El Gobierno apoya el plan para Aerolíneas

(EFE)- El Gobierno argentino está convencido de que el plan para salvar financieramente a Aerolíneas Argentinas “va a funcionar” y por eso ofrece un “apoyo político pleno”, afirmó hoy el ministro de Infraestructura, Nicolás Gallo.

“Yo apunto y pongo todas mis energías en que va a funcionar. He tratado de apaciguar voces discordantes, encarrilarlas, puntos de vista diferentes, ubicarlos y, hoy por hoy, estamos en buena línea”, señaló Gallo en una entrevista con EFE.

El ministro es la autoridad más importante que tendrá que decidir sobre el plan que presentará próximamente el principal accionista de Aerolíneas Argentinas, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de España, para rescatar a la compañía.

Aerolíneas Argentinas, privatizada en 1990, acumula unas deudas de más de US$ 800 millones y en 1999 tuvo unas pérdidas operativas superiores a los US$ 200 millones.

El Estado argentino conserva 5% de la compañía, que está operada por la SEPI desde febrero pasado, cuando la gestión se la cedió American Airlines, accionista minoritario.

Con el fin de rescatar financieramente la compañía, la SEPI se comprometió a elaborar un plan parecido al que ejecutó con la aerolínea española Iberia, para posteriormente permitir la entrada de otros accionistas de la industria comercial.

Gallo señaló que este plan “está siendo elaborado en detalle por los accionistas y la dirección de Aerolíneas” y considera que “podrá estar terminado muy próximamente”, aunque dijo desconocer cuándo.

El ministro dijo que la base de ese plan es un proyecto que presentó la firma consultora Boston Consulting Group, aunque insistió que, como tal, no deja de ser una propuesta inicial y será aplicada y corregida de acuerdo a las necesidades.

Este plan, entre otras cosas, recomienda el despido de cerca de 1.500 de los 5.000 empleados que tiene Aerolíneas Argentinas, la eliminación de algunas rutas internacionales y la entrega a otras compañías locales de varias rutas nacionales.

“El Boston Consulting funcionó como un asesor, y los asesores en todos los países del mundo producen ideas y las dejan, pero no se comprometen a ejecutarlas”, insistió Gallo.
El ministro dejó claro que el Gobierno argentino no está dispuesto a asumir, proporcionalmente a su participación de capital, las deudas que tiene la empresa, aunque sí está dispuesto a acompañar cualquier “futura” inyección de capital.

“Si es necesario insertar dinero fresco en Aerolíneas para que tenga un equilibrio operativo, obviamente lo vamos a acompañar desde el punto de vista de accionista. Pero si tiene que ver con las deudas o con situaciones que no vemos del todo claro como accionistas, no lo vamos a hacer”, afirmó Gallo.

Sin embargo, el ministro insistió en la entrevista en que el aporte que pueda hacer el Estado argentino es completamente “simbólico” comparado con el “apoyo político pleno” que ha dado el Gobierno en los planes para rescatar la línea de bandera argentina.

“La defensa de su situación actual sospecho que es más importante que el dinero que podemos aportar”, insistió.

Gallo descartó rotundamente la posibilidad de que el Gobierno tenga un plan alternativo al que pueda presentar la SEPI o exista intención de respaldar otro, como el que propusieron los sindicatos, para buscar financiación en organismos internacionales.

“No tienen sentido otras alternativas, porque yo estoy trabajando en una sola, que es la que corresponde. Los actuales accionistas hicieron una gestión plagada de dificultades y desencuentros, tienen que hacerse cargo de la deuda y ponerla en funcionamiento”, señaló el ministro.

Gallo dijo que la presencia del Estado argentino en Aerolíneas Argentinas es “útil, pero no esencial”, y agregó que las autoridades no tendrían “ningún inconveniente de desprenderse” de su participación “en el momento que sea necesario para que la compañía funcione”.
Sin embargo señaló que esa participación es “conveniente” para los propios empresarios que pueden llegar a administrar la firma.

“A veces facilita la venta que esté un representante del Estado sentado en el directorio por todas las relaciones que debe tener la compañía en regulaciones o en materia de servicios”, añadió.

“O sea –insistió–, viste más para su posterior venta la presencia del Estado que si no estuviera”.

(EFE)- El Gobierno argentino está convencido de que el plan para salvar financieramente a Aerolíneas Argentinas “va a funcionar” y por eso ofrece un “apoyo político pleno”, afirmó hoy el ministro de Infraestructura, Nicolás Gallo.

“Yo apunto y pongo todas mis energías en que va a funcionar. He tratado de apaciguar voces discordantes, encarrilarlas, puntos de vista diferentes, ubicarlos y, hoy por hoy, estamos en buena línea”, señaló Gallo en una entrevista con EFE.

El ministro es la autoridad más importante que tendrá que decidir sobre el plan que presentará próximamente el principal accionista de Aerolíneas Argentinas, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de España, para rescatar a la compañía.

Aerolíneas Argentinas, privatizada en 1990, acumula unas deudas de más de US$ 800 millones y en 1999 tuvo unas pérdidas operativas superiores a los US$ 200 millones.

El Estado argentino conserva 5% de la compañía, que está operada por la SEPI desde febrero pasado, cuando la gestión se la cedió American Airlines, accionista minoritario.

Con el fin de rescatar financieramente la compañía, la SEPI se comprometió a elaborar un plan parecido al que ejecutó con la aerolínea española Iberia, para posteriormente permitir la entrada de otros accionistas de la industria comercial.

Gallo señaló que este plan “está siendo elaborado en detalle por los accionistas y la dirección de Aerolíneas” y considera que “podrá estar terminado muy próximamente”, aunque dijo desconocer cuándo.

El ministro dijo que la base de ese plan es un proyecto que presentó la firma consultora Boston Consulting Group, aunque insistió que, como tal, no deja de ser una propuesta inicial y será aplicada y corregida de acuerdo a las necesidades.

Este plan, entre otras cosas, recomienda el despido de cerca de 1.500 de los 5.000 empleados que tiene Aerolíneas Argentinas, la eliminación de algunas rutas internacionales y la entrega a otras compañías locales de varias rutas nacionales.

“El Boston Consulting funcionó como un asesor, y los asesores en todos los países del mundo producen ideas y las dejan, pero no se comprometen a ejecutarlas”, insistió Gallo.
El ministro dejó claro que el Gobierno argentino no está dispuesto a asumir, proporcionalmente a su participación de capital, las deudas que tiene la empresa, aunque sí está dispuesto a acompañar cualquier “futura” inyección de capital.

“Si es necesario insertar dinero fresco en Aerolíneas para que tenga un equilibrio operativo, obviamente lo vamos a acompañar desde el punto de vista de accionista. Pero si tiene que ver con las deudas o con situaciones que no vemos del todo claro como accionistas, no lo vamos a hacer”, afirmó Gallo.

Sin embargo, el ministro insistió en la entrevista en que el aporte que pueda hacer el Estado argentino es completamente “simbólico” comparado con el “apoyo político pleno” que ha dado el Gobierno en los planes para rescatar la línea de bandera argentina.

“La defensa de su situación actual sospecho que es más importante que el dinero que podemos aportar”, insistió.

Gallo descartó rotundamente la posibilidad de que el Gobierno tenga un plan alternativo al que pueda presentar la SEPI o exista intención de respaldar otro, como el que propusieron los sindicatos, para buscar financiación en organismos internacionales.

“No tienen sentido otras alternativas, porque yo estoy trabajando en una sola, que es la que corresponde. Los actuales accionistas hicieron una gestión plagada de dificultades y desencuentros, tienen que hacerse cargo de la deuda y ponerla en funcionamiento”, señaló el ministro.

Gallo dijo que la presencia del Estado argentino en Aerolíneas Argentinas es “útil, pero no esencial”, y agregó que las autoridades no tendrían “ningún inconveniente de desprenderse” de su participación “en el momento que sea necesario para que la compañía funcione”.
Sin embargo señaló que esa participación es “conveniente” para los propios empresarios que pueden llegar a administrar la firma.

“A veces facilita la venta que esté un representante del Estado sentado en el directorio por todas las relaciones que debe tener la compañía en regulaciones o en materia de servicios”, añadió.

“O sea –insistió–, viste más para su posterior venta la presencia del Estado que si no estuviera”.