El FMI cuestionó los planes de acción social
La implementación de los programas sociales, nacionales y provinciales, fue puesta en cuestionamiento por el organismo de crédito, al sostener que "en muchas instancias, la distribución de los beneficios está sujeta a influencias políticas".
En el sitio que el Fondo Monetario tiene en internet, los técnicos de ese organismo indicaron que en el Plan Jefas y Jefes de Hogar
Desocupados -que otorga 150 lecops mensuales a cada beneficiario- se advierte “la falta de mecanismos apropiados para evaluar sus resultados”.
“Todavía no hay un sistema unificado de información que permita
evitar la competencia entre programas, lo cual redunda en que los
criterios de elegibilidad de los beneficiarios resulten en una
poco clara asignación de los recursos”, señala el informe
del organismo crediticio.
Por otra parte, el Fondo reclamó al presidente Eduardo Duhalde
que vete la ley que estableció la suspensión por 90 días de las
ejecuciones hipotecarias.
Esa ley fue sancionada por el Congreso el jueves pasado, y los
técnicos del FMI que se encuentran en esta capital consideraron
que la medida refleja la “falta de gobernabilidad para llevar
adelante las reformas”, según fuentes consultadas por un diario
porteño.
John Dodsworth, jefe de la misión del organismo crediticio,
habría advertido que si el Poder Ejecutivo no recurre al veto, se
complicaría la aprobación de las metas del primer trimestre del
acuerdo vigente.
En el sitio que el Fondo Monetario tiene en internet, los técnicos de ese organismo indicaron que en el Plan Jefas y Jefes de Hogar
Desocupados -que otorga 150 lecops mensuales a cada beneficiario- se advierte “la falta de mecanismos apropiados para evaluar sus resultados”.
“Todavía no hay un sistema unificado de información que permita
evitar la competencia entre programas, lo cual redunda en que los
criterios de elegibilidad de los beneficiarios resulten en una
poco clara asignación de los recursos”, señala el informe
del organismo crediticio.
Por otra parte, el Fondo reclamó al presidente Eduardo Duhalde
que vete la ley que estableció la suspensión por 90 días de las
ejecuciones hipotecarias.
Esa ley fue sancionada por el Congreso el jueves pasado, y los
técnicos del FMI que se encuentran en esta capital consideraron
que la medida refleja la “falta de gobernabilidad para llevar
adelante las reformas”, según fuentes consultadas por un diario
porteño.
John Dodsworth, jefe de la misión del organismo crediticio,
habría advertido que si el Poder Ejecutivo no recurre al veto, se
complicaría la aprobación de las metas del primer trimestre del
acuerdo vigente.
