El Gobierno busca una solución a las ejecuciones hipotecarias

Así lo aseguró el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof. Por su parte, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, anticipó que "no habrá más aplazamientos" para que esos remates se concreten.

8 noviembre, 2002

Atanasof ratificó que se dio marcha atrás con el decreto que
prorrogaba por 30 días más la entrada en vigencia de las
ejecuciones, y consideró que las negociaciones con el FMI no serán
afectadas por esta cuestión.

“Se han recibido comentarios desde distintos ámbitos, incluido
el Fondo Monetario, en cuanto a que si avanzamos por el camino
planteado hace unos días -en el sentido de prorrogar el plazo
para que no se concretaran las ejecuciones- podríamos estar
cercanos a la inconstitucionalidad. Por eso durante todo el fin de
semana trabajaremos para encontrar una solución definitiva”,
puntualizó.

El funcionario subrayó que Lavagna trabajará este fin de semana
en una nueva propuesta basada en la “mediación”, según una
directiva dada por el presidente Eduardo Duhalde.

Así lo hizo saber en declaraciones formuladas en la Casa de
Goberno, donde aclaró que “por ahora las ejecuciones están
suspendidas”.

Atanasof estimó que “la salida más apropiada” a la polémica que
se generó en torno a los remates judiciales “es lograr una
instancia de mediación para evitar la ejecución”.

Admitió además que para el Gobierno “este es un tema delicado”,
ya que “no es que el deudor no haya querido pagar, sino que ha
sido una victima de la inflación productiva y económica”.

Atanasof expresó también que “las iniciativas elaboradas por el
Ministerio de Economía para resolver este tema trajeron más
problemas que soluciones, entonces el Presidente resolvió no
firmar el decreto” que prorrogaba los remates.

Al respecto, explicó que “la mediación es el eje de una
solución que apunte a evitarles problemas a los deudores y no
agregue más incertidumbre en un momento en que necesitamos la
mayor seguridad jurídica”.

Por su parte, Lavagna dijo a un matutino porteño que la
posibilidad de aplicar una nueva prórroga “provoca dudas” entre
los inversores, y en consecuencia, aseguró que “no habrá más
aplazamientos”.

“Tanto el presidente (Eduardo) Duhalde como el ministro de
Economía tenemos la misma posición en este tema”, afirmó el
titular del Palacio de Hacienda.

Esta semana, los diputados levantaron una sesión para tratar la
suspensión por seis meses de las ejecuciones hipotecarias, tras
obtener un compromiso del Gobierno nacional de que prorrogaría 30
días la aplicación de esa medida judicial mediante un decreto de
necesidad y urgencia.

Pero Lavagna descartó una nueva prórroga: “Si en el exterior
dudan por el plazo de 180 días, no tienen por qué creer que dentro
de 30 días comenzarán las ejecuciones”, expresó el ministro.

Según datos del sistema financiero, los remates hipotecarios
involucran a unos 241 mil inmuebles por un valor de 5.217 millones
de pesos, mientras que los deudores afectados son unos 7,5
millones de personas.

Atanasof ratificó que se dio marcha atrás con el decreto que
prorrogaba por 30 días más la entrada en vigencia de las
ejecuciones, y consideró que las negociaciones con el FMI no serán
afectadas por esta cuestión.

“Se han recibido comentarios desde distintos ámbitos, incluido
el Fondo Monetario, en cuanto a que si avanzamos por el camino
planteado hace unos días -en el sentido de prorrogar el plazo
para que no se concretaran las ejecuciones- podríamos estar
cercanos a la inconstitucionalidad. Por eso durante todo el fin de
semana trabajaremos para encontrar una solución definitiva”,
puntualizó.

El funcionario subrayó que Lavagna trabajará este fin de semana
en una nueva propuesta basada en la “mediación”, según una
directiva dada por el presidente Eduardo Duhalde.

Así lo hizo saber en declaraciones formuladas en la Casa de
Goberno, donde aclaró que “por ahora las ejecuciones están
suspendidas”.

Atanasof estimó que “la salida más apropiada” a la polémica que
se generó en torno a los remates judiciales “es lograr una
instancia de mediación para evitar la ejecución”.

Admitió además que para el Gobierno “este es un tema delicado”,
ya que “no es que el deudor no haya querido pagar, sino que ha
sido una victima de la inflación productiva y económica”.

Atanasof expresó también que “las iniciativas elaboradas por el
Ministerio de Economía para resolver este tema trajeron más
problemas que soluciones, entonces el Presidente resolvió no
firmar el decreto” que prorrogaba los remates.

Al respecto, explicó que “la mediación es el eje de una
solución que apunte a evitarles problemas a los deudores y no
agregue más incertidumbre en un momento en que necesitamos la
mayor seguridad jurídica”.

Por su parte, Lavagna dijo a un matutino porteño que la
posibilidad de aplicar una nueva prórroga “provoca dudas” entre
los inversores, y en consecuencia, aseguró que “no habrá más
aplazamientos”.

“Tanto el presidente (Eduardo) Duhalde como el ministro de
Economía tenemos la misma posición en este tema”, afirmó el
titular del Palacio de Hacienda.

Esta semana, los diputados levantaron una sesión para tratar la
suspensión por seis meses de las ejecuciones hipotecarias, tras
obtener un compromiso del Gobierno nacional de que prorrogaría 30
días la aplicación de esa medida judicial mediante un decreto de
necesidad y urgencia.

Pero Lavagna descartó una nueva prórroga: “Si en el exterior
dudan por el plazo de 180 días, no tienen por qué creer que dentro
de 30 días comenzarán las ejecuciones”, expresó el ministro.

Según datos del sistema financiero, los remates hipotecarios
involucran a unos 241 mil inmuebles por un valor de 5.217 millones
de pesos, mientras que los deudores afectados son unos 7,5
millones de personas.

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