El Departamento de Justicia de Estados Unidos apoyó hoy (martes 6) prohibir a la banca local hacer negocios con los bancos “cáscara”, que, como en el caso de M.A. Bank y Federal Bank, funcionaron sin oficinas y son vinculados con operaciones de “lavado de dinero”.
“Desde nuestra perspectiva, es una iniciativa que aplaudimos”, dijo la fiscal Mary Lee Warren, responsable de los casos de lavado de dinero en la División de Asuntos Criminales del Departamento de Justicia estadounidense.
Los testimonios de la fiscal Warren y un alto funcionario del Departamento del Tesoro, Joseph Myers, cerraron los tres días de audiencia del Subcomité de Investigaciones Permanentes del Senado de Estados Unidos en torno a la práctica del lavado de dinero.
La investigación dio a conocer una escandalosa falta de controles en la Argentina, Estados Unidos y varias islas del Caribe en contra del lavado de dinero.
En tanto, el Senado estadounidense se apresta a enviar la documentación recopilada a las autoridades de la Argentina, pero antes deberá aprobar una resolución que la autorice, mientas espera también consultar el asunto con el Departamento de Estado.
Un portavoz del Subcomité de Investigaciones Permanentes del Senado de Estados Unidos indicó que el próximo paso en favor de esa entrega será la redacción de esa resolución y su consideración ante el pleno de la cámara legislativa.
Con respecto al Departamento de Estado, el proceso consiste en una “simple consulta” y la determinación de la oficina responsable de la política exterior de Estados Unidos no impedirá al Senado enviar la información a la Argentina.
Las dos cajas con pruebas recopiladas por los funcionarios demócratas del Subcomité de Investigaciones se entregarían al Gobierno argentino y a los diputados Elisa Carrió y Gustavo Gutiérrez.
La información incluye los nombres y datos de unas 200 cuentas que existían en los “bancos fachada” argentinos.
El estudio del subcomité del Senado concluyó que cada año pasan por el sistema financiero de Estados Unidos entre US$ 500.000 millones y 1,5 billones procedentes del lavado de dinero.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos apoyó hoy (martes 6) prohibir a la banca local hacer negocios con los bancos “cáscara”, que, como en el caso de M.A. Bank y Federal Bank, funcionaron sin oficinas y son vinculados con operaciones de “lavado de dinero”.
“Desde nuestra perspectiva, es una iniciativa que aplaudimos”, dijo la fiscal Mary Lee Warren, responsable de los casos de lavado de dinero en la División de Asuntos Criminales del Departamento de Justicia estadounidense.
Los testimonios de la fiscal Warren y un alto funcionario del Departamento del Tesoro, Joseph Myers, cerraron los tres días de audiencia del Subcomité de Investigaciones Permanentes del Senado de Estados Unidos en torno a la práctica del lavado de dinero.
La investigación dio a conocer una escandalosa falta de controles en la Argentina, Estados Unidos y varias islas del Caribe en contra del lavado de dinero.
En tanto, el Senado estadounidense se apresta a enviar la documentación recopilada a las autoridades de la Argentina, pero antes deberá aprobar una resolución que la autorice, mientas espera también consultar el asunto con el Departamento de Estado.
Un portavoz del Subcomité de Investigaciones Permanentes del Senado de Estados Unidos indicó que el próximo paso en favor de esa entrega será la redacción de esa resolución y su consideración ante el pleno de la cámara legislativa.
Con respecto al Departamento de Estado, el proceso consiste en una “simple consulta” y la determinación de la oficina responsable de la política exterior de Estados Unidos no impedirá al Senado enviar la información a la Argentina.
Las dos cajas con pruebas recopiladas por los funcionarios demócratas del Subcomité de Investigaciones se entregarían al Gobierno argentino y a los diputados Elisa Carrió y Gustavo Gutiérrez.
La información incluye los nombres y datos de unas 200 cuentas que existían en los “bancos fachada” argentinos.
El estudio del subcomité del Senado concluyó que cada año pasan por el sistema financiero de Estados Unidos entre US$ 500.000 millones y 1,5 billones procedentes del lavado de dinero.
