Depósitos: juez pide vuelta atrás

El magistrado civil Bernardo Nespral solicitó a De la Rúa que derogue el decreto 1570, al que juzgó inconstitucional, y reclamó que no vuelva a afectar derechos y garantías.

10 diciembre, 2001

(NA).- El juez civil Bernardo Nespral solicitó hoy (lunes 10) al presidente Fernando de la Rúa la “inmediata derogación” del decreto 1570/01 que afecta la libre disposición de “sueldos y ahorros legalmente adquiridos”, ya que, a su criterio, la norma es “inconstitucional”.

Nespral pidió al Presidente que derogue el decreto que limita las extracciones de dinero en efectivo de las cuentas bancarias por entender que es inconstitucional dado que “afecta normas sobre la inviolabilidad de la propiedad privada”, según los artículos 14, 17 y 28 de la Carta Magna.

Para el peticionante, el decreto, “además de la libre disposición”, lesiona “otros derechos constitucionales (comerciar, trabajar, ejercer una industria lícita), viola principios de supremacía, razonabilidad y coordinación” y constituiría “un ilícito penal”.

Asimismo, el juez pidió que “en el futuro no se dicte ninguna medida que afecte declaraciones, derechos y garantías amparados por la constitución Nacional porque las mismas son impropias de un estado de derecho”.

(NA).- El juez civil Bernardo Nespral solicitó hoy (lunes 10) al presidente Fernando de la Rúa la “inmediata derogación” del decreto 1570/01 que afecta la libre disposición de “sueldos y ahorros legalmente adquiridos”, ya que, a su criterio, la norma es “inconstitucional”.

Nespral pidió al Presidente que derogue el decreto que limita las extracciones de dinero en efectivo de las cuentas bancarias por entender que es inconstitucional dado que “afecta normas sobre la inviolabilidad de la propiedad privada”, según los artículos 14, 17 y 28 de la Carta Magna.

Para el peticionante, el decreto, “además de la libre disposición”, lesiona “otros derechos constitucionales (comerciar, trabajar, ejercer una industria lícita), viola principios de supremacía, razonabilidad y coordinación” y constituiría “un ilícito penal”.

Asimismo, el juez pidió que “en el futuro no se dicte ninguna medida que afecte declaraciones, derechos y garantías amparados por la constitución Nacional porque las mismas son impropias de un estado de derecho”.

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