EE.UU.: sugestivo retoque en la ley de usinas atómicas
Una cláusula, disimulada dentro de un proyecto pasado sin debate- por la cámara alta e impulsada por las empresas, podría costarle al erario miles de millones en avales crediticios. Los préstamos se destinarán a construir veintiocho plantas.
Los cabilderos sectoriales señalaron a varios legisladores y funcionarios que su negocio necesita hasta US$ 50.000 millones en garantías sobre préstamos (2008-9) para financiar una ambiciosa expansión de capacidad instalada. Su adalid es el senador Pietro Dominici (republicano, Nuevo México), todavía máxima autoridad en la comisión de energía atómica, un hombre demasiado bien relacionado con esos negocios.
Jeffrey Bingaman (demócrata por el mismo estado), autor del proyecto original, insiste desde hace tiempo en que las usinas atómicas no precisan avales federales. A su criterio, las compañía y sus “lobbies” tergiversan la cláusula, que sólo prevé garantías para las plantas más innovadoras.
No obstante, tal como está redactada, podría sobrexpandir el sector. Por de pronto, hay planes para levantar veintiocho reactores cuyo costo unitario se calcula entre US$ 4.000 y 5.000 millones.
Si bien el segmento de vanguardia será principal beneficiario, la cláusula alterada por Dominici –envías de retirarse a la opulencia- podría conceder avales a usinas que empleen tecnologías de “carbón limpio” o combustibles renovables. Es decir, no emisores de monóxido ni dióxido de carbono, los dos gases responsables del efecto invernadero.
Este asunto se relaciona con un fenómeno de mayor alcance. Tras años de oposición por parte de ambientalistas y grupos preocupados por riesgos tipo Chernóbyl o Three-mile island, la actividad va recobrando apoyo político y social. No son ajenos a ello Francia y Suecia, donde la energía nuclear cubre respectivamente 70 y 60% de las necesidades y no ha habido accidentes.
En Estados Unidos, cada vez más legisladores de ambos partidos aceptan algún tipo de programa nuclear. Tienen motivos: la creciente dependencia nacional en materia de hidrocarburos importados y la contaminación atmosférica. Pero esta cláusula puede promover abusos, dando al departamento federal de energía y combustibles (muy proclive a cabildeos empresarios), vía eventual reglamentación de la ley, facultades para aprobar una cantidad ilimitada de avales. Según la ley general de política energética (2005), las usinas atómicas se definen como “limpias”, sólo porque no emite los gases ya indicados.
A su vez, la industrial insiste en que bancos y Wall Street no aportarán financiamientos para reactores, a menos que Washington ofrezca garantías completas. Total, el fisco ya avala miles de millones en favor de un sector agrícola ineficiente, exportadores, pequeñas y medianas empresas, etc. Por supuesto, el gobierno no presta directamente, pero acepta cubrir créditos en mora o cese de pagos.
Por un lado, el sector quiere US$ 50.000 millones para el bienio 2008-9. Por el otro, George W.Bush propuso apenas US$ 4.000 millones en garantias para nuevos créditos en 2008. En este caso, abarcan también otras formas “limpias” de generación eléctrica, inclusive combustibles renovables.
Sin embargo, la sigilosa cláusula introducida por Dominici redefine y amplía, sutilmente, el programa de garantías crediticias que el congreso había incorporado a la ley general de política energética, hace dos años. Por ende, autoridad federal podrá avalar hasta 100% de un préstamo y éste podrá cubrir hasta 80% del costo total de un reactor.
Los cabilderos sectoriales señalaron a varios legisladores y funcionarios que su negocio necesita hasta US$ 50.000 millones en garantías sobre préstamos (2008-9) para financiar una ambiciosa expansión de capacidad instalada. Su adalid es el senador Pietro Dominici (republicano, Nuevo México), todavía máxima autoridad en la comisión de energía atómica, un hombre demasiado bien relacionado con esos negocios.
Jeffrey Bingaman (demócrata por el mismo estado), autor del proyecto original, insiste desde hace tiempo en que las usinas atómicas no precisan avales federales. A su criterio, las compañía y sus “lobbies” tergiversan la cláusula, que sólo prevé garantías para las plantas más innovadoras.
No obstante, tal como está redactada, podría sobrexpandir el sector. Por de pronto, hay planes para levantar veintiocho reactores cuyo costo unitario se calcula entre US$ 4.000 y 5.000 millones.
Si bien el segmento de vanguardia será principal beneficiario, la cláusula alterada por Dominici –envías de retirarse a la opulencia- podría conceder avales a usinas que empleen tecnologías de “carbón limpio” o combustibles renovables. Es decir, no emisores de monóxido ni dióxido de carbono, los dos gases responsables del efecto invernadero.
Este asunto se relaciona con un fenómeno de mayor alcance. Tras años de oposición por parte de ambientalistas y grupos preocupados por riesgos tipo Chernóbyl o Three-mile island, la actividad va recobrando apoyo político y social. No son ajenos a ello Francia y Suecia, donde la energía nuclear cubre respectivamente 70 y 60% de las necesidades y no ha habido accidentes.
En Estados Unidos, cada vez más legisladores de ambos partidos aceptan algún tipo de programa nuclear. Tienen motivos: la creciente dependencia nacional en materia de hidrocarburos importados y la contaminación atmosférica. Pero esta cláusula puede promover abusos, dando al departamento federal de energía y combustibles (muy proclive a cabildeos empresarios), vía eventual reglamentación de la ley, facultades para aprobar una cantidad ilimitada de avales. Según la ley general de política energética (2005), las usinas atómicas se definen como “limpias”, sólo porque no emite los gases ya indicados.
A su vez, la industrial insiste en que bancos y Wall Street no aportarán financiamientos para reactores, a menos que Washington ofrezca garantías completas. Total, el fisco ya avala miles de millones en favor de un sector agrícola ineficiente, exportadores, pequeñas y medianas empresas, etc. Por supuesto, el gobierno no presta directamente, pero acepta cubrir créditos en mora o cese de pagos.
Por un lado, el sector quiere US$ 50.000 millones para el bienio 2008-9. Por el otro, George W.Bush propuso apenas US$ 4.000 millones en garantias para nuevos créditos en 2008. En este caso, abarcan también otras formas “limpias” de generación eléctrica, inclusive combustibles renovables.
Sin embargo, la sigilosa cláusula introducida por Dominici redefine y amplía, sutilmente, el programa de garantías crediticias que el congreso había incorporado a la ley general de política energética, hace dos años. Por ende, autoridad federal podrá avalar hasta 100% de un préstamo y éste podrá cubrir hasta 80% del costo total de un reactor.
