresos reales de las familias que junto al incremento en las tasas de interés, desplomó el consumo y la actividad, según el último informe semanal de la consultora Ecolatina.
La apuesta del gobierno para traccionar la economía es la inversión productiva, pero para que se invierta capital en el país no sólo se necesita mejorar el clima de negocios sino también dinamizar el crecimiento. Pero incluso si las inversiones comienzan a concretarse, el impacto reactivador de corto plazo es menor en comparación con el consumo (los roles se invierten a mayor plazo). Es por ello que la recesión se consolida: las inversiones tardan en concretarse, y el deterioro del ingreso real de las familias sumado a la creciente incertidumbre y desconfianza, hacen que el consumo caiga significativamente.
El gobierno pareciera haberse percatado de la situación ya que en las últimas semanas comenzó a implementar una serie de medidas para revertir la caída de la actividad y del consumo en particular. Entre ellas destacan: devolución del 15% del IVA a jubilados que cobran la mínima y beneficiarios de planes sociales; implementación de la tarifa social; y el flamante proyecto de ley de Reparación Histórica a las jubilaciones mal liquidadas.
Otra medida orientada a morigerar la recesión fue la reducción en las tasas de interés de referencia del BCRA para morigerar su impacto negativo sobre la actividad: el martes pasado, por cuarta semana consecutiva, la autoridad monetaria redujo las tasas de las Lebacs de corto plazo a 33,25% (hace un mes se situaba en 38%).
Revertir la caída del poder de compra
Debido a la devaluación de principios de años y los posteriores incrementos tarifarios, la inflación se aceleró significativamente deteriorando el poder adquisitivo de los salarios. A la caída del salario real se le suma el deterioro laboral (estancamiento del empleo, reducción de horas extras y suspensiones) que profundizó la contracción del ingreso real de las familias, afectando negativamente el consumo.
Vale destacar además, que el deterioro de las expectativas sobre el mercado de trabajo, tienden a potenciar la retracción del gasto de los hogares (limitan el consumo a lo mínimo indispensable). Esta menor propensión a comprar bienes y servicios se verifica en el Ãndice de Confianza del Consumidor elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella, que mostró fuertes caídas en mayo (-22,4% i.a.) y en el acumulado del año (-10,4% i.a.).
Según nuestras estimaciones, el consumo agregado (privado + público) cayó casi 3% i.a. en el primer trimestre de 2016. Asimismo, los primeros indicadores privados del segundo trimestre indican que la retracción persiste. Por caso, la recaudación tributaria de IVA deflactada por el IPC Ecolatina AMBA, cayó 5,9% i.a. en el primer trimestre y 5,1% i.a. en el bimestre abril-mayo de 2016.
Vale destacar además, que salvo contadas excepciones el consumo cayó en casi todos los rubros y canales. Las ventas minoristas relevadas por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) cayeron en mayo 9,2% i.a., acumulando en el año una caída de 5,7% i.a.
Asimismo, según relevamientos de KantarWorldpanel, el consumo masivo cayó 3% en abril y en los primeros cuatro meses del año. Vale destacar además, que dichos especialistas detectaron que la contracción se explica mayormente por los hogares de menores ingresos. Asimismo, detectaron cambios en el comportamiento de los consumidores: aumentaron las compras bajo promociones, marcas de menor valor, y envases/formatos más económicos.
En el caso de los bienes durables el escenario es mixto. En lo que va del año las ventas de electrodomésticos caen 10,1% i.a. (según CAME), el patentamiento de motos retrocede 5% i.a., y la venta de autos usados desciende 11% i.a.
Las únicas excepciones son el patentamiento de autos y el mercado inmobiliario. Las ventas de 0 Km acumulan un alza de 5,4% i.a. en los primeros cinco meses del año, mientras que las escrituras treparon en el primer cuatrimestre 15% i.a. en CABA y 8%i.a. en Provincia de Buenos Aires. La reducción del impuesto interno a los autos y la eliminación de las restricciones cambiarias explican los indicadores positivos.
La magnitud de la baja del consumo descripta llevó al gobierno a impulsar una serie de medidas para revertir el deterioro. Entre ellas destaca el proyecto de ley que propone, entre otras cuestiones, el reconocimiento de la deuda de la ANSES hacia los jubilados que se encuentren cobrando un haber menor al correspondiente y, por ende, el ajuste del mismo.
Los juicios que enfrenta el organismo por mala liquidación de haberes (principalmente por no haber ajustado el haber inicial) alcanzarían el medio millón de los cuales menos de 100.000 tienen sentencia firme. Según el proyecto de ley al momento de reconocer la deuda, hay tres casos a considerar: A) aquellos con sentencia firme; B) aquellos con juicios sin sentencia; y C) jubilados que no iniciaron juicios. En los dos primeros casos (AyB) se les pagaría un retroactivo y un reajuste en sus haberes futuros, mientras que para el grupo C sólo habría un incremento en su jubilación. Debido a que el grupo A ya posee sentencia firme y el organismo tiene la obligación de pagarles, nos concentraremos en el grupo B y C.
Se estima que la sentencia promedio para el grupo B estaría alrededor de $ 300.000.Por lo que si todos los individuos del grupo (alrededor de 400.000) aceptan la propuesta del estado se deberán pagar aproximadamente $ 120.000 millones en juicios, la mitad en efectivo y el resto en 12 cuotas trimestrales. Asimismo, la actualización del haber implicaría un aumento de su haber cercano al 40% hacia adelante. En el caso del grupo C (casi 2 millones de potenciales beneficiarios) recibirían en promedio un 35%de mejora de su haber a cambio de desistir el inicio de cualquier acción legal contra el estado.
El monto máximo por sentencias (pago de retroactivos) podría llegar en el caso del grupo A y B hasta $ 150.000 millones. Mientras que el reajuste de haberes de todos los potenciales beneficiarios (2,4 millones de individuos) superaría los $ 80.000 millones (1% del PBI).
Los recursos que podrían volcarse a la economía son muy abultados. Sin embargo, la clave para analizar el impulso/costo fiscal de dicha medida pasa principalmente por: el nivel de adhesión de la iniciativa oficial; la velocidad con que ANSES procese los pedidos de los interesados (deberán presentarse en una dependencia con turno y abogado);y los recursos disponibles. En el mejor de los casos este proyecto se reglamenta en septiembre, por lo que el impacto en el consumo será acotado en el último trimestre del año.
A medida que ANSES aceite el procedimiento y crezca la cantidad de individuos que se acojan al plan oficial, el impacto será significativo. Vale destacar que este momento probablemente coincida con las elecciones legislativas de 2017.Mientras tanto la mejora de los ingresos de las familias vendrá por las paritarias, la flamante ley de devolución del IVA, la extensión de los planes sociales y las mejoras en las asignaciones familiares.
El consumo repuntará en 2017
Las medidas implementadas por el gobierno junto con las paritarias y una inflación más acotada (aunque aún elevada), van a ponerle un piso a la caída del consumo en el segundo semestre del año. Sin embargo, la recuperación llegaría recién el año entrante. De aprobarse el proyecto de ley de Reparación histórica de los haberes jubilatorios mal liquidados, su impacto sobre la actividad y el consumo será creciente en el tiempo.
El gobierno ya no tiene un esquema de crecimiento basado exclusivamente en la inversión: ha comenzado a inyectar recursos fiscales en las familias para apuntalar el consumo. Este cambio ayuda a dinamizar la actividad pero implica descuidar el frente fiscal. Esta decisión de política económica tiene pros y contras, esperemos que el trade-off sea positivo.
