Descartan que los aumentos de tarifas se impongan por decreto
El Defensor del Pueblo Adjunto de la Nación, Jorge Cermesoni, descartó hoy que el Gobierno pueda autorizar aumentos de tarifas por medio de decretos de necesidad y urgencia.
Cermesoni afirmó que “habiendo una sentencia que está firme,
que es la medida cautelar respecto del decreto anterior que
suspende las aumentos de tarifas del gas y la electricidad, es
obvio que el Poder Ejecutivo no puede volver a insistir” con ese
mecanismo.
El ombudsman adjunto sostuvo, en declaraciones radiales, que
una de las razones por las que se opone al aumento de tarifas es
“la imposibildad de la gente de pagarlos”.
Agregó que “un aumento de las tarifas de servicios públicos
produciría una distribución regresiva de los ingresos, y
constituiría un instrumento de expulsión de usuarios, afectando la
accesibilidad a los servicios públicos, que es universal”.
Cermesoni indicó que, además, “la Ley de Emergencia actualmente
vigente dispone que el Ejecutivo renegocie con todas las firmas
concesionarias, estudiando una suba en la competitividad de la
economía en la distribución de los ingresos”.
“La calidad de los servicios y cumplimiento de los planes será
también una cuestión a tomar en cuenta, dentro del marco de la
comisión renegociadora”, subrayó el funcionario.
Advirtió luego que “ahora se pretendería, como antes también se
hizo, aumentar tarifas fuera de la comisión y fuera del marco que
el mismo Gobierno se impuso”, lo cual –opinó– implica “una
actitud autista de buscar alternativas que eventualmente van a ser
cuestionadas judicialmente”.
En la víspera, el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, aclaró
que antes de definir cualquier incremento de las tarifas de
electricidad y gas, el Poder Ejecutivo pretende analizar “paso a
paso” la evolución de esta cuestión en la órbita judicial.
Atanasof pidió que se avance “viendo los acontecimientos paso a
paso”, y señaló que el Gobierno “no está cerca ni lejos” de un
decreto para autorizar aumentos, que será analizado luego de que
el Ministerio de Economía defina la redacción de la medida de
necesidad y urgencia.
El 12 de diciembre pasado, la jueza en lo Contencioso
Administrativo Susana Córdoba frenó un aumento de tarifas de luz y
gas para todos los usuarios del país, al hacer lugar a una
presentación del defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo
Mondino.
En su presentación, realizada el 4 de diciembre último, el
ombudsman reclamó que se declarara la inconstitucionalidad del
Decreto de Necesidad y Urgencia número 2437, a través del cual el
Ejecutivo dispuso una “readecuación transitoria” en las tarifas de
gas y energía eléctrica.
De acuerdo con los argumentos esgrimidos por Mondino, ese
decreto “viola la Ley de Emergencia y el proceso de renegociación
de los servicios públicos”, al tiempo que importa un
“quebrantamiento del principio de legalidad que es piedra
fundamental de nuestro sistema constitucional”.
Un día antes, otro juez en lo Contencioso Administrativo había
suspendido la aplicación del aumento tarifario, aunque sólo en el
ámbito de la Capital Federal, al hacer lugar a un planteo
presentado por la defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos
Aires, Alicia Oliveira.
Cermesoni afirmó que “habiendo una sentencia que está firme,
que es la medida cautelar respecto del decreto anterior que
suspende las aumentos de tarifas del gas y la electricidad, es
obvio que el Poder Ejecutivo no puede volver a insistir” con ese
mecanismo.
El ombudsman adjunto sostuvo, en declaraciones radiales, que
una de las razones por las que se opone al aumento de tarifas es
“la imposibildad de la gente de pagarlos”.
Agregó que “un aumento de las tarifas de servicios públicos
produciría una distribución regresiva de los ingresos, y
constituiría un instrumento de expulsión de usuarios, afectando la
accesibilidad a los servicios públicos, que es universal”.
Cermesoni indicó que, además, “la Ley de Emergencia actualmente
vigente dispone que el Ejecutivo renegocie con todas las firmas
concesionarias, estudiando una suba en la competitividad de la
economía en la distribución de los ingresos”.
“La calidad de los servicios y cumplimiento de los planes será
también una cuestión a tomar en cuenta, dentro del marco de la
comisión renegociadora”, subrayó el funcionario.
Advirtió luego que “ahora se pretendería, como antes también se
hizo, aumentar tarifas fuera de la comisión y fuera del marco que
el mismo Gobierno se impuso”, lo cual –opinó– implica “una
actitud autista de buscar alternativas que eventualmente van a ser
cuestionadas judicialmente”.
En la víspera, el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, aclaró
que antes de definir cualquier incremento de las tarifas de
electricidad y gas, el Poder Ejecutivo pretende analizar “paso a
paso” la evolución de esta cuestión en la órbita judicial.
Atanasof pidió que se avance “viendo los acontecimientos paso a
paso”, y señaló que el Gobierno “no está cerca ni lejos” de un
decreto para autorizar aumentos, que será analizado luego de que
el Ministerio de Economía defina la redacción de la medida de
necesidad y urgencia.
El 12 de diciembre pasado, la jueza en lo Contencioso
Administrativo Susana Córdoba frenó un aumento de tarifas de luz y
gas para todos los usuarios del país, al hacer lugar a una
presentación del defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo
Mondino.
En su presentación, realizada el 4 de diciembre último, el
ombudsman reclamó que se declarara la inconstitucionalidad del
Decreto de Necesidad y Urgencia número 2437, a través del cual el
Ejecutivo dispuso una “readecuación transitoria” en las tarifas de
gas y energía eléctrica.
De acuerdo con los argumentos esgrimidos por Mondino, ese
decreto “viola la Ley de Emergencia y el proceso de renegociación
de los servicios públicos”, al tiempo que importa un
“quebrantamiento del principio de legalidad que es piedra
fundamental de nuestro sistema constitucional”.
Un día antes, otro juez en lo Contencioso Administrativo había
suspendido la aplicación del aumento tarifario, aunque sólo en el
ámbito de la Capital Federal, al hacer lugar a un planteo
presentado por la defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos
Aires, Alicia Oliveira.
