El acuerdo del Bicentenario impulsado desde el gobierno trae un borrón y cuenta nueva para el INdEC

No dejó de llamar la atención que el ministro de Economía,
Martín Lousteau, admitiera públicamente lo que el gobierno ha
venido negando: la Argentina necesita “una inflación moderada y
previsible”, elemento indispensable para poder “mejorar la distribución
del Ingreso”, dijo ante el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), Luis Alberto Moreno, y la princesa de los Países Bajos, Máxima
Zorreguieta.

El titular del Palacio de Hacienda, sin mencionarlo, descartó de este
modo que la inflación sea del 7,5 % anual, como prevé la administración
de Cristina Kirchner, ya que una tasa como esa sería “moderada y
previsible”.

La nueva ponderación del índice pendiente de implementación
por parte del “intervenido” INdEC podría arrancar en mayo,
una vez absorbidos fuera de planilla los aumentos de precios y de salarios que
se sucedieron en el primer cuatrimestre del año.

La divisoria política de aguas es el conflicto con los productores agropecuarios,
que en plena tregua ha dado pábulo a amenazas del secretario de Comercio,
Guillermo Moreno, con aplicar la ley de abastecimiento a los alimentos que salten
el cerco de la pauta oficial.

Sin embargo, la creciente incidencia que la inflación tiene en la distribución
del ingreso lleva ganados todos los ámbitos nacionales a nivel de la
calle, y ya no representa una polémica técnica entre economistas.
Inclusive, de tanto sembrar desconfianza, el INdEC dejó prácticamente
de utilizarse en todas las pujas por reajustes.

Lo sabe bien Lousteau, quien no conforme con erradicar futuras manipulaciones
estadísticas, se lanzó con un borrador de reducción del
gasto público del 15 % que está frenado en Olivos.

El aún ministro aclaró sobre el particular que “el primer
desafío que tiene la Argentina es crecer en forma consecutiva y durante
mucho tiempo”, y afirmó: “Si logramos crecer 10 años
a 5,5 o 6% anual, podríamos aumentar en 50% los ingresos de los habitantes”.
En los puntos suspensivos de esa declaración se esfuman, junto con la
coyuntura, los voluntaristas métodos de intimidación que ejecuta
Moreno con los empresarios y las posteriores maniobras con los datos en la cocina
del INdEC.

En una alocución que por el tono podría ser su propio réquiem
como titular de la cartera económica, el joven funcionario fue al meollo
de lo que sería una política económica consiste, que dada
su profesión es lo que debe creer: “Hay que trabajar para lograr
una inflación moderada y previsible, para aumentar la formalidad (en
el empleo) y para aumentar la educación, que es un elemento que brinda
más oportunidades”.

La alternativa planteada por el ministro de encarar una rebaja en el gasto
público, el cual según el economista investigador Jorge Colina,
del Instituto para el Desarrollo Social de Argentina, creció el año
pasado en 43.000 millones de pesos respecto a los valores de 2006, apunta directamente
al corazón de las distorsiones que significan los subsidios a la energía
y los alimentos en la distribución del ingreso, que se llevaron 45% de
las erogaciones aumentadas.

Lo que Lousteau no dijo sí lo dejó en claro Colina: “Esta
política de mantener artificialmente los precios bajos como mecanismo
de redistribución de las riquezas falla, porque los mayores beneficiados
son aquellos que concentran los ingresos más altos”.

Explicó: “Cuando se mantienen los precios bajos a través
de subsidios para mejorar los ingresos, se pierde de vista que los que más
consumen son los sectores altos. El INdEC dice que los hogares pobres son los
que más gastan de su presupuesto en alimentos, pero eso no quiere decir
que sean los que más alimentos consumen”.

Colina afirmó “es difícil medir la pobreza en la Argentina
por la distorsión de los datos del INdEC, pero es probable que no haya
mejorado desde 2006, el último dato confiable del que se dispone, que
era de un 27%. Es altamente probable que los índices de pobreza hayan
crecido porque esos sectores perdieron poder adquisitivo con las subas de precios”.

Flagelo regional

El fenómeno castiga no sólo al país sino a todo el continente.
Un informe de la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL) advierte que el fuerte aumento de los precios de los alimentos
“está castigando con especial dureza a los más pobres de
América latina”.

La CEPAL detalla que una suba del 15% en la inflación eleva 3 puntos
la indigencia. En tal sentido, el secretario ejecutivo de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), José
Luis Machinea, aseguró que los aumentos en los precios de alimentos se
aceleraron en los últimos 12 meses.

Y es especialmente preocupante en el caso del maíz, el trigo, el arroz
y las oleaginosas, que son la base de la dieta de millones de ciudadanos de
Latinoamérica.

Estos enunciados teóricos coinciden con la percepción popular
sobre lo que sucede en la economía real. Por ejemplo, los aumentos en
los precios de los alimentos en las últimas semanas generaron una alta
preocupación en la mayoría de los gremios de la CGT, sobre todo
en aquellos que aceptaron el 19,5% de aumento que el camionero Hugo Moyano había
acordado con la presidenta Cristina de Kirchner.

El 19,5% acordado para todo el año no cubrirá el costo de vida
a este paso y, aunque todavía en voz baja, advierten que en octubre podrían
reabrirse las negociaciones.

Aunque los dirigentes sindicales alineados en la CGT sostienen que nadie dirá
nada hasta que sea reelecto Hugo Moyano como secretario general en junio, el
propio líder camionero los habría tranquilizado, en el sentido
de que él mismo planteará en ese momento la reapertura de los
convenios.

Por ahora, en esferas próximas a su conducción, se afirma que
vienen “cuerpeando” los sondeos desde el gobierno para incluir la
vigencia de los arreglos salariales en un acuerdo social, denominado del Bicentenario,
por más que la práctica habitual de polarización de la
sociedad que se hace desde la Casa Rosada haya trazado una línea, ubicando
de la vereda de enfrente a los productores agropecuarios. La idea es que todo
rechazo a una propuesta oficial sitúe a quien la haga junto con los enemigos
rurales.

En algunos sindicatos que ya cerraron tratos con la parte patronal se entró
en una suerte de tregua hasta octubre, en la que se medirá el alza real
de los precios y se determinará en consecuencia si se denuncian o no
los convenios o se exige una compensación salarial.

El problema ahora se presenta con los gremios que están negociando en
el marco de las paritarias. La UOM, que tiene casi 300.000 afiliados, pide un
incremento del 30% que representa $400 para el haber básico y 600 en
lo más alto de la escala. Los empresarios sólo ofrecen la mitad.

Ante un plan de lucha que empezaba el lunes, el Ministerio de Trabajo dictó
una conciliación obligatoria, y hay presiones concretas para cerrar un
acuerdo marco en Techint por el 20 % que empuje al resto a acomodarse en ese
nivel.

A corto plazo, los cuatro gremios ferroviarios -talleres y boleteros, conductores
de locomotoras, señaleros y personal administrativo- podrían seguir
el mismo camino de los metalúrgicos.

Por la cantidad de trabajadores que agrupan, ambos sectores son organizaciones
clave en la política laboral, pero uno y otro se niegan a entrar dentro
de la pauta del 20% que aceptó el grueso de los sindicatos.

La desconfianza en los índices de precios oficiales ya implica directamente
su omisión por parte de los actores sociales.

Así, la Unión Argentina de Inquilinos (UAI) denunció que
las rentas subieron un 5,4 % en los primeros tres meses del año, el doble
de la inflación -2,5 %- dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística
y Censos (INDEC) en ese período.

“Nadie parece reparar que los alquileres actúan como una variable
autónoma que en 2007 fue dos veces y media el importe del IPC del año”,
remarcó el presidente de la UAI, Radamés Marini. “Esta variable
que afecta en la Capital Federal a un cuarto de millón de viviendas y
1.160.000 en todo el país, no merece atención alguna cuando se
publican las cifras del INDEC”, agregó.

Al vencimiento de los contratos, los propietarios sólo están
dispuestos a renovar con el 100 % del valor vigente, lo cual coloca al borde
de la desesperación al inquilino, que ni siquiera tiene en la solución
anunciada de los créditos bancarios la salida a semejante encerrona.
Las entidades financieras consideran que no es negocio el plan inducido por
el gobierno, que ni siquiera las oficiales aplican en la práctica.

Ajuste de clases

La reacción del público ante los aumentos de los precios está
dividida en dos grandes grupos sociales: los que perciben ingresos superiores
a la denominada canasta básica y los que están dentro de este
estándar de gasto.

El denominador común es una retracción en el consumo de alimentos
y bebidas, los que más incrementan sus precios en esta etapa de inflación
“barrida bajo la alfombra”. La diferencia es que, en el primer caso,
o sea, los que cuentan con una situación más holgada, aparece
un mayor celo en las compras, mientras que en el segundo, o sea, los que viven
más ajustados, la retracción obedece a que el dinero les alcanza
cada vez menos.

Según la consultora AC Nielsen, el consumo de alimentos y bebidas en
supermercados durante marzo mantuvo un crecimiento frente al mismo mes de 2007,
pero perdió casi 2,5 puntos de expansión respecto del promedio
de los últimos meses.

Las ventas en las grandes cadenas cerraron el mes con una suba interanual del
11,3%, frente al 13,7% que habían registrado en el bimestre diciembre
07-enero 08.

La caída fue más pronunciada en el interior, donde el rubro venía
creciendo a una tasa superior al 17%, y el mes pasado bajó al 13,2%.

La consultora Home Research, que hace sus mediciones analizando los residuos
domiciliarios, envases descartados y tickets de compra de hogares de Ciudad
de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires-, también detectó cierta
desaceleración en marzo.

Otro rubro en alerta fue la venta de autos usados. Pese a haber cerrado el
primer trimestre del año con un nuevo récord de 361.972 unidades,
lo que representa un alza del 20% frente al período enero-marzo de 2007,
fue considerable la desaceleración en marzo.

La encuesta de la Escuela de Negocios del Instituto Di Tella revela que en
marzo declinó la confianza de los consumidores 6% respecto de febrero
y 28% frente al mismo mes de 2007. Aunque en abril se produjo una leve recuperación
del 0,2% en el índice, en términos interanuales se mantuvo 13,6%
por debajo de abril de 2007 y en el cuatrimestre acumuló una baja del
11,4%.

Hasta el que parecía un infinito ciclo de crecimiento, el uso de celulares,
empieza a sentir síntomas de agotamiento. En el último año,
la importación registró una baja de casi el 5%, aunque en divisas
aumentó un 9,4% debido al equipamiento de teléfonos de tercera
generación que no se fabrican localmente.

Es que cuando la inflación empieza a sentirse en los bolsillos, la primera
reacción es defensiva: cuidar el dinero para que alcance en el presupuesto
familiar y suprimir todos los “lujos” innecesarios. El sobrante se
lo suele utilizar para compras o inversiones de una sola vez, como electrodomésticos,
turismo o esparcimiento de fin de semana.

Este ajuste de las economías hogareñas incluye una reacción
instintiva contra la moneda excedente que se inyecta desde el Banco Central,
tanto en el ahorro bancario como en los consumos suntuarios fijos que normalmente
se financian con tarjeta de crédito.

No dejó de llamar la atención que el ministro de Economía,
Martín Lousteau, admitiera públicamente lo que el gobierno ha
venido negando: la Argentina necesita “una inflación moderada y
previsible”, elemento indispensable para poder “mejorar la distribución
del Ingreso”, dijo ante el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), Luis Alberto Moreno, y la princesa de los Países Bajos, Máxima
Zorreguieta.

El titular del Palacio de Hacienda, sin mencionarlo, descartó de este
modo que la inflación sea del 7,5 % anual, como prevé la administración
de Cristina Kirchner, ya que una tasa como esa sería “moderada y
previsible”.

La nueva ponderación del índice pendiente de implementación
por parte del “intervenido” INdEC podría arrancar en mayo,
una vez absorbidos fuera de planilla los aumentos de precios y de salarios que
se sucedieron en el primer cuatrimestre del año.

La divisoria política de aguas es el conflicto con los productores agropecuarios,
que en plena tregua ha dado pábulo a amenazas del secretario de Comercio,
Guillermo Moreno, con aplicar la ley de abastecimiento a los alimentos que salten
el cerco de la pauta oficial.

Sin embargo, la creciente incidencia que la inflación tiene en la distribución
del ingreso lleva ganados todos los ámbitos nacionales a nivel de la
calle, y ya no representa una polémica técnica entre economistas.
Inclusive, de tanto sembrar desconfianza, el INdEC dejó prácticamente
de utilizarse en todas las pujas por reajustes.

Lo sabe bien Lousteau, quien no conforme con erradicar futuras manipulaciones
estadísticas, se lanzó con un borrador de reducción del
gasto público del 15 % que está frenado en Olivos.

El aún ministro aclaró sobre el particular que “el primer
desafío que tiene la Argentina es crecer en forma consecutiva y durante
mucho tiempo”, y afirmó: “Si logramos crecer 10 años
a 5,5 o 6% anual, podríamos aumentar en 50% los ingresos de los habitantes”.
En los puntos suspensivos de esa declaración se esfuman, junto con la
coyuntura, los voluntaristas métodos de intimidación que ejecuta
Moreno con los empresarios y las posteriores maniobras con los datos en la cocina
del INdEC.

En una alocución que por el tono podría ser su propio réquiem
como titular de la cartera económica, el joven funcionario fue al meollo
de lo que sería una política económica consiste, que dada
su profesión es lo que debe creer: “Hay que trabajar para lograr
una inflación moderada y previsible, para aumentar la formalidad (en
el empleo) y para aumentar la educación, que es un elemento que brinda
más oportunidades”.

La alternativa planteada por el ministro de encarar una rebaja en el gasto
público, el cual según el economista investigador Jorge Colina,
del Instituto para el Desarrollo Social de Argentina, creció el año
pasado en 43.000 millones de pesos respecto a los valores de 2006, apunta directamente
al corazón de las distorsiones que significan los subsidios a la energía
y los alimentos en la distribución del ingreso, que se llevaron 45% de
las erogaciones aumentadas.

Lo que Lousteau no dijo sí lo dejó en claro Colina: “Esta
política de mantener artificialmente los precios bajos como mecanismo
de redistribución de las riquezas falla, porque los mayores beneficiados
son aquellos que concentran los ingresos más altos”.

Explicó: “Cuando se mantienen los precios bajos a través
de subsidios para mejorar los ingresos, se pierde de vista que los que más
consumen son los sectores altos. El INdEC dice que los hogares pobres son los
que más gastan de su presupuesto en alimentos, pero eso no quiere decir
que sean los que más alimentos consumen”.

Colina afirmó “es difícil medir la pobreza en la Argentina
por la distorsión de los datos del INdEC, pero es probable que no haya
mejorado desde 2006, el último dato confiable del que se dispone, que
era de un 27%. Es altamente probable que los índices de pobreza hayan
crecido porque esos sectores perdieron poder adquisitivo con las subas de precios”.

Flagelo regional

El fenómeno castiga no sólo al país sino a todo el continente.
Un informe de la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL) advierte que el fuerte aumento de los precios de los alimentos
“está castigando con especial dureza a los más pobres de
América latina”.

La CEPAL detalla que una suba del 15% en la inflación eleva 3 puntos
la indigencia. En tal sentido, el secretario ejecutivo de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), José
Luis Machinea, aseguró que los aumentos en los precios de alimentos se
aceleraron en los últimos 12 meses.

Y es especialmente preocupante en el caso del maíz, el trigo, el arroz
y las oleaginosas, que son la base de la dieta de millones de ciudadanos de
Latinoamérica.

Estos enunciados teóricos coinciden con la percepción popular
sobre lo que sucede en la economía real. Por ejemplo, los aumentos en
los precios de los alimentos en las últimas semanas generaron una alta
preocupación en la mayoría de los gremios de la CGT, sobre todo
en aquellos que aceptaron el 19,5% de aumento que el camionero Hugo Moyano había
acordado con la presidenta Cristina de Kirchner.

El 19,5% acordado para todo el año no cubrirá el costo de vida
a este paso y, aunque todavía en voz baja, advierten que en octubre podrían
reabrirse las negociaciones.

Aunque los dirigentes sindicales alineados en la CGT sostienen que nadie dirá
nada hasta que sea reelecto Hugo Moyano como secretario general en junio, el
propio líder camionero los habría tranquilizado, en el sentido
de que él mismo planteará en ese momento la reapertura de los
convenios.

Por ahora, en esferas próximas a su conducción, se afirma que
vienen “cuerpeando” los sondeos desde el gobierno para incluir la
vigencia de los arreglos salariales en un acuerdo social, denominado del Bicentenario,
por más que la práctica habitual de polarización de la
sociedad que se hace desde la Casa Rosada haya trazado una línea, ubicando
de la vereda de enfrente a los productores agropecuarios. La idea es que todo
rechazo a una propuesta oficial sitúe a quien la haga junto con los enemigos
rurales.

En algunos sindicatos que ya cerraron tratos con la parte patronal se entró
en una suerte de tregua hasta octubre, en la que se medirá el alza real
de los precios y se determinará en consecuencia si se denuncian o no
los convenios o se exige una compensación salarial.

El problema ahora se presenta con los gremios que están negociando en
el marco de las paritarias. La UOM, que tiene casi 300.000 afiliados, pide un
incremento del 30% que representa $400 para el haber básico y 600 en
lo más alto de la escala. Los empresarios sólo ofrecen la mitad.

Ante un plan de lucha que empezaba el lunes, el Ministerio de Trabajo dictó
una conciliación obligatoria, y hay presiones concretas para cerrar un
acuerdo marco en Techint por el 20 % que empuje al resto a acomodarse en ese
nivel.

A corto plazo, los cuatro gremios ferroviarios -talleres y boleteros, conductores
de locomotoras, señaleros y personal administrativo- podrían seguir
el mismo camino de los metalúrgicos.

Por la cantidad de trabajadores que agrupan, ambos sectores son organizaciones
clave en la política laboral, pero uno y otro se niegan a entrar dentro
de la pauta del 20% que aceptó el grueso de los sindicatos.

La desconfianza en los índices de precios oficiales ya implica directamente
su omisión por parte de los actores sociales.

Así, la Unión Argentina de Inquilinos (UAI) denunció que
las rentas subieron un 5,4 % en los primeros tres meses del año, el doble
de la inflación -2,5 %- dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística
y Censos (INDEC) en ese período.

“Nadie parece reparar que los alquileres actúan como una variable
autónoma que en 2007 fue dos veces y media el importe del IPC del año”,
remarcó el presidente de la UAI, Radamés Marini. “Esta variable
que afecta en la Capital Federal a un cuarto de millón de viviendas y
1.160.000 en todo el país, no merece atención alguna cuando se
publican las cifras del INDEC”, agregó.

Al vencimiento de los contratos, los propietarios sólo están
dispuestos a renovar con el 100 % del valor vigente, lo cual coloca al borde
de la desesperación al inquilino, que ni siquiera tiene en la solución
anunciada de los créditos bancarios la salida a semejante encerrona.
Las entidades financieras consideran que no es negocio el plan inducido por
el gobierno, que ni siquiera las oficiales aplican en la práctica.

Ajuste de clases

La reacción del público ante los aumentos de los precios está
dividida en dos grandes grupos sociales: los que perciben ingresos superiores
a la denominada canasta básica y los que están dentro de este
estándar de gasto.

El denominador común es una retracción en el consumo de alimentos
y bebidas, los que más incrementan sus precios en esta etapa de inflación
“barrida bajo la alfombra”. La diferencia es que, en el primer caso,
o sea, los que cuentan con una situación más holgada, aparece
un mayor celo en las compras, mientras que en el segundo, o sea, los que viven
más ajustados, la retracción obedece a que el dinero les alcanza
cada vez menos.

Según la consultora AC Nielsen, el consumo de alimentos y bebidas en
supermercados durante marzo mantuvo un crecimiento frente al mismo mes de 2007,
pero perdió casi 2,5 puntos de expansión respecto del promedio
de los últimos meses.

Las ventas en las grandes cadenas cerraron el mes con una suba interanual del
11,3%, frente al 13,7% que habían registrado en el bimestre diciembre
07-enero 08.

La caída fue más pronunciada en el interior, donde el rubro venía
creciendo a una tasa superior al 17%, y el mes pasado bajó al 13,2%.

La consultora Home Research, que hace sus mediciones analizando los residuos
domiciliarios, envases descartados y tickets de compra de hogares de Ciudad
de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires-, también detectó cierta
desaceleración en marzo.

Otro rubro en alerta fue la venta de autos usados. Pese a haber cerrado el
primer trimestre del año con un nuevo récord de 361.972 unidades,
lo que representa un alza del 20% frente al período enero-marzo de 2007,
fue considerable la desaceleración en marzo.

La encuesta de la Escuela de Negocios del Instituto Di Tella revela que en
marzo declinó la confianza de los consumidores 6% respecto de febrero
y 28% frente al mismo mes de 2007. Aunque en abril se produjo una leve recuperación
del 0,2% en el índice, en términos interanuales se mantuvo 13,6%
por debajo de abril de 2007 y en el cuatrimestre acumuló una baja del
11,4%.

Hasta el que parecía un infinito ciclo de crecimiento, el uso de celulares,
empieza a sentir síntomas de agotamiento. En el último año,
la importación registró una baja de casi el 5%, aunque en divisas
aumentó un 9,4% debido al equipamiento de teléfonos de tercera
generación que no se fabrican localmente.

Es que cuando la inflación empieza a sentirse en los bolsillos, la primera
reacción es defensiva: cuidar el dinero para que alcance en el presupuesto
familiar y suprimir todos los “lujos” innecesarios. El sobrante se
lo suele utilizar para compras o inversiones de una sola vez, como electrodomésticos,
turismo o esparcimiento de fin de semana.

Este ajuste de las economías hogareñas incluye una reacción
instintiva contra la moneda excedente que se inyecta desde el Banco Central,
tanto en el ahorro bancario como en los consumos suntuarios fijos que normalmente
se financian con tarjeta de crédito.