El “Coimasgate”: una crisis que erosiona la gobernabilidad
Un sondeo reciente revela que el escándalo de corrupción que involucra a Karina Milei y a miembros de la familia Menem no solo impacta en la imagen presidencial, sino también en la confianza de los mercados y en la base electoral del oficialismo.
El gobierno de Javier Milei enfrenta una de las crisis más profundas desde su llegada al poder. El llamado Coimasgate —también denominado Karinagate— emerge en un contexto de desgaste acumulado por episodios anteriores, como el Libragate y la polémica por el fentanilo adulterado. Según la encuesta de Zuban-Córdoba, realizada a fines de agosto de 2025, un 62% de la población considera que la respuesta oficial fue “improvisada”, mientras que apenas un 34,7% la juzga “preparada” .
De la crisis permanente a la “policrisis”
En la historia argentina, las crisis políticas han sido recurrentes. Lo excepcional no es su existencia, sino la ausencia de ellas. El escándalo actual combina dimensiones judiciales, reputacionales y económicas. El politólogo Mario Riorda lo define como una “policrisis”: una confluencia de factores que escapan al control gubernamental y que abren interrogantes sobre la estabilidad futura.
El Libragate había resultado complejo para la comprensión pública. En cambio, las palabras “coima” y “corrupción” tienen un impacto inmediato en el imaginario social. En un país donde la memoria política guarda registro de episodios emblemáticos de corrupción, estas acusaciones producen un daño más directo y visceral en la relación entre gobernantes y gobernados.
La respuesta oficial y el costo político
La decisión presidencial de respaldar a los funcionarios acusados, incluso con expresiones como “poner las manos en el fuego”, reproduce patrones de una política tradicional que Milei había prometido combatir. Para el 70% de los consultados, ese respaldo es injustificable, y un 65% exige la renuncia de los implicados y su disposición inmediata ante la Justicia .
La consecuencia electoral es significativa. Un 12% de quienes apoyaron a Milei en el balotaje de 2023 ya afirma que no volverá a votarlo tras este escándalo, mientras que otro 13% había tomado esa decisión previamente. En términos políticos, incluso una fuga marginal de votantes puede resultar determinante en un escenario competitivo.
Impacto en los mercados e inversores
El 61% de la población considera que el caso impactará negativamente en los mercados, y un 58% prevé una caída en la confianza de los inversores . La percepción de corrupción no solo erosiona el vínculo entre sociedad y gobierno, sino también entre el país y los capitales internacionales. En economías frágiles como la argentina, la confianza constituye un activo intangible, pero decisivo.
La historia económica argentina ofrece ejemplos elocuentes: desde la crisis del “Banelco” en el año 2000 hasta los escándalos de la década kirchnerista, la sospecha de corrupción siempre derivó en una prima de riesgo más alta, depreciación del peso y restricciones al financiamiento.
El espejo de la historia
La encuesta muestra que el 47% de los argentinos percibe al actual gobierno como “más corrupto que los anteriores”, mientras solo un 22% sostiene que Milei no lo es . Esa percepción resulta demoledora para un liderazgo que se construyó sobre la promesa de diferenciarse de la “casta”.
La gobernabilidad, en este marco, depende menos de la capacidad de imponer reformas que de la de recomponer credibilidad. Una vez instalada la idea de corrupción en torno a una gestión, la erosión suele ser irreversible. Como recordaba el viejo adagio: “como te ven, te tratan”.
Una crisis abierta
El Coimasgate no se limita a un episodio más en la lista de dificultades del oficialismo. Se trata de un punto de inflexión que puede marcar la dinámica política y económica del país en los próximos meses. A diferencia de otras crisis, este caso involucra a la familia presidencial y a figuras clave del círculo de poder, lo que multiplica sus efectos.
En la medida en que la Justicia avance, los mercados reaccionen y la opinión pública mantenga su presión, el gobierno se enfrenta a la disyuntiva de persistir en la defensa cerrada de sus funcionarios o adoptar un giro que permita recuperar la iniciativa. En cualquier caso, el margen de maniobra se reduce.