Brasil amaneció sorprendido y conturbado. El ex Presidente Lula denunciado por un senador arrepentido que busca aliviar su condena en el escándalo de corrupción en Petrobras, fue detenido por orden judicial para ser interrogado sobre presuntas dádivas recibidas. Se lo acusa también de que conocía a fondo el proceso de corrupción desde su inicio. La misma acusación se hace contra la presidente en ejercicio Dilma Rousseff, con lo que revive la tesis del impeachment o juicio político.
Nada de esta gravedad, incluso, puede tapar la profunda crisis económica que vive el país. Si bien la clase media acomodada todavía practica el consumo de lujo, los sectores menos pudientes han hundido la demanda de bienes y servicios.
Las malas noticias abundan: la economía se contrajo en 3,8% el año pasado, el retroceso más grande en los últimos 25 años. La estrella de las economías emergentes va camino a sufrir su peor recesión desde que existen estadísticas en el país (apenas en 2010, hace apenas un lustro, la economía había crecido 7,5% anual).
El cálculo es que este año el crecimiento será 4% negativo. Solo en enero, hubo 100.000 despidos en el sector privado (un millón y medio durante el año pasado). Las ventas minoristas cayeron 7% y la inflación está ya en 11% y en ascenso. El déficit presupuestario es inmenso: 10,8% del PBI, y Dilma no se atreve a bajarlo por temor a la reacción popular si se agudiza la recesión. La situación actual se debe a la caída mundial en el precio de los productos básicos –del petróleo en especial -, la absoluta falta de inversión y los intentos de reducir el déficit, tras el inmenso despilfarro de los últimos años.
Brasil es el principal socio comercial de la Argentina. De modo que la gravedad de sus situación impactará negativamente sobre la economía de nuestro país, en los flujos comerciales, y seguramente en la marcha de la industria automotriz.
