Derechos humanos eclipsan en Egipto el debate sobre el clima

El balneario egipcio Sharm el.Sheikh es el lugar que recibió a la Cumbre del Clima COP27. El tema de los derechos humanos en Egipto, y en particular la difícil situación del disidente político Alaa Abdel Fattah, se ha convertido en el foco de la atención.

22 noviembre, 2022

La Conferencia del Clima dio a los activistas de derechos humanos una plataforma global sin precedentes.

El Primer Ministro británico Rishi Sunak, el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Olaf Scholz y Volker Turk, alto comisionado de Naciones Unidas para derechos humanos, todos instaron al presidente egipcio  al-Sisi que libere a Abdel Fattah, quien cumple una sentencia de cinco años de prisión por un posteo en las redes sociales.

La COP27 ha dado a los defensores de los derechos humanos, por largo tiempo imposibilitados de llegar a las radios del país, una plataforma global excepcional. Con el clima de solidaridad internacional y con acceso irrestricto a la prensa, la conferencia ha creado una oportunidad sin precedentes para que sus voces sean escuchadas.

Eso fue subrayado en la reunión COP cuando el primer ministro egipcio Amr Darwish criticó a Sanaa Seif, la hermana de Abdel Fattah, quien viene conduciendo la campaña por su hermano en el Reino Unido y que en ese momento estaba dirigiendo a una multitud.

Después de acusarla de “exigirle a las potencias extranjeras que presionen a Egipto”, fue invitada a retirarse por oficiales de seguridad de Naciones Unidas.

El incidente fue copiosamente cubierto por la prensa. “Un momento que debería haber sido una vidriera para la diplomacia egipcia fue opacado por el foco en los derechos humanos”, dijo Michael Hanna, analista del International Crisis Group.

Sisi, un ex general del ejército, depuso a su electo predecesor islamista Mohamed Morsi en un golpe de estado en 2013. Desde entonces ha desencadenado uno de los más duros ataques a la disidencia en la historia moderna de Egipto. Miles de islamistas detenidos. Las protestas están prohibidas y los grupos de derechos humanos que a menudo son acusados de ser agentes a sueldo de gobiernos extranjeros, soportan fuertes restricciones.

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