Con mucho de oportunismo electoral y poco sentido estratégico, se reasignaron 4.500 efectivos a tareas de seguridad en el Gran Buenos Aires de una fuerza de seguridad militar, con características mixtas, que puede cumplir misiones de defensa nacional y de seguridad interior financiada con impuestos nacionales.
Así, se puso a Gendarmería Nacional al servicio de una sola provincia, discriminando al resto de los ciudadanos del país que también sufren severos problemas de inseguridad, advierte el Instituto de Desarrollo Económico y Social Argentino (IDESA) en su habitual informe semanal.
Reflexiona que por respeto al ordenamiento institucional que fija la Constitución y elementales principios de buena gestión “no es recomendable que una fuerza nacional se superponga con las policías provinciales. Una estrategia mucho más promisoria es morigerar el centralismo fiscal a fin de liberar fondos que se distribuyan automáticamente a las provincias para que estas modernicen sus policías”.
Y brinda un ejemplo de por qué no hacen falta grandes esfuerzos a nivel nacional para generar los recursos adicionales que podrían mejorar los sistemas de seguridad de las provincias:
- En 2013, el monto presupuestado para subsidios a Aerolíneas Argentinas asciende a $3.120 millones.
- Si esos recursos se distribuyeran entre las provincias en función a la población, la provincia de Buenos Aires recibiría $1.310 millones.
- Se trata de un monto similar a los $1.263 millones que demanda el programa de Gendarmería de seguridad ciudadana en la provincia de Buenos Aires.
El reporte a cargo del economista jefe de Idesa, Jorge Colina, asegura que “sólo con dejar de derrochar recursos en los déficits de Aerolíneas Argentinas se podrían generar fondos adicionales para atender la inseguridad.
La provincia de Buenos Aires recibiría un monto similar a lo que se distrae de Gendarmería. Esto se lograría sin incurrir en riesgosas e ineficientes superposiciones de funciones con la policía bonaerense y permitiendo que la Gendarmería vuelva a cumplir los roles para los que fue creada, que es el cuidado de las fronteras y la seguridad nacional.
Tan importante sería a la vez que el resto de las provincias también recibieran fondos adicionales para combatir la inseguridad poniendo en igualdad de condiciones a todos los habitantes del país.
En paralelo, reasignando los recursos públicos malgastados en la aerolínea estatal, se podría impulsar la modernización de las policías provinciales.
A modo de ejemplo, se podría incrementar en 12% el presupuesto policial de la provincia de Buenos Aires y en 8% el de las provincias de Córdoba y Santa Fe. Con más seguridad y mayor cobertura aérea se produciría un impacto muy positivo en el interior de país con mayor producción y mejor calidad de vida.
Dentro del ordenamiento federal que adopta la Constitución, las principales funciones del Estado están bajo responsabilidad de las provincias.
Por eso, el inédito centralismo fiscal de la última década degrada la calidad del Estado.
Los ciudadanos nunca pagaron tantos impuestos como en la actualidad, pero no reciben mejores servicios públicos. La centralización se traduce en descuido de servicios fundamentales, como la seguridad, y en un enorme despilfarro de recursos públicos en actividades de bajo o nulo retorno social.
Si se dejara de subsidiar a Aerolíneas Argentinas y se aplicaran buenas regulaciones al mercado de transporte aéreo se podría tener más cobertura, mejor calidad y precios más bajos. Con pequeños subsidios focalizados se podría inducir la cobertura aérea de rutas no rentables.
La inseguridad es un testimonio contundente de baja calidad en la gestión del Estado. Algo parecido ocurre con la educación y la salud pública, y la infraestructura. Esto no se resuelve profundizando las superposiciones, como propone el gobierno nacional que ante el fracaso de la policía bonaerense decide convocar a cumplir el mismo rol a la Gendarmería.
Las soluciones pasan por corregir el enorme desorden institucional asociado a la centralización de recursos públicos.
Para ello, el primer paso es desarticular el derroche a nivel nacional cuya manifestación más visible son los subsidios económicos.
