El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la inflación de enero fue de 2,9% mensual. El dato se conoció en un contexto de discusión pública por la postergación de cambios en la metodología del IPC y por la salida de la conducción del organismo, un episodio que reintrodujo dudas sobre la transparencia estadística en un tema central para expectativas y contratos.
Revista Mercado ya había señalado que el cierre de 2025 dejó una inflación estabilizada en torno a 2%-2,5% mensual, pero con señales de repunte en los últimos meses del año, y con un frente externo más frágil. Ese diagnóstico ayuda a ordenar la pregunta que vuelve: si el “proceso” se sostuvo por anclas transitorias, ¿qué ocurre cuando esas anclas pierden potencia?
Un piso más alto para la inflación mensual
La secuencia de los últimos meses mostró una dinámica menos lineal que la esperada para una desinflación “automática”. En noviembre y diciembre de 2025 el IPC se ubicó en torno a 2,5%-2,8%, y enero volvió a acelerar. En paralelo, la inflación interanual dejó de caer al ritmo previo y el país sigue entre los casos de inflación alta en términos internacionales.
A esa inercia se sumó un factor político-estadístico: la discusión por la actualización del IPC. Reuters reportó que el Gobierno demoró la aplicación de una nueva medición y que el propio Ministerio de Economía reconoció que el cambio podría haber arrojado una inflación “ligeramente” más alta, sin cronograma definido para implementarlo. El episodio agregó volatilidad a expectativas, en un momento en que la credibilidad del dato funciona como activo macroeconómico.
En otras palabras, el “último tramo” de la desinflación no solo se volvió más difícil por razones económicas; también quedó expuesto a un problema de coordinación y confianza. El debate metodológico no cambia el hecho básico —la inflación sigue en niveles elevados para un país que busca normalizar precios relativos— pero sí afecta la discusión sobre su magnitud y, por lo tanto, sobre salarios, tasas y tipo de cambio.
Anclas, precios relativos y el riesgo de reversión
La desinflación de 2025 convivió con un esquema de anclas: un peso apreciado en términos reales, un control más estricto sobre la nominalidad de ingresos y un ajuste fiscal que sostuvo superávit primario. En el balance macro, en un informe reciente de la consultora Maynard esa combinación se describió como consistente con una inflación en torno a 2%-2,5% mensual, pero también con “tensión externa” y señales de atraso cambiario.
El problema es que esas anclas no son neutras. Un tipo de cambio real atrasado puede contener precios transables en el corto plazo, pero tiende a erosionar competitividad y acumular presiones de corrección; el ajuste de tarifas y regulados, cuando ocurre, suele trasladarse al IPC; y la recomposición de márgenes y salarios —si la actividad intenta normalizarse— suele reactivar la puja distributiva. En ese marco, la inflación no cae por “gravedad”: requiere un sendero creíble de coordinación macro y consistencia intertemporal.
La controversia por el IPC agrega una capa: si el índice está desactualizado respecto de patrones de consumo, el debate ya no es solo cuánto baja la inflación, sino qué tan representativa es la medición para los hogares.
Actividad estancada y definición de estanflación
El dato que completa el cuadro es el nivel de actividad. El balance de 2025 publicado en Mercado describió un crecimiento agregado débil y alta dispersión sectorial, con una economía que no consolida un rebote homogéneo. En ese contexto, una inflación que deja de desacelerar plantea un escenario clásico de estanflación.
La estanflación combina dos fenómenos: inflación persistente (o en alza) y estancamiento —o contracción— del producto y el empleo. Es una configuración particularmente adversa porque limita el menú de política: endurecer para bajar la inflación puede profundizar la recesión; estimular la actividad puede recalentar precios si no hay anclas y credibilidad suficientes.
Con inflación mensual en torno a 3% y una recuperación que no termina de afirmarse, el riesgo es que el proceso de desinflación se convierta en una expectativa incumplida: un país con nominalidad todavía alta y una economía real que opera por debajo de su potencial.
