El informe especial realizado por el economista Alberto R. Musalem (albertoroque.musalem@gmail.com), invitado por Bconomics, economía y negocios, atribuye la reacción del gobierno ante la crisis, adoptando una estrategia de ajustes en variables económicas sin haber anunciado un programa de ajuste coherente,a la presión de los mercados
Así, devaluó el peso, aumentó las tasas de interés, está tratando de contener la expansión monetaria, corrigió las estadísticas sobre precios y producto interno bruto (PIB), una vez más, impuso control de precios bajo el programa de precios cuidados, está tratando de contener los aumentos salariares a un tope de 30 por ciento anual y ha iniciado un proceso de reducción de subsidios a los combustibles, el agua y el gas, y se trabaja sobre la electricidad.
Finalmente, aumentó las alícuotas de los impuestos a los automotores de alta gama y la retención por gastos en el exterior con tarjetas de créditos, pero también aumentó gastos a través del programa Progresar en apoyo a los jóvenes que ni estudian ni trabajan.
En otro frente, el gobierno ha estado tratando de regularizar la situación con las deudas externas impagas con miras a relajar la restricción financiera por falta de acceso a los mercados internacionales.
Así, canceló el pago por deudas con cuatro empresas extranjeras que tenían sentencias firmes del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y una quinta de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) por un total de alrededor de US$680 millones. También, negoció la compensación por nacionalización del 51 por ciento de YPF en alrededor de US$5.000 millones, aceptada por Repsol y convertida en ley por el Congreso Nacional.
Además, continua litigando en los tribunales de los EE.UU. y buscando opciones de pago de la deuda con los bonistas que no aceptaron participar en las reestructuraciones de la deuda externa en 2005 y 2010, los llamados “holdouts”, y reinició negociaciones con el Club de Paris para el pago de la deuda a sus miembros de aproximadamente US$10.000 millones.
También, aproximó relaciones con el FMI en dos frentes: mejorando las estadísticas de inflación y PIB requeridas por la institución y aceptando que la misma condujera la evaluación del sector financiero en 2013, como parte del programa de evaluación de los sectores financieros que se realizan periódicamente a todos los países miembros. Finalmente, el gobierno está activamente buscando financiamiento en los mercados interno (reciente emisión de bonos por $5.000 millones) y externo.
Estas acciones van en la dirección correcta y ya han repercutido favorablemente en los mercados traduciéndose en nada despreciables reducciones en el riesgo país. Sin embargo, este conjunto de medidas aisladas no se reflejaron en reducción en la tasa de inflación; mientras que se observan deterioro en el desempeño de la producción y en las condiciones en el mercado laboral.
En este sentido, el ajuste adoptado carece de previsibilidad y coherencia lo cual causa incertidumbre en los agentes económicos. No se conocen cuáles serán las políticas futuras, no está demarcada la ruta por la cual transitaremos.
Por ejemplo, ¿Tendremos tipo de cambio flexible o administrado?
¿Volveremos a usar el tipo de cambio como ancla para contener la inflación? ¿Continuará el cepo cambiario o habrá flexibilización en el acceso al mercado cambiario? ¿Tendremos un ancla fiscal o continuaremos con gastos públicos desbordados? ¿Accederemos a financiamiento internacional privado a altas tasas comprometiendo la futura solvencia de los argentinos o buscaremos financiamiento a las menores tasas de interés posibles? ¿Tendremos un programa monetario o el Banco Central continuará pasivamente financiando el déficit fiscal?
Estas y otras preguntas necesitan respuestas contundentes para revertir las expectativas y promover un ajuste virtuoso en lugar del ajuste costoso al cual está siendo sometido el país.
A seguir presentamos ideas sobre el contenido de un ajuste virtuoso con visión de un cambio estructural de largo plazo para optimizarla tasa de crecimiento de la economía y lograr la estabilidad de precios. Este cambio tendría que estar basado en la expansión del sector privado e integración de la economía al mundo. También, el programa tendería a maximizar la inclusión social mediante la minimización de la participación del sector informal en la economía y equiparando oportunidades para la realización personal y profesional de todos los argentinos.
Primero, habría que adoptar un conjunto de medidas para reducir gradualmente la inflación hasta alcanzar tasas comparables a las mejores prácticas internacionales en un plazo máximo de cinco años. Esto requeriría trabajar en varios frentes: i) exponer las metodologías de los cálculos del nuevo índice nacional de precios al consumidor y del PIB para disipar cualquier duda sobre la veracidad de estos indicadores; ii) presentar un programa monetario a cinco años con tasas de expansión anual decrecientes y eventualmente adoptar la tasa de interés como ancla nominal del sistema teniendo como objetivo la estabilidad de precios y, sin comprometerla, coadyuve a optimizar el PIB y el empleo; iii) liberar los precios en los mercados competitivos, inclusive las tasas de intereses bancarias, y regular los precios en mercados no competitivos pero garantizando rentabilidad a los proveedores para que sean comparables a las observadas internacionalmente; iv) hacer los cambios legales e institucionales necesarios para garantizar la independencia del Banco Central; v) presentar un programa de aumento en el gasto público cuya tasa de expansión nominal sea menor a la tasa de expansión esperada del PIB nominal hasta lograr el equilibrio estructural del gasto sustentable en el largo plazo. Este ajuste en el gasto público estará condicionado a las disponibilidades de financiamiento del déficit fiscal y a las metas de inflación adoptadas y vi) lograr un acuerdo social amplio entre trabajadores, empresarios y gobierno para acomodar aumentos en salarios y precios acorde con las previsiones del programa económico.
Segundo, habría que adoptar políticas tendientes a eliminar el cepo cambiario y las restricciones al comercio internacional para crear las oportunidades de crecimiento económico sustentable.
Proponemos: i) liberar la cotización del tipo de cambio, el Banco Central restringiría su intervención tanto en los mercados spot como de futuros para casos puntuales (por ejemplo, para controlar ataques especulativos a la moneda nacional o para cumplir con un programa concertado de acumulación o des-acumulación de reservas internacionales); ii) introducir un impuesto a la compra de divisas para todos los agentes económicos de alrededor del 25 por ciento con una reducción programada de un punto porcentual por mes hasta su completa eliminación en aproximadamente 25 meses (esto implicaría que se eliminarían las retenciones vigentes para compra de divisas para ahorrar o por gastos en el exterior); iii) liberar el acceso a los mercados de cambios de monedas a todos los agentes económicos (se eliminaría la autorización de la AFIP para participar en ese mercado); iv) eliminar todas las restricciones cuantitativas y burocráticas a las importaciones y exportaciones (inclusive el requerimiento de exportar para poder importar); v) iniciar un programa de reducciones de un punto porcentual por mes en las retenciones a las exportaciones hasta su completa eliminación; vi) adecuar las retenciones a las exportaciones de soja, sus derivados y otras exportaciones al poder de mercado que podría tener el país sobre las mismas; vii) negociar la transformación del Mercosur en un área de libre comercio; viii) agresivamente negociar tratados de libre comercio con tantos países como sean posibles; ix) al momento de eliminarse el impuesto a la compra de divisas, iniciar un programa para aumentar gradualmente la libre disponibilidad de divisas por parte de los exportadores para ser completado en cinco años cuando tendrían plena disponibilidad (garantizándose así el derecho de propiedad a todos los exportadores); x) eliminar restricciones cuantitativas y burocráticas al ingreso de capitales del exterior; si fuera necesario, introducir impuestos a los mismos según el tiempo que permanezcan en el país y regulaciones prudenciales al sector financiero para contener riesgos inherentes a los movimientos de estos capitales.
Tercero, nombrar comisiones sectoriales de expertos para recomendar reformas estructurales en las áreas: i) impositiva (tales como, reducciones en las tasas de los impuestos y ampliación de las bases de los mismos, distribución de la recaudación entre nación y provincias, definiciones de los mínimos no imponibles y escalas de los impuestos, eliminación del impuesto al cheque); ii) sector público (racionalización del gasto); iii) laboral (reducción de los costos de la mano de obra a través de la revisión del sistema de jubilaciones, garantizando la solvencia del sistema de reparto en el largo plazo y reducción de su costo, revisión de las otras cargas sociales para reducir su incidencia, revisión de la legislación laboral para hacerla más ágil y menos gravosa); iv) sector financiero (para hacerlo más robusto y competitivo); v) inversión en infraestructura (programa de largo plazo); vi) todos los sectores (revisión del marco legal y regulatorio para hacerlos más competitivos, en particular, energía); vii) asistencia social (revisión de programas, considerar reemplazarlos por un subsidio generalizado al ingreso o impuesto negativo al ingreso); viii) educación, salud y vivienda (optimizando la efectividad de las mismas); ix) investigación y desarrollo y x) seguridad y justicia.
Cuarto, lograr financiamiento al menor costo posible y resolver rápidamente el problema de acceso a los mercados buscando apoyo de los organismos multilaterales (FMI, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo) a un programa económico con ingredientes similares a los enunciados en esta nota. O sea, se buscaría adhesión al programa nacional en lugar de aceptar los requerimientos de estas instituciones. Esta opción, además de resolver simultáneamente la refinanciación del Club de Paris nos daría acceso a financiamiento a menos de la mitad del costo del que se conseguiría en el mercado internacional. La racionalidad económica se inclinaría por esta opción por ser la más eficiente.
