Ecuador próximo a una crisis
El gobierno de ese país podría enfrentarse a una crisis de sectores múltiples a raíz de la mala implementación de políticas tributarias y a la cuestionada gestión de su poder Ejecutivo.
(EFE).- El Gobierno de Ecuador estaría inmerso en pocos meses en una “terrible disyuntiva política, económica, social y externa” debido a la mala gestión político del Ejecutivo y al rechazo del Parlamento a parte de la Reforma Tributaria de ese país, según analistas.
“El eminente fracaso de la Reforma Tributaria ha comenzado a pintar un lienzo negro en la estabilidad del país para este año” informó la publicación mensual Carta Económica de la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes) de Ecuador.
El Parlamento ecuatoriano negó la semana pasada la aprobación de algunos puntos de la Reforma Tributaria, entre ellos el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 12% a 15%.
Por ello, el ejecutivo ha elaborado un veto parcial para la aprobación de la Reforma antes de que venza el plazo del acuerdo stand by firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y que vence el próximo 18 de abril.
El incremento del IVA era uno de los puntos acordados entre el FMI y Ecuador.
“Dada la posición de los bloques legislativos y el mal manejo político del ejecutivo, se necesitaría un milagro para que por medio de un veto presidencial se resuelva en incremento del IVA”, explicó la publicación económica.
Si Ecuador incumple el Acuerdo con el FMI el organismo podría abandonar el país, por lo que tendría que asumir una pérdida de financiación de entre US$ 300 millones y US$ 500 millones, cantidad que se sumaría al déficit existente que, según el ministro de Economía, Jorge Gallardo, es de US$ 674 millones.
Ello supone que la brecha financiera del sector público estaría aproximadamente en US$ 1.000 millones.
Sin embargo, según Carta Económica, al déficit presentado por Gallardo se debe reducir ciertos gastos no presupuestarios por lo que la brecha se situaría en aproximadamente US$ 700 millones, si el precio del barril de petróleo no baja de US$ 18.
Para reducir el déficit, Gallardo anunció que se podría recortar el gasto público en US$ 500 millones, pero según Carta Económica ello causaría graves problemas políticos.
Por otra parte, el ex gerente del Banco Central de Ecuador, Miguel Dávila, tomó posesión el viernes del cargo de superintendente de Bancos en sustitución de Juan Falconí, destituido por el Congreso hace cinco meses.
Dávila, quien fue designado el jueves como superintendente en el Parlamento, afrontó la primera dificultad al ser acusado por el diputado de Izquierda Democrática (ID) Henry Yánez, de haber cambiado a última hora la empresa auditora –que administró temporalmente– que analizaba la situación de uno de los bancos en manos del Estado.
El diputado aseguró que solicitarán a Dávila las copias de los contratos que debía haber firmado con la empresa auditora para determinar las presuntas irregularidades.
El nuevo superintendente rechazó la acusación y aseguró que con el cambio de empresa auditora se logró entablar cuatro juicios y se realizaron algunas acciones legales para ayudar al saneamiento de la empresa.
Dávila ofreció trabajar para recuperar la confianza en el sistema financiero, que aún no ha logrado consolidarse tras la crisis financiera de 1999 cuando, tras una festividad bancaria, se decretó la congelación parcial de depósitos.
(EFE).- El Gobierno de Ecuador estaría inmerso en pocos meses en una “terrible disyuntiva política, económica, social y externa” debido a la mala gestión político del Ejecutivo y al rechazo del Parlamento a parte de la Reforma Tributaria de ese país, según analistas.
“El eminente fracaso de la Reforma Tributaria ha comenzado a pintar un lienzo negro en la estabilidad del país para este año” informó la publicación mensual Carta Económica de la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes) de Ecuador.
El Parlamento ecuatoriano negó la semana pasada la aprobación de algunos puntos de la Reforma Tributaria, entre ellos el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 12% a 15%.
Por ello, el ejecutivo ha elaborado un veto parcial para la aprobación de la Reforma antes de que venza el plazo del acuerdo stand by firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y que vence el próximo 18 de abril.
El incremento del IVA era uno de los puntos acordados entre el FMI y Ecuador.
“Dada la posición de los bloques legislativos y el mal manejo político del ejecutivo, se necesitaría un milagro para que por medio de un veto presidencial se resuelva en incremento del IVA”, explicó la publicación económica.
Si Ecuador incumple el Acuerdo con el FMI el organismo podría abandonar el país, por lo que tendría que asumir una pérdida de financiación de entre US$ 300 millones y US$ 500 millones, cantidad que se sumaría al déficit existente que, según el ministro de Economía, Jorge Gallardo, es de US$ 674 millones.
Ello supone que la brecha financiera del sector público estaría aproximadamente en US$ 1.000 millones.
Sin embargo, según Carta Económica, al déficit presentado por Gallardo se debe reducir ciertos gastos no presupuestarios por lo que la brecha se situaría en aproximadamente US$ 700 millones, si el precio del barril de petróleo no baja de US$ 18.
Para reducir el déficit, Gallardo anunció que se podría recortar el gasto público en US$ 500 millones, pero según Carta Económica ello causaría graves problemas políticos.
Por otra parte, el ex gerente del Banco Central de Ecuador, Miguel Dávila, tomó posesión el viernes del cargo de superintendente de Bancos en sustitución de Juan Falconí, destituido por el Congreso hace cinco meses.
Dávila, quien fue designado el jueves como superintendente en el Parlamento, afrontó la primera dificultad al ser acusado por el diputado de Izquierda Democrática (ID) Henry Yánez, de haber cambiado a última hora la empresa auditora –que administró temporalmente– que analizaba la situación de uno de los bancos en manos del Estado.
El diputado aseguró que solicitarán a Dávila las copias de los contratos que debía haber firmado con la empresa auditora para determinar las presuntas irregularidades.
El nuevo superintendente rechazó la acusación y aseguró que con el cambio de empresa auditora se logró entablar cuatro juicios y se realizaron algunas acciones legales para ayudar al saneamiento de la empresa.
Dávila ofreció trabajar para recuperar la confianza en el sistema financiero, que aún no ha logrado consolidarse tras la crisis financiera de 1999 cuando, tras una festividad bancaria, se decretó la congelación parcial de depósitos.
