Dos años después de la reapertura al financiamiento internacional (acuerdo con los holdouts), Argentina sufrió una inesperada salida de capitales que desató una crisis cambiaria y elevó peligrosamente la relación deuda pública/producto.
Según las estimaciones de la consultora Ecolatina, al tipo de cambio de fines de junio 2018 ($ 28,86 por dólar, el stock de deuda pública bruta rozó los US$ 330.000 millones aumentando levemente respecto del cierre de 2017. Sin embargo, el ratio en términos del Producto trepó de 57% a 80% durante la primera mitad de 2018 por el salto cambiario (+54% entre fines de junio 2018 y el cierre de 2017).
Más importante aún, la deuda pública relevante (con acreedores privados y organismos financieros internacionales) habría rozado US$ 187.000 millones a fin de junio de 2018, escalando más de US$ 20.000 millones respecto al cierre de 2017. En términos del PBI, el ratio pasó de 30% a 45% en el primer semestre del año, llevándonos sin escalas al promedio de las economías emergentes.
Si bien es posible que la relación deuda/producto se estabilice en el futuro, para que ello suceda se tienen que dar simultáneamente varias condiciones: a) cumplir las metas fiscales acordadas con el FMI; b) superar la recesión en la que ha caído la economía argentina; c) estabilizar el tipo de cambio real en niveles actuales; y d) reabrir el acceso al financiamiento externo privado.
Respecto del último punto, los inversores sólo van a volver a comprar deuda argentina cuando terminen de digerir la fenomenal emisión de bonos de 2016-2017; observen progresos en materia económica (cumplimiento de la meta fiscal, reactivación y estabilidad cambiaria); y tengan certeza de que el próximo presidente electo tendrá un aproach market friendly.
Si el año que viene nuestro país no sale de la recesión, es probable que la economía caiga en un círculo vicioso de nuevos recortes de gastos y/o suba de impuestos para tratar de cumplir la meta fiscal, que deprimirán aún más la actividad.