Diputados aprobó las limitaciones al CER
La Cámara de baja sancionó la prórroga por 90 días del plazo para cancelar obligaciones financieras con títulos públicos. Ahora, el oficialismo busca juntar el quórum necesario para tratar el juicio político a los miembros de la Corte Suprema.
La iniciativa fue aprobada tal como la envió el Senado el 28 de
agosto último, cuando le introdujo severas modificaciones a la
versión original que salió de la Cámara baja.
De acuerdo con el texto sancionado, podrán cancelar
obligaciones con títulos públicos aquellas deudas de hasta 500 mil
pesos.
Sin embargo, el límite de cancelación no podrá superar los 300
mil pesos.
Además, el pago podrá realizarse con cualquier tipo de título
público para las categorías 4, 5 y 6: morosos, en concurso de
acreedores y en cesación de pagos, respectivamente.
En tanto, para las primeras tres categorías (cobrables), sólo
podrán aplicarse a la cancelación los bonos Cedro emitidos por el
Gobierno en el marco del canje de plazos fijos reprogramados por
títulos públicos.
El programa de cancelación con títulos de deuda había sido
dispuesta por decreto en el año 2001 y prorrogadas, en dos
oportunidades, por circular del BCRA hasta el 15 de mayo pasado.
El primer proyecto que salió de la Cámara baja permitía pagar
deudas con cualquier tipo de bono sólo paa las primeras tres
categorías, pero fue modificado en el Senado.
Esos cambios fueron acordados en una reunión informal que la
Comisión de Economía, presidida por el peronista Oscar Lamberto
(Santa Fe), con el titular del Banco Central de la República
Argentina (BCRA), Aldo Pignanelli.
Con respecto al juicio político a los miembros de la Corte Suprema, el diputado radical riojano Benjamín Nieto Brizuela, aseguró que el jefe del bloque justicialista, Humberto Roggero, le dijo que el oficialismo tiene “el número suficiente” de diputados alcanzar el quórum.
Nieto Brizuela confirmó además que si da comienzo la sesión
especial, el radicalismo va a “insistir con una moción de orden”
para que los dictámenes acusatorios contra los miembros de la Corte
“vuelvan a comisión”.
A su vez, la diputada Elisa Carrió confirmó que el
bloque del ARI “va a dar debate” en caso de que el oficialismo
logre quorum para tratar el juicio político a los miembros de la
Corte Suprema.
Respecto de la decisión de la bancada del PJ de otorgar
“libertad de conciencia” a sus integrantes a la hora de votar sobre
este tema, la legisladora chaqueña -en declaraciones formuladas en
el Congreso- indicó que eso “sería bueno cuando se tiene
conciencia”.
De acuerdo con lo previsto, la Cámara tratará finalmente el
juicio político a los integrantes de la Corte Suprema, ya que el
oficialismo tiene asegurado el número necesario para iniciar el
debate en el recinto.
El PJ asegura que alcanzará el quórum sólo con la ayuda del
cavallismo y los provinciales, y la sesión puede extenderse durante
48 horas.
Los acusadores serán los principales expositores y repasarán
cada uno de los cargos que pesan sobre los jueces del tribunal, que
están agrupados bajo seis temas centrales:
– Violaciones a la ley de Etica pública, a raíz de situaciones
como el cobro de suplementos por desarraigo y el uso de automóviles
secuestrados en causas judiciales.
– La intervención de la Corte Suprema en la causa por el tráfico
de armas, que permitió la libertad del ex presidente Carlos Menem.
– La investigación del tribunal por la voladura de la Embajada
de Israel.
– Las contradicciones en los fallos por el corralito bancario.
– La participación de la Corte Suprema en la causa contra el
banquero Raúl Moneta, que permitió transladar el caso a un juzgado
federal.
– El fallo que avaló la presentación como candidato de Raúl
Romero Feris, a pesar de estar procesado.
– La sentencia que declaró inconstitucional el artículo de la
Constitución que obligaba a los jueces a pedir autorización para
seguir en su cargo cuando superen los 75 años, una decisión que
favoreció al magistrado Carlos Fayt.
– Las intervenciones en las privatizaciones y su fallo por el
rebalanceo de las tarifas telefónicas.
Aunque los cargos recaen sobre diferentes magistrados, sobre
todo la denominada “mayoría automática”, la votación clave será la
que tendrá como acusado al presidente del tribunal, Julio Nazareno,
quien acumula la mayor cantidad de cargos: 44.
Si el juicio contra Nazareno es rechazado, la suerte del resto
estará prácticamente resuelta a su favor.
La de hoy será la sexta oportunidad en la que el PJ intentará
desactivar el juicio político a la Corte Suprema, y tal vez la
definitiva.
Sobre todo si se toma en cuenta que la semana pasada quedó a tan
sólo dos legisladores de conseguir el quórum de 129 diputados
presentes.
La iniciativa fue aprobada tal como la envió el Senado el 28 de
agosto último, cuando le introdujo severas modificaciones a la
versión original que salió de la Cámara baja.
De acuerdo con el texto sancionado, podrán cancelar
obligaciones con títulos públicos aquellas deudas de hasta 500 mil
pesos.
Sin embargo, el límite de cancelación no podrá superar los 300
mil pesos.
Además, el pago podrá realizarse con cualquier tipo de título
público para las categorías 4, 5 y 6: morosos, en concurso de
acreedores y en cesación de pagos, respectivamente.
En tanto, para las primeras tres categorías (cobrables), sólo
podrán aplicarse a la cancelación los bonos Cedro emitidos por el
Gobierno en el marco del canje de plazos fijos reprogramados por
títulos públicos.
El programa de cancelación con títulos de deuda había sido
dispuesta por decreto en el año 2001 y prorrogadas, en dos
oportunidades, por circular del BCRA hasta el 15 de mayo pasado.
El primer proyecto que salió de la Cámara baja permitía pagar
deudas con cualquier tipo de bono sólo paa las primeras tres
categorías, pero fue modificado en el Senado.
Esos cambios fueron acordados en una reunión informal que la
Comisión de Economía, presidida por el peronista Oscar Lamberto
(Santa Fe), con el titular del Banco Central de la República
Argentina (BCRA), Aldo Pignanelli.
Con respecto al juicio político a los miembros de la Corte Suprema, el diputado radical riojano Benjamín Nieto Brizuela, aseguró que el jefe del bloque justicialista, Humberto Roggero, le dijo que el oficialismo tiene “el número suficiente” de diputados alcanzar el quórum.
Nieto Brizuela confirmó además que si da comienzo la sesión
especial, el radicalismo va a “insistir con una moción de orden”
para que los dictámenes acusatorios contra los miembros de la Corte
“vuelvan a comisión”.
A su vez, la diputada Elisa Carrió confirmó que el
bloque del ARI “va a dar debate” en caso de que el oficialismo
logre quorum para tratar el juicio político a los miembros de la
Corte Suprema.
Respecto de la decisión de la bancada del PJ de otorgar
“libertad de conciencia” a sus integrantes a la hora de votar sobre
este tema, la legisladora chaqueña -en declaraciones formuladas en
el Congreso- indicó que eso “sería bueno cuando se tiene
conciencia”.
De acuerdo con lo previsto, la Cámara tratará finalmente el
juicio político a los integrantes de la Corte Suprema, ya que el
oficialismo tiene asegurado el número necesario para iniciar el
debate en el recinto.
El PJ asegura que alcanzará el quórum sólo con la ayuda del
cavallismo y los provinciales, y la sesión puede extenderse durante
48 horas.
Los acusadores serán los principales expositores y repasarán
cada uno de los cargos que pesan sobre los jueces del tribunal, que
están agrupados bajo seis temas centrales:
– Violaciones a la ley de Etica pública, a raíz de situaciones
como el cobro de suplementos por desarraigo y el uso de automóviles
secuestrados en causas judiciales.
– La intervención de la Corte Suprema en la causa por el tráfico
de armas, que permitió la libertad del ex presidente Carlos Menem.
– La investigación del tribunal por la voladura de la Embajada
de Israel.
– Las contradicciones en los fallos por el corralito bancario.
– La participación de la Corte Suprema en la causa contra el
banquero Raúl Moneta, que permitió transladar el caso a un juzgado
federal.
– El fallo que avaló la presentación como candidato de Raúl
Romero Feris, a pesar de estar procesado.
– La sentencia que declaró inconstitucional el artículo de la
Constitución que obligaba a los jueces a pedir autorización para
seguir en su cargo cuando superen los 75 años, una decisión que
favoreció al magistrado Carlos Fayt.
– Las intervenciones en las privatizaciones y su fallo por el
rebalanceo de las tarifas telefónicas.
Aunque los cargos recaen sobre diferentes magistrados, sobre
todo la denominada “mayoría automática”, la votación clave será la
que tendrá como acusado al presidente del tribunal, Julio Nazareno,
quien acumula la mayor cantidad de cargos: 44.
Si el juicio contra Nazareno es rechazado, la suerte del resto
estará prácticamente resuelta a su favor.
La de hoy será la sexta oportunidad en la que el PJ intentará
desactivar el juicio político a la Corte Suprema, y tal vez la
definitiva.
Sobre todo si se toma en cuenta que la semana pasada quedó a tan
sólo dos legisladores de conseguir el quórum de 129 diputados
presentes.
