Como factor indispensable, la Agencia para Restructuración de Bonos Argentinos (ARBA) pide “un acuerdo de largo alcance con el Fondo Monetario Internacional que garante superávit primario permanente, mecesario para cubrir futuros servicios de la deuda”. Naturalmente, Oliver Stönner –analista del banco, a su vez miembro de esa entidad- se atiene a la tesitura habitual del sector financiero, que privilegia el pago de intereses.
La agencia representa unos veinte bancos privados de la Unión Europea y fondos de inversión que, en conjunto, poseen algo más de US$ 100.000 millones en bonos, si bien el cese de pagos proclamado por Adolfo Rodríguez Saá involucraría 66.700 millones. El primer monto ha sido calculado por Adam Lerrick, ejecutivo de ARBA que –junto con Allan Meltzer, George Calomiris y Anne Krueger- viene bregando desde 1995 por crear tribunales de quiebra para deudores soberanos. En otras palabras, “globalizar” los títulos IX y XI de la ley federal norteamericana de concursos.
Resulta por lo menos llamativo que, hoy, Lerrick esté en una entidad que prefiere otro tipo de soluciones para deudas que, en el fondo, nunca serán pagadas del todo. En algunos aspectos, la agencia parece más cerca de John Taylor, subsecretario estadounidense de Hacienda, que descree del FMI –y su recetario convencional- y preferiría directamente un canje de bonos.
Sea como fuere, Nielsen someterá un esquema completo durante la próxima asamblea anual ordinaria del FMI y el Banco Mundial (23 de septiembre). Analistas brasileños sospechan que esa reunión servirá, además, para desplazar a Krueger y Anoop Singh como ejecutivos del FMI. De paso, no descartan que el gobierno argentino inicie acciones contra Rodríguez Saá, por la desastrosa decisión adoptada a fines de 2001. “Sería una señal política decisiva antes de discutir una quita de la deuda”, señalan en San Pablo.
Como factor indispensable, la Agencia para Restructuración de Bonos Argentinos (ARBA) pide “un acuerdo de largo alcance con el Fondo Monetario Internacional que garante superávit primario permanente, mecesario para cubrir futuros servicios de la deuda”. Naturalmente, Oliver Stönner –analista del banco, a su vez miembro de esa entidad- se atiene a la tesitura habitual del sector financiero, que privilegia el pago de intereses.
La agencia representa unos veinte bancos privados de la Unión Europea y fondos de inversión que, en conjunto, poseen algo más de US$ 100.000 millones en bonos, si bien el cese de pagos proclamado por Adolfo Rodríguez Saá involucraría 66.700 millones. El primer monto ha sido calculado por Adam Lerrick, ejecutivo de ARBA que –junto con Allan Meltzer, George Calomiris y Anne Krueger- viene bregando desde 1995 por crear tribunales de quiebra para deudores soberanos. En otras palabras, “globalizar” los títulos IX y XI de la ley federal norteamericana de concursos.
Resulta por lo menos llamativo que, hoy, Lerrick esté en una entidad que prefiere otro tipo de soluciones para deudas que, en el fondo, nunca serán pagadas del todo. En algunos aspectos, la agencia parece más cerca de John Taylor, subsecretario estadounidense de Hacienda, que descree del FMI –y su recetario convencional- y preferiría directamente un canje de bonos.
Sea como fuere, Nielsen someterá un esquema completo durante la próxima asamblea anual ordinaria del FMI y el Banco Mundial (23 de septiembre). Analistas brasileños sospechan que esa reunión servirá, además, para desplazar a Krueger y Anoop Singh como ejecutivos del FMI. De paso, no descartan que el gobierno argentino inicie acciones contra Rodríguez Saá, por la desastrosa decisión adoptada a fines de 2001. “Sería una señal política decisiva antes de discutir una quita de la deuda”, señalan en San Pablo.
