A pocas horas de su regreso de la Rúa recibió el respaldo del Consejo Empresario Argentino. La entidad, que aglutina a grandes bancos y grupos inversores, reconoció por boca de su titular, Manuel Sacerdote, que están dadas todas las condiciones para que la Argentina crezca. Lo hizo durante un desayuno de trabajo con el ministro de Economía, en el cual Machinea se quejó de que no sean reconocidos todos los esfuerzos que realiza el gobierno. Señaló el alza del 15% de las exportaciones, los logros de la reforma laboral y la desregulación de las obras sociales, objetivos reiteradamente pedidos por las empresas.
Sacerdote reconoció que ingresan fondos al sistema bancario, tanto desde el exterior como del interior y agregó que percibe el inicio de un círculo positivo. Con un principio de reactivación ,mejorará la recaudación fiscal, habrá menor déficit en el Estado y esos síntomas alentarán una corriente de inversiones.
El viernes se reunió el Grupo Productivo, integrado por industriales, empresarios de la construcción y productores agropecuarios. El día anterior, en la Unión Industrial Argentina logró arbitrarse un consenso para fijar la posición de la entidad, superando las diferencias existentes entre los sectores que la componen.
De ahí surgió acuerdo en una cuestión central: pedir un aumento de aportes patronales para firmas privatizadas, bancos y supermercados, para establecer un subsidio de desempleo, destinado a jefes de familia, hasta que la economía entre en un período estable de reactivación.
Al escribirse estas líneas quedaba pendiente de consideración un proyecto mantenido en estricta reserva. La posibilidad de que el gobierno aplique todas las propuestas contenidas en el documento que le hará llegar el Grupo Productivo, si este sector se compromete a recomendar la paralización de todos los despidos previstos, como contribución a la reactivación económica del país.
El paquete de medidas contiene una treintena de iniciativas, entre las cuales se destacan las siguientes:
1. Extender la moratoria impositiva por 60 días.
2. Exigir el uso de facturas conformadas para facilitar el financiamiento.
3. Fijar un plazo de 120 días para que las PyMEs cancelen deudas con las compañías de servicios públicos.
4. Aplicar sanciones a las importaciones que ingresen al mercado argentino por medio del contrabando o a precios subsidiados por los países de origen.
El ministro de Economía, al tanto de los temas en juego, trabajó en su domicilio con sus colaboradores y varios empresarios, entre ellos Ignacio de Mendiguren, Héctor Massuh y Sergio Einaudi. También tuvo la satisfacción de informar a la Cámara de la Construcción, en otra entrevista, que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) garantizará el fondo de infraestructura.
El vicepresidente, Carlos Alvarez, resumió la situación al decir que muchas de las medidas propuestas son compartidas en esferas oficiales y que otras serán sometidas a discusión.
A pocas horas de su regreso de la Rúa recibió el respaldo del Consejo Empresario Argentino. La entidad, que aglutina a grandes bancos y grupos inversores, reconoció por boca de su titular, Manuel Sacerdote, que están dadas todas las condiciones para que la Argentina crezca. Lo hizo durante un desayuno de trabajo con el ministro de Economía, en el cual Machinea se quejó de que no sean reconocidos todos los esfuerzos que realiza el gobierno. Señaló el alza del 15% de las exportaciones, los logros de la reforma laboral y la desregulación de las obras sociales, objetivos reiteradamente pedidos por las empresas.
Sacerdote reconoció que ingresan fondos al sistema bancario, tanto desde el exterior como del interior y agregó que percibe el inicio de un círculo positivo. Con un principio de reactivación ,mejorará la recaudación fiscal, habrá menor déficit en el Estado y esos síntomas alentarán una corriente de inversiones.
El viernes se reunió el Grupo Productivo, integrado por industriales, empresarios de la construcción y productores agropecuarios. El día anterior, en la Unión Industrial Argentina logró arbitrarse un consenso para fijar la posición de la entidad, superando las diferencias existentes entre los sectores que la componen.
De ahí surgió acuerdo en una cuestión central: pedir un aumento de aportes patronales para firmas privatizadas, bancos y supermercados, para establecer un subsidio de desempleo, destinado a jefes de familia, hasta que la economía entre en un período estable de reactivación.
Al escribirse estas líneas quedaba pendiente de consideración un proyecto mantenido en estricta reserva. La posibilidad de que el gobierno aplique todas las propuestas contenidas en el documento que le hará llegar el Grupo Productivo, si este sector se compromete a recomendar la paralización de todos los despidos previstos, como contribución a la reactivación económica del país.
El paquete de medidas contiene una treintena de iniciativas, entre las cuales se destacan las siguientes:
1. Extender la moratoria impositiva por 60 días.
2. Exigir el uso de facturas conformadas para facilitar el financiamiento.
3. Fijar un plazo de 120 días para que las PyMEs cancelen deudas con las compañías de servicios públicos.
4. Aplicar sanciones a las importaciones que ingresen al mercado argentino por medio del contrabando o a precios subsidiados por los países de origen.
El ministro de Economía, al tanto de los temas en juego, trabajó en su domicilio con sus colaboradores y varios empresarios, entre ellos Ignacio de Mendiguren, Héctor Massuh y Sergio Einaudi. También tuvo la satisfacción de informar a la Cámara de la Construcción, en otra entrevista, que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) garantizará el fondo de infraestructura.
El vicepresidente, Carlos Alvarez, resumió la situación al decir que muchas de las medidas propuestas son compartidas en esferas oficiales y que otras serán sometidas a discusión.
