Diputados convirtió en ley el Pacto Fiscal
El pacto firmado entre la Nación y las provincias, elimina el piso de coparticipación y establece el compromiso de los mandatarios de reducir en un 60 los déficit fiscales de esos distritos.
El pacto Fiscal fue votado esta madrugada por 149 legisladores que fueron aportados por la mayoría del PJ- con excepción de Santa Cruz y San Luis-, del radicalismo, el Frepaso y el Interbloque Provincial, y fue rechazado por el ARI, el Frente Grande, Izquierda Unida y Autodeterminación y Libertad.
Los diputados comenzaron el debate del convenio entre la Nación y las provincias cerca de las 2 de la mañana, pese a que había legisladores que aspiraban el resultado de las negociaciones entre el Presidente Eduardo Duhalde con los gobernadores del PJ por los fondos de coparticipación.
Los diputados que querían su postergación aceptaron tratar esta madrugada el proyecto debido a que se acercaron las posiciones entre los gobernadores y el gobierno por los fondos coparticipables, según reconocieron fuentes parlamentarias.
El ministro del Interior, Rodolfo Gabrielli, se mantuvo en contacto con los legisladores hasta cerca de las 2 de la madrugada y les informó sobre el desarrollo de las negociaciones con los gobernadores, mientras que el secretario de Hacienda, Oscar Lamberto, concurrió personalmente al Congreso.
El presidente de la comisión de Presupuesto, Jorge Matzkin (PJ-La Pampa), aseguró que con este convenio “se apunta a solucionar dos problemas fundamentales: fijar reglas de juego permanentes en la relación Nación-Provincias y resolver el grave problema de endeudamiento que sufre el país”.
Matzkin recordó que éste es el sexto acuerdo para distribuir fondos entre la Nación y las provincias desde que se modificó por primera vez la ley de coparticipación federal.
“La sucesión de pactos refleja la inestabilidad en la relación Nación-Provincias y torna altamente complejo entender el tema, al punto que es más fácil comprender un texto escrito en minúsculas en arameo que ésta compleja trama”.
Matzkin apuntó a que “aspiramos a que éste sea el último pacto” y abogó para que el Congreso “asuma el compromiso que al 31 de diciembre de este año exista una nueva ley de coparticipación”.
Por su parte, el radical Raúl Solmoirago planteó que ese acuerdo “es el único posible” y “no sirven” para los hombres del Interior “los discursos del dogma” y se pronunció por invertir la actual política y que las “provincias recauden y coparticipen el dinero”.
Al comenzar la discusión, el santacruceño Sergio Acevedo anunció que los legisladores de Santa Cruz iban a votar en contra debido a que se vetó el artículo 76 del Presupuesto Nacional, por el cual se garantizaba un mecanismo de compensación para los provincias con sus cuentas ordenadas.
También expresó su reparo al acuerdo por el veto del artículo 76 del presupuesto el santafesino Julio Gutiérrez, quien señaló que el gobernador envió una carta el 25 de marzo “denunciando el incumplimiento del acuerdo”.
En tanto, el bloquista Julio Conca respaldó la votación del acuerdo firmado entre la Nación y las Provincias, pero se quejó de que solo se coparticipe un porcentaje del 30 por ciento del impuesto al cheque.
El acuerdo se basa sobre cuatro puntos y establece que las provincias se quedarán con el 30 por ciento de lo que ingrese en las arcas nacionales por el impuesto a las Transferencias Financieras, con lo cual irán a las jurisdicciones el 14 por ciento de esos recursos.
Mientras que para el resto de los impuestos se vuelve a los niveles de coparticipación históricos del 56 por ciento para los Estados provinciales y 44 por ciento para la Nación.
El entendimiento incluye la autorización para que las provincias continúen con una emisión “limitada” de bonos para hacer frente a los gastos públicos, de acuerdo con la evolución de su déficit fiscal.
Además, el convenio contempla la pesificación a 1,40 de los pasivos en moneda extranjera, se unifica la cancelación de esas deudas en 16 años, y se fija un período de gracia de tres años para amortizar el capital, con una tasa de interés del 4 por ciento más el CER.
Como contrapartida, las provincias se comprometen a destinar hasta el 15 por ciento como máximo de la coparticipación para el pago de dichas deudas reconvertidas.
Además, las provincias se comprometen a reducir el déficit del 2002 en un 60 por ciento con relación al 2001 hasta llegar a un equilibrio de sus cuentas en el 2003. El objetivo es pasar de 5000 millones de pesos a 2000 millones de pesos.
Fuente: Télam
El pacto Fiscal fue votado esta madrugada por 149 legisladores que fueron aportados por la mayoría del PJ- con excepción de Santa Cruz y San Luis-, del radicalismo, el Frepaso y el Interbloque Provincial, y fue rechazado por el ARI, el Frente Grande, Izquierda Unida y Autodeterminación y Libertad.
Los diputados comenzaron el debate del convenio entre la Nación y las provincias cerca de las 2 de la mañana, pese a que había legisladores que aspiraban el resultado de las negociaciones entre el Presidente Eduardo Duhalde con los gobernadores del PJ por los fondos de coparticipación.
Los diputados que querían su postergación aceptaron tratar esta madrugada el proyecto debido a que se acercaron las posiciones entre los gobernadores y el gobierno por los fondos coparticipables, según reconocieron fuentes parlamentarias.
El ministro del Interior, Rodolfo Gabrielli, se mantuvo en contacto con los legisladores hasta cerca de las 2 de la madrugada y les informó sobre el desarrollo de las negociaciones con los gobernadores, mientras que el secretario de Hacienda, Oscar Lamberto, concurrió personalmente al Congreso.
El presidente de la comisión de Presupuesto, Jorge Matzkin (PJ-La Pampa), aseguró que con este convenio “se apunta a solucionar dos problemas fundamentales: fijar reglas de juego permanentes en la relación Nación-Provincias y resolver el grave problema de endeudamiento que sufre el país”.
Matzkin recordó que éste es el sexto acuerdo para distribuir fondos entre la Nación y las provincias desde que se modificó por primera vez la ley de coparticipación federal.
“La sucesión de pactos refleja la inestabilidad en la relación Nación-Provincias y torna altamente complejo entender el tema, al punto que es más fácil comprender un texto escrito en minúsculas en arameo que ésta compleja trama”.
Matzkin apuntó a que “aspiramos a que éste sea el último pacto” y abogó para que el Congreso “asuma el compromiso que al 31 de diciembre de este año exista una nueva ley de coparticipación”.
Por su parte, el radical Raúl Solmoirago planteó que ese acuerdo “es el único posible” y “no sirven” para los hombres del Interior “los discursos del dogma” y se pronunció por invertir la actual política y que las “provincias recauden y coparticipen el dinero”.
Al comenzar la discusión, el santacruceño Sergio Acevedo anunció que los legisladores de Santa Cruz iban a votar en contra debido a que se vetó el artículo 76 del Presupuesto Nacional, por el cual se garantizaba un mecanismo de compensación para los provincias con sus cuentas ordenadas.
También expresó su reparo al acuerdo por el veto del artículo 76 del presupuesto el santafesino Julio Gutiérrez, quien señaló que el gobernador envió una carta el 25 de marzo “denunciando el incumplimiento del acuerdo”.
En tanto, el bloquista Julio Conca respaldó la votación del acuerdo firmado entre la Nación y las Provincias, pero se quejó de que solo se coparticipe un porcentaje del 30 por ciento del impuesto al cheque.
El acuerdo se basa sobre cuatro puntos y establece que las provincias se quedarán con el 30 por ciento de lo que ingrese en las arcas nacionales por el impuesto a las Transferencias Financieras, con lo cual irán a las jurisdicciones el 14 por ciento de esos recursos.
Mientras que para el resto de los impuestos se vuelve a los niveles de coparticipación históricos del 56 por ciento para los Estados provinciales y 44 por ciento para la Nación.
El entendimiento incluye la autorización para que las provincias continúen con una emisión “limitada” de bonos para hacer frente a los gastos públicos, de acuerdo con la evolución de su déficit fiscal.
Además, el convenio contempla la pesificación a 1,40 de los pasivos en moneda extranjera, se unifica la cancelación de esas deudas en 16 años, y se fija un período de gracia de tres años para amortizar el capital, con una tasa de interés del 4 por ciento más el CER.
Como contrapartida, las provincias se comprometen a destinar hasta el 15 por ciento como máximo de la coparticipación para el pago de dichas deudas reconvertidas.
Además, las provincias se comprometen a reducir el déficit del 2002 en un 60 por ciento con relación al 2001 hasta llegar a un equilibrio de sus cuentas en el 2003. El objetivo es pasar de 5000 millones de pesos a 2000 millones de pesos.
Fuente: Télam
