De acuerdo con una carta de intención que el Estado selló con
el Banco Mundial a comienzos de 2003, un desembolso de 1.500
millones de dólares quedó atado a una cláusula que figura en ese
documento, conocida como “débito automático”.
Por ese punto, los sanatorios, laboratorios o centros de salud
que brindan sus servicios a través de obras sociales no podrán
cobrar sus prestaciones a través de ellas, sino que directamente
deberán facturarle a la AFIP, que es la encargada de recaudar el
aporte de los afiliados a cada una de las entidades sindicales.
El organismo crediticio internacional pretende que esta reforma
entre en vigencia a partir de febrero próximo.
En el Banco
Mundial estiman que el sistema de salud en la Argentina tiene un
sobrecosto de por lo menos 10%, como consecuencia de
la intermediación de las gerenciadoras, que estarían vinculadas
con los sindicatos.
De acuerdo con una carta de intención que el Estado selló con
el Banco Mundial a comienzos de 2003, un desembolso de 1.500
millones de dólares quedó atado a una cláusula que figura en ese
documento, conocida como “débito automático”.
Por ese punto, los sanatorios, laboratorios o centros de salud
que brindan sus servicios a través de obras sociales no podrán
cobrar sus prestaciones a través de ellas, sino que directamente
deberán facturarle a la AFIP, que es la encargada de recaudar el
aporte de los afiliados a cada una de las entidades sindicales.
El organismo crediticio internacional pretende que esta reforma
entre en vigencia a partir de febrero próximo.
En el Banco
Mundial estiman que el sistema de salud en la Argentina tiene un
sobrecosto de por lo menos 10%, como consecuencia de
la intermediación de las gerenciadoras, que estarían vinculadas
con los sindicatos.
